Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 30-sep-2025 | CA (Causa N° 140569) | En 2024 un hombre y una mujer celebraron un acuerdo de parentalidad con relación a su hija menor de edad. En ese marco, el progenitor se comprometió a abonar una suma mensual en concepto de alimentos y a afrontar el alquiler del inmueble donde residían la niña y la mujer. Sin embargo, el hombre no cumplió con lo pactado. En consecuencia, la mujer –en representación de su hija– inició una acción de alimentos. En marzo de 2025, el juzgado interviniente fijó una cuota provisoria equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Por su parte, la progenitora apeló esa decisión. En ese sentido, solicitó que se incrementara la suma de manera que incluyera el costo del alquiler. Al respecto, manifestó que la vivienda integraba los alimentos, de acuerdo a lo que preveía el artículo 659 del Código Civil y Comercial de la Nación. En junio del mismo año el juez rechazó el recurso. En concreto, consideró que el reclamo por la vivienda excedía el trámite del proceso de alimentos. Frente a esa resolución, la mujer volvió a apelar. En su presentación, planteó que no se había valorado lo convenido con el demandado. Sostuvo que, pese a que había sido inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios y a que contaba con ingresos suficientes en moneda extranjera, el accionado continuaba incumpliendo, en perjuicio de la calidad de vida de su hija. Agregó que en ese contexto ella debía afrontar en forma exclusiva el mantenimiento de la niña. Con posterioridad, se llevó a cabo una audiencia. En esa ocasión, el progenitor ofreció abonar la cuota provisoria con la actualización que correspondiera al aumento del SMVM, junto con la obra social, el jardín de infantes y el total de lo adeudado hasta el momento. A su turno, la Asesora emitió su dictamen. En esa oportunidad, expuso que el monto que se había establecido en sede judicial no alcanzaba para cubrir la canasta de crianza. |
| 28-sep-2025 | Zea Ricardo (Causa N° 2463) | En 2017, un hombre publicó en un diario anuncios laborales en los que solicitaba modelos mujeres sin experiencia para una campaña publicitaria. En ese marco, dos jóvenes se contactaron al número indicado. El sujeto les dijo que se entrevistarían con una mujer y las citó en distintos domicilios. Sin embargo, cuando concurrieron a la entrevista, sólo estaba él. Durante los encuentros, les sustrajo sus documentos y sus teléfonos celulares. Además, las fotografió en ropa interior y las extorsionó con enviárselas a sus familias. También promocionó las imágenes en páginas webs para servicios sexuales. Las forzó a mantener relaciones sexuales con él y otros clientes, bajo amenaza de lastimar a sus familiares. Una de las jóvenes (primera víctima) permaneció privada de su libertad en un monoambiente durante un mes y medio. Cuando logró escapar, lo denunció ante la policía. Indicó que el hombre le suministraba una sustancia mentolada que la hacía perder el control de su cuerpo. Además, manifestó que durante su cautiverio había quedado embarazada y que el tratante la trasladó a un hospital para que le realizaran un aborto. El hombre le dijo que estaba en deuda con él por el costo del procedimiento. A su segunda víctima, la violó en su primer encuentro. Después, la forzó a ejercer la prostitución y a mantener relaciones sexuales con él. Siguió amenazando a la joven con dañar a su hermana, su madre y su abuela. En 2020, se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y el individuo continuó explotando a su víctima en forma virtual a través de distintos sitios web. Para ello, le proporcionó una computadora, cámaras y auriculares. La constreñía a realizar actos sexuales a través de Internet y le impartía órdenes durante las transmisiones. Incluso le demandaba que se introdujera objetos en su cuerpo, que los clientes podían controlar en forma remota. Además, vendía sus videos en línea. En caso de resistencia, la castigaba con encuentros sexuales presenciales. En muchas ocasiones la obligó a mantener relaciones sin preservativo. También le exigió mirar videos pornográficos de otra persona para copiar sus movimientos. En el mismo período, la obligó a entrevistar a otras mujeres para recabar datos personales que después utilizaba para captarlas. Tras cuatro años de explotación, la joven advirtió que la trasladarían a Chile. Por ese motivo, escapó con ayuda de su hermana y de una ONG que asistía a víctimas de trata de personas. A raíz de los abusos