ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
24-ago-2015	Sueldo, Luis	El Juzgado Correccional resolvió no aceptar el ofrecimiento del pago voluntario del mínimo de la multa prevista en el artículo 281, último párrafo, del Código Penal. Ello pues, a su entender, la causal de extinción de la acción penal incluida en el art. 64 CP solo admite el pago mientras no se haya iniciado el juicio y, en el caso, la causa había sido elevada a juicio oral. Ante esta decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
20-ago-2015	VMJ	Un escribano que había sido imputado por el delito de defraudación solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se pronunció de modo favorable a la concesión del instituto. Sin embargo, el Tribunal Oral rechazó la petición. A tal fin, argumentó que correspondía aplicar al caso la pena accesoria de inhabilitación (artículo 20 bis CP) lo que obstaba la posibilidad de conceder la medida alternativa. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
4-ago-2015	Cabail Abad (reg. 304 y causa N° 53817)	Una persona había sido condenada a una pena privativa de la libertad. En ese proceso se le otorgó la libertad asistida. Luego, cometió un nuevo delito y fue condenada a una pena única de prisión. Durante la ejecución de la condena, la defensa solicitó que se le concediera la libertad asistida nuevamente. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable. El juzgado de ejecución rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, sostuvo que el artículo 56 de la ley Nº 24.660 establecía que una vez revocada la libertad asistida, la persona debía cumplir el resto de la condena un establecimiento semiabierto o cerrado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
7-jul-2015	Arfinetti Víctor Hugo c. Estado Nacional	Los actores pidieron la inconstitucionalidad del decreto 509/88, reglamentario de la ley 23.109, en tanto aquella ley establece beneficios a ex combatientes de la guerra de Malvinas que hubieren participado en las acciones bélicas, sin más distinciones, por lo cual entendieron que un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo no puede modificar sustancialmente lo que la ley establece. La sentencia de grado hizo lugar a la demanda y fue apelada por el Estado Nacional.
25-jun-2015	M, CA	Una persona había sido imputada por el delito de lesiones leves producidas en el marco de un accidente automovilístico. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. El Juzgado Correccional rechazó la solicitud. Para llegar a esta conclusión, sostuvo que los delitos sancionados con pena de inhabilitación se encontraban expresamente excluidos de la aplicación de este instituto. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
8-jun-2015	CC, RH	Un individuo que trabajaba como fletero había sido imputado por el delito de lesiones culposas causadas en el marco de un accidente vehicular. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la concesión del instituto. Argumentó que, frente a delitos que prevén la pena de inhabilitación, la única forma de aceptar la solución alternativa es mediante el ofrecimiento de autoinhabilitación. En consecuencia, el tribunal rechazó la solicitud. Contra esta resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
29-may-2015	Julian, Carlos Alberto	Un hombre había sido imputado, junto a otras tres personas, por el delito de defraudación por administración fraudulenta en concurso real con malversación de caudales equiparados públicos. Los hechos imputados eran diez. La investigación se inició en el año 2004. En diciembre de 2008, la causa fue elevada a un tribunal oral y en abril del 2009 las partes fueron citadas a juicio. En dos oportunidades se fijaron fechas de debate que, luego, fueron postergadas. Después de diez años y seis meses de tramitación del expediente, la defensa planteó la prescripción de la acción penal por violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. El Tribunal Oral rechazó el planteo y consideró que no había transcurrido el plazo de prescripción previsto en el art. 67 del CP y que la extensión del proceso no resultaba desproporcionada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
13-may-2015	Martínez, Diego Ricardo	Un hombre fue imputado en el año 2007 por el delito de robo agravado por la intervención de una persona menor de edad. Durante tres años el expediente no tuvo ninguna actuación relevante. Elevada la causa juicio, en 2014 la defensa planteó una excepción de falta de acción y requirió que se declarara la extinción de la acción penal por prescripción. La fiscalía se expidió de modo favorable. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Para decidir de ese modo, consideró que no habían transcurrido los plazos previstos para la prescripción del delito imputado. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
19-feb-2015	MMY (Causa Nº 965)	Una persona vivía con VIH y no podía incorporarse en el mercado laboral por la marginación y discriminación que sufría con motivo de su identidad y expresión de género. En con-secuencia, inició una acción de amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la CABA contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se le asigne un subsidio extraordinario y reparatorio equivalente al salario mínimo vital y móvil para dar respuesta a su necesidad de supervivencia. El GCBA contestó la de-manda y manifestó que la situación denunciada involucraba una problemática de naturaleza federal e incumbe a instituciones que funcionan bajo la órbita del Estado Nacional y solicitó que se cite como tercero al Estado Nacional. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la excepción opuesta por el Estado Nacional con sustento en lo prescripto en el artículo 116 de la Constitución Nacional y se declaró incompetente por considerar que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser partes el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional.
13-feb-2015	B, V c. G, JG	La parte actora –en representación de su hija– solicitó alimentos provisorios contra el padre y el abuelo paterno de la niña. La jueza de grado desestimó la pretensión deducida contra el abuelo pero la admitió contra el padre. La prestación alimentaria se fijó en la suma de $2.500. Contra dicha decisión, la accionante interpuso recurso de apelación tanto en razón del monto como por el rechazo del reclamo contra el abuelo. La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó la resolución recurrida, hizo extensiva al abuelo paterno de la niña la obligación alimentaria y estableció que el mero incumplimiento –total o parcial– de la cuota alimentaria por parte del progenitor habilitaría automáticamente a ejecutar la prestación contra el abuelo codemandado, sin necesidad de cumplir con ningún requerimiento ni otro recaudo previo. Asimismo, dispuso aumentos escalonados de la cuota alimentaria hasta tanto se dicte la sentencia definitiva.