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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 18-mar-2022 | M.D.R (Causa N° 58651) | Un persona estaba internada por cuestiones de salud mental y de manera involuntaria en una institución que dependía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ante esta situación, la Unidad de Letrados del Artículo 22 de la Ley N° 26.657 para personas mayores de edad intervino en el control de internación y mantuvo diversas entrevistas. El equipo tratante informó que la persona no podía volver a su ámbito sociocomunitario y familiar. Sin embargo, estaba en condiciones de egresar a un dispositivo intermedio. Debido a que la persona carecía de recursos económicos, se realizó un pedido ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La solicitud fue denegada en virtud de que tenía domicilio en la Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, la Unidad de Letrados solicitó que se declarara a la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como organismo responsable del proceso de externación. En ese sentido, se solicitó el suministro de los dispositivos adecuados para su egreso. |
| 16-mar-2022 | Cardoso (Causa n° 53010068) | Un hombre creó un grupo empresario para comercializar cereales. El hombre era el jefe y dentro de la organización incorporó a diferentes personas dentro de las que estaban sus dos hijas. Para designarlas como presidentas de los directorios de las empresas y debido a la edad de las jóvenes, el hombre las emancipó. La empresa evadía el pago de tributos mediante la utilización de los datos de personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad. A partir de una denuncia anónima, se inició una investigación penal en contra de los miembros del grupo empresario. La causa fue elevada a juicio y el tribunal oral condenó a las personas imputadas por el delito de asociación ilícita para cometer delitos tributarios. En particular, las hijas del jefe del grupo empresario fueron condenadas a una pena de cuatro años de prisión por su participación en calidad de coautoras. Contra esa decisión, las defensas de las mujeres presentaron recursos de casación por considerar, entre otras cuestiones, que la pena aplicada resultaba desproporcionada. |
| 16-mar-2022 | Fernández (Causa n° 793) | Un grupo de hombres había secuestrado a un joven para pedir un rescate. Mediante un operativo policial, se liberó al joven y se detuvo a la pareja que vivía en el lugar. Además, se secuestraron armas y un teléfono celular en el que constaban conversaciones vinculadas al secuestro. Por estos hechos, la pareja y otros dos varones fueron imputados por una serie de delitos, entre otros, secuestro extorsivo agravado por la cantidad de intervinientes y tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil. En su declaración indagatoria, la pareja declaró que la mujer no había participado en los hechos y que el teléfono celular era de uso compartido entre los dos. El tribunal oral condenó a las cuatro personas. Contra ese pronunciamiento, la defensa de la mujer interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, consideró que la imputada se encontraba en una situación de vulnerabilidad y de subordinación respecto de su marido. Por último, en la audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, la mujer expresó que era su marido quien tomaba las decisiones en el hogar y reafirmó que no había participado de los hechos imputados. |
| 15-mar-2022 | M.N.M. (causa Nº 114245) | Un hombre realizaba tareas de crianza y cuidado de ganado para una empresa. A raíz de un paro cardiaco, no pudo asistir a su lugar de trabajo y la empresa retrasó el pago de su salario. Ante esa situación, el hombre le solicitó el sueldo a su empleador. En esa oportunidad, manifestó que era el sostén económico de su pareja y de sus tres hijos y explicó que precisaban el dinero para alimentarse. La empresa se negó a abonar el salario. En ese contexto, el hombre se apoderó de un animal bovino, lo mató y lo faenó como alimento para su familia. Por ese hecho, fue imputado por el delito de abigeato agravado por haber intervenido en el hecho una persona que se dedicaba a la crianza y cuidado de ganado. En la etapa de juicio oral, la defensa planteó que su asistido se encontraba en un estado de necesidad justificante. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el caso no encuadraba en esa figura legal porque el mal que intentaba evitar no resultaba inminente. En ese sentido, sostuvo que el hombre contaba con otras posibilidades de acción tales como pedir ayuda a los organismos estatales de asistencia social o a familiares. El Tribunal Oral lo condenó a la pena de cuatro años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 14-mar-2022 | PRR (Causa N° 10054099401) | Un hombre mantuvo una relación sexoafectiva con una mujer casada, y ésta quedó embarazada. Luego del nacimiento, el niño fue reconocido por el cónyuge de la mujer. Tiempo después, la mujer comenzó a tener dudas sobre la paternidad de su hijo. Por ese motivo, se puso en contacto con el hombre, y ambos acordaron realizar un estudio genético, que confirmó el vínculo biológico. En ese contexto, el hombre inició una acción a fin de impugnar la filiación del niño y ser emplazado como su progenitor. |