sufridos, inició un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Sin embargo, al poco tiempo de recuperar su libertad, se quitó la vida. Por último, el hombre contactó a una tercera víctima. La abordó en un boliche y le prometió un trabajo como promotora. La citó en un departamento para una sesión de fotos con ropa interior, deportiva y sensual. Luego, la trasladó a un domicilio donde la abusó y la forzó a prostituirse. La sometió a prácticas violentas, que incluían agresiones físicas y consumo de drogas. Posteriormente, la joven huyó de su secuestrador. El hombre fue imputado por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad de captación, traslado y acogimiento agravado por haber sido cometido con engaño, fraude, violencia, amenazas, abuso, situación de vulnerabilidad y otros medios de intimidación y coacción y por haber consumado la explotación en tres hechos que concurren de forma material entre sí; en concurso real con el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal en tres ocasiones y por haber resultado un grave daño a la salud de su segunda víctima. El tribunal oral condenó al imputado a veinticinco años de prisión por los delitos mencionados. Ordenó una reparación integral para las tres víctimas, incluida aquella que se suicidó con anterioridad al dictado de la sentencia condenatoria. La defensa del imputado recurrió. Planteó que una de las víctimas había aceptado ejercer la prostitución y que su defendido era responsable, en todo caso, sólo de la promoción de dicha actividad, del alquiler de un lugar y de la proporción de los medios técnicos a tal fin. Añadió que la mujer y su defendido habían tenido un vínculo afectivo durante cuatro años. Respecto de las otras dos víctimas, sostuvo que una lo había denunciado a modo de represalia porque el imputado le había reclamado el porcentaje que le correspondía, y que los dichos de la otra eran producto de su imaginación. |
| 26-sep-2025 | Responsabilidad del Estado en casos de violencias de género. Femicidios y tentativas de femicidios | El presente boletín elaborado por la Escuela de la Defensa Pública recopila sentencias que reconocen la responsabilidad del Estado ante situaciones de violencias de género. En particular, se relevaron situaciones de violencias constituidas por casos de tentativas o muertes violentas de mujeres víctimas de violencias de género. |
| 26-sep-2025 | Novaretto (Causa N° 14922) | Un hombre conducía su vehículo por una avenida junto con dos acompañantes. Durante el recorrido, un patrullero de la Fuerzas de Seguridad Antinarcóticos los persiguió y los obligó a detener la marcha. Luego, los agentes policiales hicieron descender a los tres pasajeros y los palparon. En ese contexto, requisaron el vehículo y los bolsos que se encontraban en el interior. En una mochila, encontraron dinero en efectivo. El conductor informó que la suma provenía de la venta de un inmueble que acababa de realizar. También, indicó el nombre de la escribanía que participó en la transacción. No obstante, los oficiales secuestraron los billetes y dos celulares. En el acta, indicaron que el vehículo había acelerado cuando el patrullero se les acercó y que ese fue el motivo de la persecución. Sin embargo, durante su declaración ante el representante del Ministerio Público Fiscal, uno de los policías se contradijo. Además, la defensa técnica del conductor aportó los videos de las cámaras de seguridad de la avenida. En las grabaciones se veía que el automotor mantuvo una velocidad constante durante todo el trayecto. En ese marco, solicitó la nulidad de todo el procedimiento. Por su parte, el juzgado interviniente rechazó el planteo. Entonces, la defensa oficial interpuso un recurso de apelación que quedó pendiente de resolución. Tiempo después, la fiscalía dictaminó la desestimación y el archivo de la causa. En consecuencia, el juez ordenó que se sobreseyera a todos los imputados por disposición del artículo 336, inciso 3, del CPPN, que establecía que el hecho investigado no encuadraba en una figura legal. Contra esa decisión, el abogado del conductor introdujo un recurso de apelación. Entre sus argumentos, sostuvo que correspondía la aplicación del artículo 336, inciso 2, del CPPN, que preveía el sobreseimiento cuando el hecho investigado no se había cometido. |
