ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
23-nov-2023	Vergara Quiroz (Causa Nº 68955)	Una mujer trans ingresó al país en 2007. Con posterioridad, solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que le otorgara la radicación permanente. Sin embargo, la DNM rechazó la solicitud, ordenó su expulsión y le prohibió el reingreso con carácter permanente. Para decidir así, tuvo en consideración una causa penal por la que la mujer había sido procesada, que estaba pendiente de resolución. Contra esa decisión la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, en representación de la mujer, interpuso un recurso de revisión judicial. En la presentación, sostuvo que el acto administrativo de expulsión era nulo, ya que se motivaba en un hecho anterior a la entrada en vigencia del DNU N°70/2017. Al respecto, la defensa destacó que, hasta ese momento, la asistida no había sido condenada. Planteó también que la asistida había emigrado a la Argentina en razón de las reiteradas persecuciones que había sufrido en su país de origen por su identidad de género autopercibida. Además, manifestó que debía realizar un tratamiento médico en Argentina porque vivía con HIV. Sobre esa cuestión, indicó que su situación de salud encuadraba en las razones humanitarias establecidas por el artículo 29 último párrafo de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871.
20-sep-2023	DNM c./Becerra (Causa Nº 4977)	Un hombre de nacionalidad extranjera estaba en pareja y tenía un hijo en Argentina. Por haber sido condenado a la pena de tres años de prisión, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), en los términos del artículo 29, inciso “c”, de la ley 25.871 (Ley de Migraciones), ordenó su expulsión y prohibió su reingreso al país con carácter permanente. En paralelo, el hombre fue procesado en una causa penal que tramitaba ante el Tribunal en lo Criminal Federal Nº 7. El Tribunal hizo saber a la DNM su interés en que el hombre permaneciera en el país para continuar con el proceso seguido en su contra. A pesar de ello, la DNM solicitó la retención del señor, en base al artículo 70 de la Ley de Migraciones, para cumplir con la medida de expulsión dictada. El juzgado de primera instancia autorizó la retención.; En este marco, la defensa pública apeló en sede administrativa la orden de expulsión y, en sede judicial, solicitó el cese de la retención hasta tanto quedara agotada la vía recursiva, en los términos de los artículos 70 y 82 de la Ley de Migraciones. En su presentación judicial, la defensa explicó que la notificación de la orden de expulsión no era válida, ya que el hombre no había comprendido su contenido, y que carecía de los recursos y conocimientos necesarios para interponer un recurso. A su vez, también dio a conocer que el Sr. Becerra estaba esperando otro hijo.; La DNM sostuvo que, en primer lugar, no existía una obligación de dispensar al migrante por la invocación de sus vínculos familiares y que, en segundo lugar, la notificación había sido válida porque el hombre había podido solicitar un defensor oficial o incluso llamar a un abogado particular.
18-ago-2023	Centurión Bernal (causa N° 4374)	En abril de 2014, un hombre fue imputado por el delito de contrabando de estupefacientes. En marzo de 2017, el tribunal oral interviniente condenó al hombre a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por el delito que le había sido imputado, en grado de tentativa. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar de manera parcial al planteo de la defensa, declaró la inconstitucionalidad del artículo 872 del Código Aduanero, anuló parcialmente la sentencia y remitió la causa al tribunal de origen para que se designara a nuevos magistrados a los fines de fijar el monto de la pena. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó un recurso de queja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso, dejó sin efecto la sentencia apelada y ordenó que volvieran los autos al tribunal de casación para que dictara una nueva sentencia. En agosto de 2022, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia emitida por el tribunal oral en marzo de 2017 y devolvió las actuaciones para que la persona sea notificada en su domicilio, previo a resolver conforme el artículo 288 del CPPN, lo que significaba que podía ser detenido para comenzar a cumplir su condena. En esa oportunidad, la defensa realizó una presentación al tribunal en la que explicó que el hombre imputado había regresado a Paraguay por cuestiones laborales, que trabajaba como chofer de camiones, residía en el país vecino con su familia desde febrero de 2021 y que, durante el tiempo que se había extendido el proceso, había sido padre de dos hijos de 5 y 3 años edad. Asimismo, la defensa manifestó que desde la fecha del hecho habían pasado más de nueve años y aproximadamente seis desde el dictado de la sentencia. Entre otras consideraciones, la defensa solicitó que se declarara la insubsistencia de la pena impuesta contra el hombre por entender que se había violado su derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
