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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 29-sep-2022 | Medina (Causa nº 4826) | Una mujer utilizó las fotocopias del certificado de discapacidad y del DNI de su vecina para adquirir de manera gratuita cuatro pasajes de micro de larga distancia. Ello, en el marco del Régimen de Gratuidad de los Servicios de Transportes de Pasajeros para Personas con Capacidades Especiales (ley 22.431 y los decretos del Poder Ejecutivo de la Nación n° 38/2004 Y 118/2006). Dos de los pasajes fueron adquiridos a nombre de la beneficiaria y los otros dos a nombre de una tercera persona, en calidad de acompañante. A la hora de efectuar el viaje, simuló ser la titular y utilizó esos pasajes. En consecuencia, se inició una causa penal. La mujer fue imputada por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública en calidad de autora (artículos 45 y 174, inc. 5to. del Código Penal). En la etapa de juicio oral, la imputada ofreció arribar a un acuerdo conciliatorio. La mujer se comprometió a depositar la suma de $63.000 (pesos sesenta y tres mil), equivalentes al valor actual de los pasajes que obtuvo y utilizó indebidamente. El representante del Ministerio Público Fiscal adhirió al acuerdo. Entre sus fundamentos, tuvo en cuenta las características y el alcance de la conducta disvaliosa, los bienes jurídicos afectados, la ausencia de antecedentes y la edad de la imputada. |
| 28-sep-2022 | Chiozzi y otro (causa N° 299) | Un grupo de personas presentó facturas falsas para subfacturar el valor de la mercadería que iban a exportar y obtener un tratamiento fiscal y aduanero distinto al que le correspondía. En consecuencia, fueron imputadas por el delito de contrabando documentado agravado (artículos 863, 864 inciso b y 865 inciso f) del Código Aduanero) en carácter de coautores (art. 45 del CP). En la etapa de juicio oral, las defensas solicitaron la aplicación del instituto de reparación integral. A ese efecto, ofrecieron donar a una institución la suma de $100.000 cada uno, pagaderos en tres cuotas mensuales y consecutivas. La fiscalía emitió un dictamen favorable al pedido. La querella, en cambio, se opuso a la aplicación del instituto. Entre sus argumentos, sostuvo que no era posible reparar en forma integral un perjuicio cuyo delito tiene un bien jurídico pluriofensivo y supra individual. El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 hizo lugar al ofrecimiento y suspendió el proceso por el término de tres meses. Contra esa decisión, la querella interpuso un recurso de casación. |
| 28-sep-2022 | Zelaya (causa Nº 23692) | Un hombre había sido condenado a la pena de seis años de prisión e inhabilitación por el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado. Al hombre le habían concedido la prisión domiciliaria. En ese contexto, su defensa solicitó su rehabilitación y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3, inciso e, del Código Nacional Electoral y de los artículos 12 y 19, inciso 2, del Código Penal, en cuanto restringían el derecho a voto de las personas condenadas a penas de prisión. El representante del Ministerio Público Fiscal se pronunció de manera favorable al pedido de rehabilitación, pero se opuso a la declaración de inconstitucionalidad. En su presentación, se remitió a lo establecido por la Cámara Electoral que negaba la posibilidad de votar a las personas condenadas con sentencia firme que cumplían la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario. El tribunal interviniente rechazó los planteos de la defensa. Por ese motivo, interpuso un recurso de casación e inconstitucionalidad. |
| 27-sep-2022 | Pfannshmidt Morales (Causa Nº 39286) | Un hombre de nacionalidad chilena había sido condenado a la pena de dos años de prisión en suspenso por el delito de contrabando en grado de tentativa. Por ese motivo, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión del territorio nacional y prohibió su reingreso por el término de diez años en virtud de lo dispuesto en el artículo 29, inciso c, de la Ley Nº 25.871, modificada por el decreto Nº 70/17. Contra esa disposición, el hombre interpuso un recurso de revisión judicial. En esa oportunidad, sostuvo que correspondía aplicar al caso la ley N°25.871 y su decreto reglamentario N°616/2010 sin las modificaciones introducidas por el decreto N°70/2017. En ese sentido, señaló que la redacción anterior era normativa vigente al momento del dictado de la condena penal y que era más benigna para su situación. Por su parte, el juzgado rechazó el recurso. Luego, la Cámara confirmó lo resuelto en primera instancia. Contra esa decisión el actor interpuso un recurso extraordinario. Con posterioridad se promulgó el decreto 138/21 que derogó el Nº70/17 y restituyó la vigencia de la ley 25.871 en su texto original. |