| 25-sep-2025 | Juárez (causa N° 11468) | Una persona fue imputada por el delito de uso de documento privado falso y defraudación contra la administración pública, reiterado en tres oportunidades. La defensa del hombre imputado solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. En marzo de 2021 el tribunal oral interviniente le concedió el pedido por el término de un año, impuso la realización de tareas comunitarias, el pago de $20.000 y el cumplimiento de pautas de conducta. Durante el plazo previsto para la ejecución de la medida, la persona no cumplió con el pago y las tareas comunitarias y, por esa razón, su defensa solicitó prórrogas para su realización, que fueron concedidas. Luego de tres años, en 2024, el hombre había cumplido de manera parcial las obligaciones impuestas. Entonces, el tribunal oral declaró la extinción de la acción penal, consideró que no era exigible el pago de la suma adeudada ni la realización de las horas de tareas comunitarias pendientes y lo sobreseyó. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. |
| 25-sep-2025 | ACF (Causa N°2586) | Un hombre de 63 años tenía diagnosticado cáncer de esófago. Por ese motivo se sometió una cirugía que le dejó graves secuelas físicas. Además, tenía otras afecciones de salud que limitaron no solo su movilidad, sino además su posibilidad de trabajar y llevar una vida activa. Frente a esa situación, obtuvo un Certificado Único de Discapacidad, que le permitió acceder a una pensión no contributiva (PNC) por discapacidad. En ese marco, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lo citó en septiembre de 2024 a concurrir en el término de un mes a la sede del organismo. En esa oportunidad, lo intimó a aportar documentación que acreditara su condición médica para ser auditada por médicos de la institución. Si bien el hombre concurrió el día fijado, solo acompañó algunas constancias médicas que conservaba, dado que no había tenido tiempo suficiente para realizarse estudios nuevos y obtener informes médicos que certificaran su estado actual. No obstante, en las constancias se habían acreditado las graves patologías que padecía. En diciembre del 2024 y de manera intempestiva, la ANDIS le suspendió la PNC sin haberlo notificado. En efecto, ese era su único ingreso, ya que vivía en un hotel en la Ciudad de Buenos Aires, y ni su excónyuge ni sus dos hijos podían brindarle apoyo económico. Asimismo, nunca pudo acceder al expediente administrativo, lo que lesionó su derecho de defensa. Por ese motivo, solicitó se dictara una medida cautelar de no innovar para que la ANDIS rehabilitara el beneficio que había sido dado de baja. El pedido fue concedido en diciembre de 2024. Al mes siguiente, se notificó a la ANDIS que la medida cautelar había quedado firme. Durante ese mes, el hombre consiguió nuevos turnos para realizarse diversos estudios médicos y, de esa forma, acreditar su discapacidad. Sin embargo, como la medida quedó pendiente de cumplimiento, el hombre –con la representación de la Unidad de Letrados Móviles ante el fuero de la Seguridad Social– inició una acción de amparo contra la Agencia para que reanudara de forma efectiva el pago de la PNC. Asimismo, pidió que se le abonaran los haberes no percibidos entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, así como los que en el futuro se adeudaran hasta la rehabilitación de la pensión. |
| 25-sep-2025 | Ciampitti (Causa N° 1813) | Una persona había sido condenada a una pena privativa de la libertad por una infracción a la ley 23.737. Entonces, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria con fundamento en el art. 10, inc. f) de la ley 24.660. En ese sentido, explicó que su representado tenía dos hijos de 9 y 17 años, y que su esposa trabajaba como empleada doméstica de manera no registrada, realiza depilaciones a domicilio y percibe Asignación Universal por Hijo, pero sus ingresos eran insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia. Además, sostuvo que la mujer tenía una patología inflamatoria crónica que le demandaba un tratamiento y controles periódicos. El tribunal, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó el pedido. Frente a esto, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 24-sep-2025 | Construcción discursiva del adolescente infractor no recuperado: Análisis crítico del fallo R.L.E.P. en el fuero penal juvenil argentino | El autor realiza un análisis crítico del fallo R.L.E.P. del fuero penal juvenil argentino: estudia cómo las sentencias (primera instancia y casación) construyen la imagen del adolescente y los sentidos que legitiman la sanción, aplicando Análisis Crítico del Discurso. Señala que la instancia de grado usa un lenguaje moralizante y que la casación corrige lo procesal sin cuestionar la lógica de fondo, identificando sesgos (meritocrático, adultocéntrico, patologizante), llamando asi el autor a utilizar un enfoque acorde a los estándares de derechos de la infancia. |
