ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
29-jun-2022	Salazar, R. (causa N° 19398)	Un hombre fue detenido el 20 de abril de 2022 y procesado con prisión preventiva por el delito de robo simple. Al momento de su detención, no opuso resistencia, se identificó correctamente y se constató su domicilio. El hombre, si bien registraba antecedentes cumplidos y se encontraba anotado con otros nombres en el Registro Nacional de Reincidencia, no registraba rebeldías. La defensa solicitó su excarcelación. A su turno, la fiscalía dictaminó de manera favorable al pedido de la defensa. El juzgado rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Para decidir de esa manera, entendió que aunque el caso encuadraba en la primera hipótesis del art. 316 por remisión del art. 317, inc. 1° del Código Procesal Penal, se verificaba un peligro de fuga. En esa línea, consideró que por los antecedentes condenatorios que registraba el hombre, en caso de recaer condena, correspondería la imposición de una condena de efectivo cumplimiento y una nueva declaración de reincidencia, y estimó que ello implicaba un peligro de reiteración delictiva que era un indicio objetivo de la existencia del peligro de fuga. Además, agregó que el dictamen fiscal no resultaba vinculante. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación.
19-may-2022	Almada (causa N° 845)	El 17 de junio del 2021 una mujer fue detenida y luego procesada con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro, robo agravado por haberse cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y en poblado y en banda en calidad de coautora y robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda en calidad de coautora, todos ellos en concurso real. Durante el proceso, su domicilio fue debidamente constatado y se acreditó que poseía vivienda propia y que vivía allí hace más de diez años junto a su familia. En la etapa de preparación del juicio oral, su defensa volvió a solicitar su excarcelación bajo caución juratoria y, en subsidio, solicitó la morigeración de su detención preventiva mediante su vigilancia a través de un dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal opinó que debía concederse la excarcelación. El Tribunal Oral denegó los pedidos. Entre sus fundamentos, ponderó distintos elementos vinculados a la naturaleza y gravedad de los hechos imputados, y estimó que éstos hacían presumir que la pena, en caso de recaer condena, se alejaría del mínimo legal y no podría ser dejada en suspenso. Por ello, concluyó que esas circunstancias eran una pauta objetiva para presumir que en caso de recuperar su libertad la acusada intentaría fugarse. Además, estimó que el solo transcurso del tiempo no había modificado las razones que se esgrimieron en otras instancias para rechazar los pedidos de excarcelación anteriores. Finalmente, explicó que la aplicación de medidas alternativas no iban a ser suficientes para asegurar su sujeción al proceso y la seguridad de las víctimas. La defensa interpuso un recurso de casación contra esa decisión.
11-mar-2020	Kim (causa Nº 68214)	Un hombre embistió con un vehículo a una persona. Por ese hecho fue condenado por el delito de lesiones gravísimas imprudentes. La defensa solicitó la suspensión del proceso a prueba. Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal no se expidió sobre el decomiso. Sin embargo, la jueza interrogó sobre ese aspecto al imputado, que consintió el decomiso. El tribunal rechazó la suspensión del proceso a prueba. No obstante, esa decisión fue revocada por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que remitió las actuaciones al tribunal de origen para que se expidiera sobre la razonabilidad de la reparación patrimonial y el decomiso ofrecido. Devueltas las actuaciones, se resolvió decomisar el automóvil, pues se consideró que el vehículo había sido objeto del ilícito investigado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
28-nov-2019	Fernández Galeano (reg. Nº 1802 y causa Nº 73009l)	Un varón de 70 años de edad fue detenido e imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con amenazas coactivas. Al prestar declaración indagatoria manifestó que padecía una insuficiencia cardíaca severa, diabetes y asma. Además, presentó un certificado de discapacidad. El Cuerpo Médico Forense elaboró un informe en el que concluyó que el hombre no se encontraba en condiciones de permanecer privado de su libertad. La defensa solicitó su excarcelación en los términos de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al planteo y requirió que se le impusiera una caución real. El juzgado rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, tuvo en consideración la gravedad del hecho y la imposibilidad de acceder a una pena en suspenso. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución. Para decidir de ese modo señaló que la penalidad establecida para el delito imputado era muy elevada y que el tiempo que el imputado llevaba detenido no resultaba desproporcionado. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación. En su presentación la defensa sostuvo que la resolución impugnada violaba el principio acusatorio. Además, explicó que debía tenerse en cuenta la edad del imputado y el delicado estado de salud que poseía. Por último, manifestó que no existían riesgos procesales que fundamentaran la privación de la libertad y que la hipotética posibilidad de una pena de efectivo cumplimiento no podía ser un elemento determinante para detener de manera preventiva a una persona.