| 26-sep-2022 | Torres (causa N° 6718) | Una joven de 19 años se encontraba en una relación de pareja con un hombre que la doblaba en edad, desde sus 15 años. El hombre era asiduo consumidor de estupefacientes y ejercía violencia física contra la mujer. En varias oportunidades obligó a la joven a cultivar marihuana tanto para su propio consumo como para la venta. Asimismo, la coaccionó para que hiciera entrega de un frasco de flores de cannabis a un comprador que concurriría a la vivienda que compartían. En una oportunidad, dispusieron el allanamiento de su domicilio. Del operativo se secuestró material estupefaciente, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Ambas personas fueron imputadas por el delito de tráfico de estupefacientes. Al momento de recibirle declaración indagatoria, la mujer sostuvo que era ajena al hecho investigado. Manifestó que su pareja le había exigido que entregara el frasco con flores de cannabis y que había cumplido la orden por la presión y violencia que ejercía sobre ella. Durante la investigación, se determinó que la imputada había interactuado una única vez con un comprador. A través de un informe social elaborado por el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación, la defensa de la joven dio cuenta de la relación de desigualdad y violencia en que se encontraba inmersa. Sin embargo, el juzgado interviniente procesó a ambas personas. No obstante, a la hora de requerir la elevación a juicio, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento de la joven. Fundamentó la petición en que de las pruebas reunidas surgía un compromiso menor de la nombrada con los hechos investigados. Además, tuvo por acreditado que la conducta de la mujer se encontraba condicionada por circunstancias constitutivas de violencia de género en los términos de la ley N° 26.485 que tornaban procedente la aplicación del artículo 34, inciso 2°, del Código Penal. |
| 26-sep-2022 | GGJJ (Causa Nº 29921) | Un hombre no cumplía con el pago de los alimentos a su hija. Por ese motivo, la progenitora inició un reclamo judicial, en el que se fijó una cuota. Sin embargo, el incumplimiento continuaba. En el marco de la ejecución de la sentencia, el hombre fue intimado en reiteradas oportunidades, pero guardó silencio. En consecuencia, la actora solicitó que –a modo de sanción– se le prohibiera salir del país hasta que abonara lo adeudado. Para ese momento, su hija ya había alcanzado la mayoría de edad. |
| 22-sep-2022 | Pueblos Indígenas de las Islas Torres v. Australia | En las Islas Torres, Australia, el cambio climático había generado efectos sobre los ecosistemas y los recursos marinos del lugar. Esta situación impactó sobre los medios de subsistencia y la cultura de las comunidades indígenas que habitaban las islas. En ese sentido, incluso los pequeños aumentos en el nivel del mar generaron la destrucción de viviendas a través de la erosión de la tierra. Por su parte, el Estado no implementó programas a fin de garantizar la habitabilidad del lugar a largo plazo. Los habitantes de las islas presentaron diversas solicitudes de asistencia y financiación a las autoridades estatales, pero no obtuvieron una respuesta favorable. |
| 21-sep-2022 | Tommasone (causa N° 32333) | Una mujer fue detenida y luego procesada con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, por haber cometido una defraudación por desbaratamiento de derechos acordados e incurrido en una defraudación por estelionato reiterado en cuatro oportunidades, todos los cuales concurren entre sí en forma real. La mujer, que al momento de su detención aportó sus datos identificatorios, carecía de antecedentes condenatorios, de declaraciones de rebeldía y no había aportado otros nombres en el Registro Nacional Reincidencia. Además, se constató su domicilio. Su defensa solicitó la excarcelación. El juzgado de instrucción rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó, por mayoría, el pedido. Entre otras cuestiones, entendió que aunque el caso encuadraba en la segunda hipótesis del art. 316 por remisión del art. 317, inc. 1° del Código Procesal Penal, se