| 23-sep-2025 | KVA (Causa N°1286) | En 2022, un hombre de nacionalidad rusa abandonó Moscú junto a sus dos hijos menores de edad, en el marco del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Primero, se trasladaron a Turquía. Tiempo después, ante la continuidad del conflicto bélico, abandonaron Europa y se dirigieron a Sudamérica. En 2024, la progenitora solicitó la restitución internacional de sus hijos. En ese contexto, expresó que los niños fueron trasladados y retenidos en forma ilícita por su padre en la provincia de Córdoba, aunque no contaba con el domicilio exacto. Asimismo, refirió que el progenitor actuó en contra de los intereses de los niños, ya que no permitía que recibieran una educación completa y no les proporcionaba nutrición e higiene adecuadas. A su vez, la progenitora indicó que Moscú no había sido territorio de acciones bélicas. Por esas razones, solicitó que se localizara a los niños y se ordenara su inmediata restitución a su lugar de residencia y centro de vida en Moscú. Por su parte, el demandado se opuso al pedido. Entre sus argumentos, indicó que la progenitora conoció y consintió la salida de Rusia. Añadió que ello tuvo como fin mantener a los niños a salvo mientras durara la guerra, la cual se extendió más de lo que suponía. También, expresó que, desde su salida de Rusia, los niños se mantuvieron en comunicación diaria con la actora y que ella estaba al tanto de su ubicación en todo momento. Con respecto a la salud de los niños, precisó que ambos recibieron las vacunas y revisiones periódicas correspondientes. El juzgado de primera instancia ordenó la restitución inmediata de los niños a Rusia e impuso al progenitor la obligación de realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de la orden. Esa decisión fue recurrida por el demandado. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Córdoba rechazó el recurso y, en consecuencia, confirmó la resolución. Con posterioridad el demandado solicitó la urgente suspensión del proceso judicial. En concreto, sostuvo que había presentado ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) la solicitud de estatus de refugiado, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165. Sobre ese aspecto, arguyó que, en virtud de la condición de refugiados y la protección internacional de los niños por parte de Argentina regía el principio de no devolución de los refugiados por grave riesgo en su vida y derechos humanos. Pese a que la suspensión fue rechazada, se ordenó librar oficio a la CONARE. En su respuesta, el organismo informó que los trámites de petición de refugio de los niños estaban pendientes de resolución. Contra esa decisión, el demandado interpuso un recurso de reposición, que también fue denegado. Asimismo, tanto el progenitor como el representante del Ministerio Público local presentaron recurso extraordinario federal contra el decisorio del STJ . Ambos fueron concedidos y motivaron la intervención de la CSJN. En ese marco, la Defensoría General Adjunta de la Nación –en carácter de representante complementario de los niños– pidió la desestimación de los recursos. Para ello, tuvo en consideración el informe elaborado por el equipo interdisciplinario que entrevistó a los niños y que daba cuenta de la situación de desarraigo y del miedo que el progenitor les infundía al hablarles de la guerra y mostrarle imágenes de las explosiones. Asimismo, advirtió sobre el proceder dilatorio del progenitor en tanto realizó la solicitud de refugio luego del dictado de la sentencia que ordenara el retorno de los niños a su país de origen. Por último, sugirió que los Estados intervinientes debían articular cuatro medidas a fin de garantizar un regreso seguro y la integridad psicofísica de los niños. En específico, garantizar la efectiva participación a los jueces de enlace y a las autoridades centrales de ambos países; tomar acciones para asegurar el ingreso al país de origen del progenitor y sus hijos con la debida protección; coordinar lo atinente al cuidado y régimen de comunicación de los niños, y dar intervención a un equipo interdisciplinario a fin de realizar un abordaje terapéutico que recomponga los lazos familiares. |
| 22-sep-2025 | Delitos culposos | Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional sobre delitos culposos. |