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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 18-sep-2017 | CAA (causa Nº 40999) | Una persona se encontraba detenida en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. El Consejo Correccional aconsejó su alojamiento en un establecimiento de régimen abierto. Por ese motivo, la defensa solicitó su traslado a la Unidad 33. El juzgado de ejecución hizo lugar a la presentación y ordenó el traslado. Sin embargo, el Servicio Penitenciario se negó a realizarlo. Por tal razón, la defensa interpuso un hábeas corpus. El juzgado que tramitó la acción consideró que el alojamiento de las personas detenidas constituía un aspecto exclusivo de la administración penitenciaria y, en consecuencia, rechazó la presentación. La defensa interpuso un recurso de apelación contra esa decisión, que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Por ese motivo, se interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, la defensa sostuvo que la negativa de la administración carcelaria a efectuar el traslado de su asistido impactaba de manera negativa en el tratamiento resocializador previsto en el artículo 1° de la Ley N° 24.660. |
| 5-sep-2017 | DJM (causa N°74001771) | Una persona fue imputada por el delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de tenencia con fines de comercialización y comercio agravado por la intervención de tres o más personas de manera organizada. Durante la etapa de instrucción, el imputado solicitó declarar en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737. En dicha oportunidad, aportó información de distintas personas de la organización. El Tribunal Oral, finalmente, lo condenó a la pena de ocho años de prisión. Unos meses después de dictada la sentencia, y como consecuencia de las medidas de investigación realizadas a partir de los datos aportados por el imputado, se detuvo a cinco personas pertenecientes a una organización de tráfico de estupefacientes. Por esa razón, la defensa interpuso un recurso de revisión. En su presentación, solicitó que se redujera la pena impuesta a su asistido. |
| 15-ago-2017 | DV (Causa N° 53200033 2012) | “[La imputada] convivía con las [víctimas] en el domicilio en que se realizaba la explotación sexual, […] ejercía la prostitución allí y [...] era encargada de pagar el alquiler. [Además] cargaba con responsabilidades económicas de manutención de una hija, quien residía en la Provincia de Santa Fe y […] contaba con una situación precaria, toda vez que colaboraba con las necesidades de su pareja […] y del entorno familiar de aquella". |
| 3-ago-2017 | GF | Una persona se encontraba en Aeroparque con el objeto de tomar un vuelo al extranjero. En el marco de los controles de rutina, su bolso fue inspeccionado con una máquina de rayos X. Personal policial observó imágenes compatibles con la forma de fajos de billetes. Al ser consultado, el pasajero manifestó que llevaba dieciocho mil dólares. Por tal razón, se requisaron todas sus pertenencias. En el interior del bolso se hallaron dieciocho mil cuatrocientos dólares y, en el bolsillo de su pantalón, nueve mil cuatrocientos setenta dólares. Por ese hecho, fue imputado por el delito de contrabando en grado de tentativa. El juzgado dictó su sobreseimiento, por considerar que la acción era atípica. En particular, entendió que el imputado no había realizado ninguna acción idónea para ocultar, mediante ardid, el transporte de la mercadería. Contra esa resolución, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. La Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el sobreseimiento. Por tal razón, la fiscalía interpuso un recurso de casación, que fue declarado inadmisible. Contra esa decisión, se interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó la presentación de un recurso de queja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la resolución de la CFCP y remitió las actuaciones a ese tribunal, con el objeto de que tomara intervención en el caso. |
| 1-ago-2017 | ARA y otros | Un grupo de personas privadas de su libertad realizaban, en su unidad de detención, trabajos por los que no recibían remuneración. Ante esto, se interpuso un habeas corpus colectivo. El Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba rechazó la acción por considerar que no se configuraba un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Contra esta decisión, se presentó un recurso de apelación. La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia, por lo que se interpuso un recurso de casación. |