27-dic-2018	Polini y otros (causa Nº 53350)	Un grupo de personas había sido imputado en una causa penal. A partir del requerimiento de la querella, el proceso alcanzó la etapa de juicio oral. En esa oportunidad, sólo las defensas ofrecieron prueba. Por su parte, la querella solicitó al tribunal que incorporara prueba de oficio según lo establecido en el artículo 356 del CPPN. Ante la falta de prueba producida por la parte querellante, las defensas desistieron de las medidas ofrecidas y solicitaron el sobreseimiento de sus asistidos. El Tribunal Oral hizo lugar al pedido. Contra esa decisión, la querella interpuso un recurso de casación.
21-dic-2018	Silva (reg. Nº 1663 y causa Nº 17065)	Un varón fue imputado por el delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometido contra su pareja. En la etapa de juicio, su defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. La representante del Ministerio Público Fiscal entrevistó a la víctima, quien manifestó que los hechos de violencia no habían vuelto a suceder y expresó su consentimiento para la concesión del instituto. Sobre la base de dichas consideraciones, la fiscalía prestó su conformidad. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, consideró que –en los términos del precedente “Góngora” de la CSJN– el dictamen fiscal y la manifestación efectuada por la damnificada “no podían tener ningún efecto que habilitara la probation”. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
17-ago-2018	Ruiz (reg. Nº 969 y causa Nº 55056)	Llel y Ruiz fueron imputados por el delito de robo en grado de tentativa. Además, Ruiz fue imputado por otros dos robos tentados, uno de ellos cometido con un arma. Al primero de los imputados se le había concedido la suspensión del juicio a prueba por un hecho cometido con posterioridad. Por tal razón, fijada la fecha de juicio oral, su defensa solicitó que se le concediera la ampliación de la probation. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo. Por un lado, sostuvo que la presentación resultaba extemporánea. Por otro, afirmó que su concesión debilitaría la acusación respecto de Ruiz e invocó la resolución Nº 97/09 de la PGN. Sobre la base de dichas consideraciones, el Tribunal Oral rechazó la solicitud. Luego de celebrarse el debate, Llel y Ruiz fueron condenados a las penas de cuatro meses y tres años de prisión en suspenso, respectivamente. Además, a Ruiz se le impusieron de oficio obligaciones accesorias por tres años, en los términos del artículo 27 bis del Código Penal. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación.
14-ago-2018	Ghersich (Causa Nº11484 Reg Nº944)	Un hombre —junto a otra persona— ingresó a un supermercado con un cuchillo, tomó dinero de la caja registradora y escapó. Entonces, fue perseguido y detenido. En la etapa de juicio, el fiscal solicitó que se condenara al hombre a la pena de 3 años y 6 meses de prisión por el delito de robo con armas en grado de tentativa. Para dictaminar de ese modo, consideró que el imputado no había podido disponer del dinero y que, en consecuencia, no se había podido tener por consumado el delito. El Tribunal Oral condenó al imputado por el delito de robo con armas a la pena de seis años de prisión. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación.
12-jul-2018	Moreno (reg. Nº 837 y causa Nº 73946)	Una persona había sido imputada por el delito de amenazas, cometido contra su pareja. El Tribunal Oral la condenó a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. A su vez, le impuso una prohibición de acercamiento a la víctima. El juzgado de ejecución dispuso –bajo apercibimiento de dar curso a un incidente de revocatoria– que la persona se presentara en la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Contra esa disposición, la defensa interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, planteó su nulidad. En particular, señaló que la regla de conducta ordenada no había sido prevista por el tribunal de origen. A su vez, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que la medida había sido dispuesta sin haber mediado su requerimiento. En ese sentido, solicitó que se hiciera lugar a la impugnación. El juzgado rechazó el recurso y el planteo de nulidad. Por esa razón, la defensa interpuso un recurso de casación.
5-jul-2018	Balerdi (Reg Nº792 Causa Nº 29276)	Un hombre violó en dos oportunidades la restricción de acercamiento que se le impuso con respecto a su ex pareja y a sus hijas. En la segunda ocasión, la mujer –que, además, sufrió amenazas– le arrojó gas pimienta. Entonces, el hombre fue imputado por los delitos de desobediencia y amenazas y su ex pareja por lesiones leves. Las causas fueron acumuladas materialmente. Durante la instrucción, la fiscalía requirió el sobreseimiento de la imputada. Posteriormente, la mujer requirió, con el patrocinio del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos (Defensoría General de la Nación), ser tenida como querellante, en derecho propio y en representación de sus hijas. El juzgado rechazó el pedido. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de apelación. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución. Para decidir de ese modo, sostuvo que la mujer no podía constituirse en querellante si poseía la calidad de imputada en una de las causas. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de casación.