ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

Buscar

Resultados 31-40 de 64.

Anterior
1
2
3
4
5
6
7
Siguiente

Resultados por ítem:

Fecha	Título	Resumen
19-ago-2020	Ruiz (reg. N° 1040 y causa N° 14049)	Un hombre que se encontraba detenido era padre de tres hijos, de 15, 13 y 8 años. El mayor sufría una malformación genética y dependía de un tercero para ser movilizado a través de una silla de ruedas. Además, le habían detectado problemas de corazón y debía ser intervenido de manera quirúrgica. Desde la detención del hombre, los niños quedaron al exclusivo cuidado de su madre, que era el único sostén emocional y económico de la familia. Frente a esa situación, la defensa presentó un informe social que concluía que el joven requería constantes cuidados y la asistencia de un adulto mayor. Además, explicaba que el adolescente había abandonado los estudios secundarios desde la detención de su padre. Por esa razón, la defensa solicitó que se concediera el arresto domiciliario en los términos del artículo 32, inciso f) de la ley N° 24.660. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, consideró que los niños se encontraban al cuidado de la madre y no se había verificado un estado de desprotección o desamparo ni una situación de extrema vulnerabilidad que comprometiera el interés superior de la niñez. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación.
29-jul-2020	Asís y otros (causa N° 15621)	Entre los años 2016 y 2017, un grupo de personas autocultivaba cannabis con el fin de fabricar aceite medicinal. El aceite era utilizado para el tratamiento de distintas discapacidades, propias o sus familiares. Las personas fueron procesadas con prisión preventiva por el delito de comercialización de estupefacientes y confabulación. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó que, dada la situación procesal, correspondía correr la vista previa a la elevación a juicio, en los términos del artículo 346 del CPPN. El juzgado rechazó el planteo y ordenó la pericia química de las sustancias secuestradas. Una vez realizado el estudio, el juzgado se pronunció.
27-jul-2020	Cardozo Subia (Causa n°2524)	En marzo de 2019 un hombre cruzó un paso fronterizo con un paquete y fue detenido por personal de la Gendarmería. Los agentes revisaron la lona y encontraron que, de forma oculta, había cinco paquetes con estupefacientes. El hombre explicó que había sido contratado por un tercero, que él no podía controlar lo que llevaba y que pensaba que sólo había ropa. Por ese hecho, fue detenido e imputado por el delito de contrabando de estupefacientes. El hombre era de nacionalidad boliviana, analfabeto y presentaba un retraso madurativo. En el marco del juicio oral, personal del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación explicó que el retraso madurativo que tenía el imputado no le permitía comprender el valor de sus actos. Asimismo, la defensa planteó que el hombre no tenía conocimiento de que había droga en la lona y solicitó su absolución. La fiscalía se expidió en el mismo sentido y sostuvo que el imputado no había actuado con dolo. Además, peticionó que se dispusiera su prohibición de ingreso al país.
24-jul-2020	Correa (causa N° 25855)	Un hombre se encontraba detenido de manera preventiva. Su hijo de dieciséis años tenía un déficit cognitivo y trastornos en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje. Durante el transcurso de la detención, el joven quedó a cargo de sus abuelos. Su abuelo sufría una discapacidad por ACV isquémico y era diabético e insulinodependiente. Su abuela sufría hipertensión, era diabética y tenía polineuritis en las piernas. En ese contexto, la defensa solicitó una morigeración de la prisión preventiva y la concesión de la prisión domiciliaria. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable a la solicitud.
22-jul-2020	Barraza (Causa N° 10420)	En el marco de la pandemia del virus COVID 19 se dispusieron distintas medidas para cumplir con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Entre ellas, se reforzó la digitalización de los expendientes y trámites judiciales. Por ese motivo, dos abogados con discapacidad visual se encontraron impedidos de realizar su trabajo. En particular, sus obstáculos se debían a que el portal del Poder Judicial de la Nación no era accesible para personas con afectación de facultades visuales. En consecuencia, iniciaron una acción de amparo colectivo contra el Poder Judicial. Los actores solicitaron que la página web tuviera un diseño universal accesible para las personas con discapacidad visual que utilizaban lectores de pantalla. Entre sus argumentos, indicaron que a partir de la digitalización del expediente judicial en 2015 y la creación del Portal Digital sufrieron una barrera de acceso que se incrementó con la pandemia. En este sentido, expresaron que se aplicó un trato desigualitario en el ejercicio profesional y que la situación resultaba contrario a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
30-jun-2020	Mendez (causa N° 11112557)	Una mujer de 97 años que tenía una discapacidad motriz crónica y deterioro cognitivo se encontraba alojada en un hogar geriátrico desde septiembre de 2018. A raíz de la declaración de emergencia sanitaria, su hijo solicitó a las autoridades del hogar que se le realizase el test de COVID y suministrase insumos sanitarios para prevenir la introducción del virus en el hogar. El pedido fue denegado. Por esa razón, interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En la presentación solicitó, como medida cautelar, que se ordenase el suministro al hogar de test rápidos de serología covid-19 y los exámenes por PCR (hisopado) que fueran necesarios según el resultado del primero. El juzgado rechazó la solicitud. Contra esa resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación.