verificaban riesgos procesales. En esa línea, estimó como indicadores de riesgo de fuga los medios económicos con los que contaba la imputada, la naturaleza del delito y la gravedad de los hechos y la posibilidad de que reciba una pena de efectivo cumplimiento. Además, señaló que existía un peligro de entorpecimiento de la investigación pues se continuaban presentando nuevos presuntos damnificados, y existía la posibilidad de que la asociación permaneciera en actividad, escondiera documentos relevantes para la investigación y se asegurara el provecho de las defraudaciones. También consideró que había medidas pendientes de prueba y faltaba localizar a imputados prófugos en otros países. Contra esa decisión, la defensa de la mujer imputada interpuso un recurso de casación. |
| 21-sep-2022 | RAM (Causa N° 32505) | Una mujer inició –por sí y en representación de sus hijos menores de edad– una demanda contra la aseguradora de riesgos del trabajo para reclamar el cobro de la indemnización correspondiente por el fallecimiento de su cónyuge. Para ello, considero que el hombre había fallecido a causa de una enfermedad profesional asimilable a un accidente de trabajo. Al contestar la demanda, la aseguradora planteó la excepción de incompetencia territorial y de grado. Alegó que no se cumplió con el trámite administrativo previsto en la Ley N° 27.348 –complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo– que establecía la competencia de la comisión médica correspondiente al domicilio del trabajador, a su lugar de efectiva prestación de servicios o donde se estuviera reportando el trabajador a la fecha de la contingencia laboral. En este sentido, afirmó que el domicilio de la actora estaba registrado en Salta y que el trabajador fallecido prestaba servicios en dicha provincia. Por esa razón, consideró que no debió intervenir la comisión médica de la Ciudad de Buenos Aires. Además, sostuvo que la acción debió promoverse ante la justicia civil correspondiente a la jurisdicción de la comisión médica que debió intervenir con anterioridad y no ante la Justicia Nacional del Trabajo. Por su parte, la actora interpuso un recurso de inconstitucionalidad de la Ley N° 27.348 en lo referido al trámite administrativo previo que dispone la norma. Al inicio del proceso, el juzgado le dio intervención a la Defensoría Pública de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo N° 3. Así, la defensoría asumió la representación de los niños involucrados en el expediente y solicitó que se le diera vista de las actuaciones cuando estuviera trabada la litis. Sin embargo, el juzgado resolvió, sin correr nueva vista a la defensoría. En consecuencia, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la Ley N° 27.348 efectuado por la mujer y decretó la incompetencia territorial de la Justicia Nacional del Trabajo. Contra esa decisión, la actora y la defensoría pública de menores e incapaces interpusieron recursos de apelación. En esa instancia intervino la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales Nacionales de Segunda Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo. En su dictamen, mantuvo el recurso de apelación interpuesto por la defensoría de primera instancia y consideró que, si bien deben respetarse las normas que rigen el proceso, cuando se encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes, siempre debe tenerse en cuenta para resolver lo que resulte más beneficioso para ellos, priorizando su interés superior. |
| 20-sep-2022 | OVW (Causa Nº 29998) | Una joven vivía con sus progenitores. El principal ingreso del grupo familiar consistía en una pensión no contributiva que recibía la progenitora por ser madre de siete hijos. Tras el fallecimiento de la mujer, el padre inició una acción judicial contra la ANSES debido a que se encontraba desempleado y carecía de otro sustento económico. En consecuencia, solicitó que se le reconociera a su hija el derecho al cobro de la referida pensión no contributiva una vez que alcanzara la mayoría de edad. Asimismo, requirió como medida cautelar que el organismo previsional se abstuviera de modificar, suspender o cancelar el beneficio hasta que el juzgado resolviera el pedido principal. Entre sus argumentos, sostuvo que su hija necesitaba conservar el cobro de la pensión mientras se mantuvieran sus necesidades alimentarias. Por último, destacó que ese ingreso le permitiría finalizar sus estudios secundarios y luego iniciar los universitarios. |