| 15-jun-2017 | BAH | Una persona detenida tenía obesidad mórbida, diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías y problemas urológicos y endocrinológicos. El Cuerpo Médico Forense realizó un informe en el que señaló la necesidad de llevar a cabo medidas para que su salud no se vea afectada. Asimismo, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un informe médico del que se desprendía que el detenido no podía realizar actividades de la vida cotidiana y que sufría un empeoramiento progresivo en su estado general de salud. En este marco, la defensa solicitó su prisión domiciliaria. El Tribunal Oral rechazó el pedido. En su decisión, sostuvo que la situación no se encontraba prevista entre los supuestos para conceder de la prisión domiciliaria (art. 10 CP y 32 de la ley 24.660). Contra esa resolución, se interpuso un recurso de casación. El Cuerpo de Peritos y consultores Técnicos de la DGN presentó un nuevo informe en el que señaló que debían arbitrarse medidas conducentes para el tratamiento integral del paciente. En ese sentido, aconsejó que el tratamiento se cumpla en un hospital extramuros debido a que el SPF no contaba con el soporte multidisciplinario necesario. |
| 7-jun-2017 | CC (causa Nº 634 2005) | Una persona finalizó los estudios secundarios en el Complejo Penitenciario Federal de la CABA. Asimismo, realizó once módulos de computación y diversos cursos de formación profesional. Por ese motivo, su defensa peticionó la aplicación del estímulo educativo, en los términos del artículo 140 de la ley Nº 24.660. En particular, solicitó que se le concediera una reducción en el régimen de progresividad de la pena. El Consejo Correccional de la Unidad se expidió de manera favorable. El representante del Ministerio Público Fiscal, luego de efectuar un análisis de los estudios, consideró que correspondía otorgarle al condenado una reducción por estímulo educativo. El juzgado, sin embargo, rechazó la petición. Frente a esto, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 23-may-2017 | LHN (Causa Nº 20248) | Una persona con celiaquía se encontraba privada de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. En 2014, solicitó al Servicio Penitenciario Federal la provisión de suplementos dietarios prescriptos por el servicio médico de la unidad. Durante más de tres años no recibió vitaminas, por lo que debieron ser proporcionadas por su familia. En consecuencia, el imputado interpuso una acción de habeas corpus. El juzgado federal únicamente ordenó la extracción de copias con el objeto de investigar la actuación del SPF. Contra esa resolución, se interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata desestimó la impugnación por considerar que la falta de entrega de los suplementos no constituía un agravamiento en las condiciones de detención. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 7-abr-2017 | M, FY y otros | En septiembre de 2014 un juez ordenó el allanamiento de un domicilio en el marco de una investigación por venta de estupefacientes. En la orden no se especificó el horario estimado ni se habilitó la realización de la medida en horario nocturno. Sin embargo, la policía de la provincia de Río Negro allanó el domicilio a las 20.05h. y encontró sustancias estupefacientes. La defensa solicitó la nulidad del procedimiento. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca hizo lugar al pedido. Para llegar a esa conclusión, confirmó a través de internet que el horario de la puesta de sol había sido a las 19:26h. y el crepúsculo vespertino a las 19:53h.; es decir, determinó que la medida se llevó a cabo en horario nocturno. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. |
| 6-abr-2017 | Q, JL y otros | En un acuerdo de juicio abreviado, la fiscalía y la defensa pactaron una pena de cinco años de prisión por el delito de explotación de la prostitución e incluyeron una reparación de $200.000. El Tribunal Oral condenó al imputado a la pena acordada pero no hizo lugar al compromiso reparatorio. Sobre este punto, la fiscalía interpuso un recurso de casación. Asimismo, el Programa de Asesoramiento y Patrocinio Jurídico para Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación se presentó como amicus curiae. Sostuvo que correspondía reparar a las víctimas de explotación de acuerdo con los parámetros tanto de la ley Nº 26.842 en consonancia con los artículos 23, 29 inc.1 y 2, 30 y 31 del CP, como de la CADH, la Convención de Belém do Pará, la Convención Internacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de Palermo. Asimismo, se fundó en las consideraciones del caso “Trabajadores de la Hacienda Brasil v. Brasil” de la Corte IDH. |