30-jun-2020	Gamarra (causa N° 5606)	En el marco de una investigación, el domicilio de una mujer fue allanado. La mujer fue detenida e imputada por formar parte de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes. La imputada era madre de dos niños de 7 y 17 años de edad y de una joven de 20 años que tenía hipoacusia bilateral, retraso madurativo y una discapacidad motriz en sus piernas. Por esa razón, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. Entre otras cuestiones, sostuvo que de acuerdo al interés superior del niño, correspondía que se hiciera lugar a la medida dado que los hijos de su asistida se encontraban en una situación de vulnerabilidad. El representante del Ministerio Público Especializado en Minoridad destacó que los menores de edad vivían solos al cuidado de su hermana mayor de veinte años y se encontraban sin un adulto que pudiera contenerlos de manera emocional. En ese sentido, se expidió de modo favorable al planteo. Por otra parte, la fiscalía se opuso a su concesión. Entre sus argumentos señaló que la mujer debía haber protegido el interés superior del niño y evitar la venta de estupefacientes en su domicilio. El juzgado rechazó la solicitud. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de apelación.
29-jun-2020	BLA (causa N° 16312)	El 9 de marzo del 2020 un hombre dio de baja de su obra social a su pareja. La mujer tenía una discapacidad, se encontraba internada y lo había denunciado por violencia familiar. El 13 de marzo el juzgado dispuso que el hombre cumpliera con una cuota de alimentos provisoria que consistía en mantener la afiliación de la mujer. Con posterioridad, se realizó un proceso de control de internación. El juzgado ordenó a la obra social que tomase los recaudos que resultasen necesarios para hacer efectiva la afiliación bajo apercibimiento de considerarla solidariamente responsable por el incumplimiento de la cuota alimentaria y de los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle a la mujer. Contra esa decisión, la entidad interpuso un recurso de apelación.
3-abr-2020	Toranzo (causa N° 2995)	Una niña tenía discapacidad. Entre otras cuestiones, presentaba anormalidades de movilidad, dependencia a un respirador, artrodesis e incontinencia urinaria y un trastorno producido por deficiencias de las enzimas lisosomales. Su médico le recomendó un tratamiento con un medicamento que, suministrado de forma mensual, iba a estabilizar la enfermedad, evitar que progresara y revertir algunos síntomas. La prestación, suministrada por el programa Incluir Salud, fue suspendida en noviembre de 2019. La familia de la niña se encontraba en una precaria situación económica y no podría afrontar el pago del medicamento. En el marco de otro proceso se le había otorgado un subsidio habitacional a fin de que accediera a una vivienda que reuniera las condiciones necesarias para que fuera habitable por la niña. La madre de la niña, en su representación, intimó al programa y al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que la prestación fuera reanudada. La solicitud no fue contestada. Entonces, la defensoría interpuso una acción de amparo y solicitó como medida cautelar la entrega en el plazo de dos días de la medicación o los fondos para acceder a la misma. Además, solicitó la prestación bajo apercibimiento de embargar los fondos suficientes para efectuar la compra directa del medicamento.
8-nov-2019	Rodríguez (causa N° 12570)	En el marco de un control de prevención, personal de la Gendarmería Nacional detuvo a un micro que circulaba desde la localidad de Salvador Mazza, provincia de Salta, con destino a Córdoba. Los agentes advirtieron que una pasajera tenía un bulto en su abdomen. Por tal razón, la requisaron. En el procedimiento se halló un paquete de un kilo de cocaína sujeto con una faja elástica. Por ese hecho, fue detenida e imputada por el delito de transporte de estupefacientes. La mujer era madre de dos niños de cuatro y dos años y había sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja durante seis años. Por el último hecho de violencia había acudido a un hospital y se había trasladado a la casa de su padre y madre, con quien no tenía buena relación. Además, era el sostén económico de la familia y su ex pareja le solicitaba dinero. La mujer trabajaba como empleada de casa particular y, en algunas ocasiones, como “bagayera”. Los trabajos le alcanzaban para cubrir su alimentación y la de su familia. Su hija menor tenía una malformación congénita en una de sus manos a raíz de la cual se le prescribió una cirugía reconstructiva de manera urgente. El precio de la operación era de cien a doscientos mil pesos. En ese contexto, y mientras trabajaba en la limpieza de la casa de una persona conocida, se le ofreció el traslado de un paquete de droga a Córdoba bajo la promesa de pago de setecientos dólares. Durante la audiencia de control de la acusación, la fiscalía y la defensa acordaron sobre la existencia y la participación de la mujer en el hecho. En la discusión final, la fiscalía solicitó que se la condenara. Por su parte, la defensa sostuvo que su asistida había actuado bajo un estado de necesidad justificante. En tal sentido, explicó que la mujer era víctima de violencia de género y que se encontraba en una situación de vulnerabilidad que no le permitía afrontar los gastos de la intervención que su hija requería de manera urgente. Por tal razón, sostuvo que frente a la ponderación del traslado de la droga frente a la salud de su hija, ésta resultaba de mayor relevancia. Sobre la base de dichas consideraciones, postuló su absolución.