ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
27-dic-2017	CA (causa Nº 131)	Una niña vivía en situación de calle desde los once años y consumía estupefacientes. Su madre la había expulsado de su hogar y con su padre se contactaba de manera intermitente. En ese contexto, a los dieciséis años fue procesada por el delito de robo cometido en poblado y en banda. A partir de ese momento, y por el período de dos años, recibió tratamiento tutelar. Posteriormente, fue procesada por dos nuevos hechos y fue derivada a una residencia educativa. De ese lugar se fugó en dos oportunidades. Distintos equipos técnicos intervinientes en el caso destacaron la extrema situación de vulnerabilidad de la imputada. El Tribunal Oral de Menores la condenó a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional. Para decidir de ese modo, consideró que el tratamiento tutelar había sido “pobre” y que la joven no había internalizado sus objetivos. Contra esa decisión, su defensa y la Defensoría de Menores e Incapaces interpusieron recursos de casación. Entre sus argumentos, señalaron que la sentencia no había considerado la historia de vida de la joven y, con base en el artículo 1° de la ley Nº 22.278, solicitaron su absolución.
17-oct-2017	Gallardo (reg. Nº 1034 y causa 675)	Una persona fue condenada por el delito de homicidio a cumplir una pena privativa de la libertad. Cumplido el requisito temporal, su defensa solicitó que sea incorporada al régimen de libertad condicional. Al realizarse los informes del Consejo Correccional, los profesionales dieron un dictamen favorable. Sin embargo algunas áreas, como la laboral, aportaron datos negativos respecto de su tratamiento penitenciario. El Juzgado de Ejecución rechazó el pedido por considerar la gravedad del delito por el cual se lo condenó. Asimismo, consideró que se debía descartar la conclusión del Consejo Correccional, tomando como relevantes datos negativos parciales de los informes de algunas áreas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
3-oct-2017	Jofre (reg. Nº 954 y causa Nº 58073)	Un hombre había sido condenado, entre otros delitos, por haber proferido amenazas coactivas contra su pareja. La sentencia no estableció que realizara ningún tipo de tratamiento sobre violencia de género. Al cumplirse el requisito temporal de detención, su defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional de la unidad se expidió de manera favorable a su otorgamiento. Por su parte, la fiscalía solicitó que se informara si el imputado había realizado alguna terapia vinculada con cuestiones de género. El Servicio Penitenciario informó que no existía pronóstico de reinserción en tal sentido, ya que desconocía la existencia de una condena vinculada a dicha temática. Sobre la base de dichas consideraciones, el juzgado rechazó la concesión del instituto. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
15-sep-2017	Estrada Vilca (causa Nº 23947)	Dos personas que estaban en pareja concurrieron a una fiesta, bebieron alcohol y regresaron a su casa por la madrugada. Entonces, comenzaron a discutir y a agredirse. La mujer (MATC) denunció al hombre por haberle propinado un golpe de puño en la boca y haberla tomado del cuello mientras le gritaba y la insultaba. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) efectuó un informe interdisciplinario de riesgo y un informe médico legal. Durante el debate oral, la denunciante expresó que el forcejeo fue mutuo y que no sufrió lesiones. De todos modos, el juez correccional condenó al imputado a la pena de diez meses de prisión en suspenso por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género. Para llegar a esta conclusión, se valoraron los dichos de la mujer ante la OVD. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
13-dic-2016	RMA (causa Nº 39411)	Una mujer denunció a su pareja por una serie de episodios de violencia de género. Los hechos incluían abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal y oral en, al menos, tres oportunidades, todos en el interior de su casa. La víctima declaró que, luego del primer hecho, quedó embarazada; no obstante, el embarazo no llegó a término. El segundo evento tuvo lugar algunos días después de esta pérdida; entonces, volvió a quedar embarazada. El tercer hecho, sucedió una noche que su pareja regresó alcoholizado a su domicilio, le arrancó las prendas de vestir y la forzó a tener relaciones sexuales por vía oral y vaginal. En ese contexto, además, el hombre ejerció violencia física (golpes, zamarreos, tiradas de pelo) en su contra. La mujer había denunciado a su pareja con anterioridad por haberla dejado encerrada en su domicilio, oportunidad en la que se comunicó con sus vecinos a través de la puerta. Durante el debate oral, declaró la madre de la víctima. Manifestó que su hija le había dejado entrever la existencia de violencia económica, pero no física. Además, explicó que había convivido con la pareja durante el embarazo y que no había presenciado hechos de violencia física, aunque sí verbal. Asimismo, una vecina declaró que estaba sorprendida porque nunca había visto a la denunciante lastimada y agregó que escuchó discusiones en las que el hombre gritaba que la iba a matar. Por su parte, el psiquiatra que atendió a la mujer a lo largo de esos años explicó que vivía una situación de temor, pero que no había ningún dato que indicara un cuadro de mayor gravedad. De la historia clínica surgía que la mujer efectuó diversas consultas médicas; sin embargo, no registraron lesiones o indicios de haber sido abusada sexualmente. De la misma forma, la paciente no había realizado ninguna manifestación sobre este punto. Además, de los controles ginecológicos surgía que buscaba un embarazo. Por otro lado, los informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense y la Oficina de Violencia Doméstica determinaron la existencia de diversas manifestaciones de violencia generadas por un vínculo disfuncional con violencia doméstica que derivó en una situación de riesgo para la víctima. El Tribunal Oral condenó a RMA a la pena de siete años y seis meses de prisión por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal reiterado al menos en tres oportunidades, y privación ilegítima de la libertad. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
4-ago-2015	Godoy, Cristian David (reg. Nº 307 causa Nº67284)	Una persona fue condenada a una pena de prisión por el delito de robo en poblado y en banda. Cumplidos los plazos requeridos por la ley, su defensa solicitó que se lo incorporara al régimen de libertad condicional. Además, agregó que podía desempeñarse en su oficio de panadero en un emprendimiento familiar y que contaba con un domicilio donde vivir. Al momento de evaluar la concesión de la libertad condicional, el Consejo Correccional se pronunció de forma desfavorable. Cinco meses después, ante una nueva evaluación, el Consejo modificó su pronunciamiento, brindando un diagnóstico de reinserción favorable. El Juzgado de Ejecución rechazó el pedido de otorgamiento de libertad condicional por considerar únicamente el informe negativo del Consejo y por ponderar que la persona no se esforzó en modificar “su conducta adictiva” y que carecía de “habitualidad laboral”.
23-jul-2015	Acosta (reg. Nº 285 y causa Nº 2929)	Una persona había sido condenada por el delito de homicidio tentado en concurso ideal con robo agravado por su comisión con un arma de fuego a la pena de seis años de prisión. Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó la concesión de la libertad condicional. El Consejo Correccional se expidió unánimemente de manera favorable. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó a favor de la concesión del instituto. Sin embargo, el Juzgado de Ejecución Penal rechazo el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
1-jun-2015	Alvarado Huanca (reg. Nº 106 y causa Nº 2533)	Una persona cumplía una pena de prisión. Una vez cumplido el lapso temporal requerido, su defensa solicitó su incorporación al régimen de libertad condicional. En un primer momento, la Dirección Asistencia Social del SPF dictaminó que el penado no contaba con un contexto sólido de acompañamiento para la reinserción social. De esa manera, se pronunció en contra de la incorporación al régimen requerido. En un segundo informe, adoptó la conclusión opuesta. El juez de Ejecución tuvo en cuenta el primer informe y no hizo lugar a lo solicitado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.