| 14-mar-2022 | Ministerio Público Fiscal s/recurso de apelación (Causa N° 8991) | En una causa penal se investigaba a un grupo de personas que se habían desempeñado en el Poder Ejecutivo Nacional entre los años 2015 y 2019 por posibles coacciones orientadas a interferir en las funciones de determinados jueces y juezas. En ese marco, la fiscalía interviniente le solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confeccione un informe en el que se releven todas aquellas manifestaciones directas de carácter público de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10/12/2015 y el 9/12/2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales, hacia las personas presuntamente afectadas en el marco de la hipótesis delictiva investigada en aquel caso. Luego de realizado un informe parcial, el juez de primera instancia ordenó excluirlo como medio de prueba. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. Para ello, indicó, entre otras cuestiones, que la medida era idónea, válida y respetaba los derechos fundamentales de las personas involucradas en la investigación. Asimismo, que la recolección de datos buscaba determinar la existencia de un hecho criminal en función de que la información no era reservada sino de contenido público, y que la medida no tenía como objetivo censurar expresiones ni judicializar el debate público. |
| 11-mar-2022 | Sotelo (causa N° 17396) | Un vecino denunció que dos personas intentaron apropiarse de cables de una línea ferroviaria. Por este hecho, las personas fueron detenidas e imputadas por el delito de robo en grado de tentativa. Una de las defensas presentó un acuerdo de conciliación en el que ofrecía a la empresa damnificada un pedido de disculpas y el cumplimiento de tareas gratuitas en la estación de ferrocarril. El apoderado de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, en su carácter de damnificada, suscribió el acuerdo, que fue presentado en sede judicial. El representante del Ministerio Público Fiscal se pronunció a favor de la homologación del acuerdo. |
| 14-oct-2022 | Lebos (Causa N° 14040) | Se inició una causa por una presunta infracción a la ley de residuos peligrosos N° 24.051 por la acumulación de residuos domiciliarios y el humo que provenía de la quema de tabiques de ladrillos en un predio que estaba ubicado en la localidad de La Florida. El Juzgado Federal N°1 de San Miguel de Tucumán consideró que no había prueba sobre la existencia de residuos peligrosos y tampoco de que el humo hubiese trascendido los límites de la provincia. Por este motivo, declaró que la competencia era del juzgado local. Por su parte, el Juzgado de Instrucción del Centro Judicial Capital, provincia de Tucumán, rechazó esa atribución con fundamentos en artículo 58 de la ley Nº 24.051 sobre la competencia federal en este tipo de infracciones. En consecuencia, se generó un conflicto de competencia entre los dos juzgados. |
| 9-mar-2022 | CAM (causa Nº 11733) | En 2019 una persona había sido diagnosticada con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Ante el avance de la enfermedad, su médica le indicó ciertos insumos para mejorar su calidad de vida. En varias oportunidades el paciente intimó de manera extrajudicial a su obra social para la cobertura de la prestación, pero no obtuvo respuestas satisfactorias. Ante esta situación, la persona, representada por la defensa pública oficial, inició una acción de amparo con el objeto de que se obligara a la obra social a entregar una muñequera de neoprene y una silla de ruedas motorizada de tracción híbrida. El juzgado admitió la vía procesal y solicitó un informe circunstanciado a la parte demandada. Por su parte, la obra social sostuvo que la prestación no se encontraba en el Programa Médico Obligatorio. Cuando el proceso se abrió a prueba, la parte actora incorporó un intercambio de correos electrónicos en los que constaba un informe de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. El organismo sostuvo que si la prestación estaba vinculada con el diagnóstico médico, si existía certificado de discapacidad y constaba la justificación médica, la cobertura debía ser garantizada de acuerdo con la ley Nº 24.901. Al contestar el traslado del informe, la parte demandada solicitó que se incorporara la información mediante oficio. |
| 9-mar-2022 | RCM (Causa Nº 58489) | En el marco de un proceso por violencia familiar, se le impusieron al demandado alimentos provisorios durante noventa días para sus tres hijos menores de edad. Sin embargo, el hombre no cumplió con lo ordenado. Por ese motivo, la madre de los niños y actora en el expediente –con la asistencia del Patrocinio Jurídico a Víctimas de Violencia de Género de la Defensoría General de la Nación– solicitó la ejecución de lo adeudado. En esa oportunidad, expuso que el hombre era chofer de remís y que alquilaba el vehículo en una agencia cercana. Además, informó que el demandado percibía la AUH por sus hijos, pero que estaba efectuando los trámites correspondientes para empezar a cobrar el beneficio. En consecuencia, pidió que se le giraran las sumas correspondientes o que se le librara un cheque. Solicitó que, en caso que no existieran fondos en la cuenta judicial, se dispusiera la suspensión y prohibición de renovar la licencia de conducir. |