7-jul-2022	Solett Cazorla (causa N° 21113)	Una persona de nacionalidad venezolana fue detenida y procesada con prisión preventiva por el delito de defraudación mediante el uso no autorizado de los datos de tarjetas de débito, reiterado en once oportunidades, en concurso real con defraudación mediante el uso no autorizado de los datos de tarjetas de débito ajenas en grado de tentativa, reiterado en doce ocasiones. La defensa solicitó su excarcelación. La fiscalía se opuso al pedido argumentando, entre otras cuestiones, que el imputado era extranjero. El juzgado rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución que denegó la excarcelación. Para decidir de esa manera, los jueces señalaron que el imputado, al momento de su detención, comenzó a forcejear con el empleado de seguridad, e intentó sustraer su arma reglamentaria. A su vez, valoró la cantidad de tarjetas y extractos bancarios secuestrados al imputado, la multiplicidad de víctimas, el importante rédito económico que habría obtenido –circunstancia que le permitiría contar con medios más suficientes para lograr su fuga o su ocultamiento del accionar de la justicia–, como así también el peligro de reiteración delictiva; y que no se pudo determinar su domicilio. Finalmente, en relación al riesgo de entorpecimiento de la investigación, el tribunal entendió que se encontraban pendiente de producción distintas medidas de prueba –peritaje de teléfonos celulares, notebook y otros dispositivos secuestrados en los allanamientos– cuyos resultados podrían derivar en pedidos de detención o dar origen a diversos cauces investigativos. Ante esta situación, su defensa interpuso un recurso de casación.
7-jun-2022	Medina (causa Nº 5465)	A dos hombres de nacionalidad boliviana –uno de ellos menor de edad– se les incautaron cédulas de identidad bolivianas que no eran suyas. Por tal razón, fueron imputados e indagados por el delito de uso de documento de identidad ajeno, en los términos del artículo 33 de la ley Nº 20.974. En la etapa de juicio oral, la defensa interpuso una excepción de falta de acción y solicitó el sobreseimiento de los imputados. En particular, sostuvo que sus asistidos eran extranjeros y que no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de las Personas, por lo que no poseían DNI. En ese sentido, entendió que la conducta reprochada era atípica. Por su parte, la fiscalía indicó había advertido que uno de los imputados era menor de edad. Por tal razón, consideró que se encontraba configurado el delito de trata de personas o el de facilitación de tráfico ilegal de personas. En consecuencia, planteó la nulidad de las declaraciones indagatorias y solicitó que se remitieran las actuaciones al juzgado de instrucción.
7-jun-2022	Sierra (causa Nº 61013386)	Una mujer de nacionalidad dominicana solicitó la carta de ciudadanía argentina. En este sentido, de conformidad con lo establecido legalmente, acreditó que contaba con dos años consecutivos de residencia en el país y medios de subsistencia propios. Entonces, el juzgado de primera instancia la convocó para que declarara sobre la relación que tenía con su familia en República Dominicana. A partir sus dichos, el tribunal sacó distintas conclusiones sobre el vínculo con sus hijos y rechazó el pedido. Contra esa decisión, la accionante interpuso un recurso de apelación.
27-may-2022	González Villalba (Causa N° 15728)	La Dirección Nacional de Migraciones había ordenado la expulsión de una persona migrante. Por este motivo, la persona interpuso un recurso de revisión judicial. En 2020, luego de que transcurra el plazo de tres meses previsto en el artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones solicitó la caducidad de la instancia. Para fundar la solicitud, expuso que la actora no había realizado actos para impulsar el proceso. La defensa solicitó el rechazo del pedido de caducidad. Entre sus argumentos, expuso que la caducidad de instancia era un modo anormal de poner fin a un proceso civil y/o comercial, y que resultaba inaplicable al procedimiento migratorio. En ese sentido, sostuvo que la interpretación de este instituto debía ser de carácter restrictivo. A su vez, agregó que la actora no había abandonado la instancia recursiva, sino que el proceso se había adaptado a las medidas tomadas por el Poder Judicial en función de la pandemia del virus COVID-19. Entre estas medidas, destacó la feria extraordinaria y su prorrogación durante el 2020.
26-feb-2022	NM (Causa Nº 765)	En 2016 un hombre de nacionalidad senegalesa había obtenido un certificado de residencia precaria que le permitía realizar tareas remuneradas en el país. Luego, la Dirección Nacional de Migraciones informó que la persona había solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, su pedido había sido rechazado en sede administrativa y se encontraba pendiente de resolución en sede judicial. Con posterioridad, la Dirección Nacional de Migraciones comunicó que su certificado de residencia precaria había vencido. Además, expuso que la persona había eludido los controles migratorios durante su ingreso a Argentina. En 2018, el hombre solicitó la ciudadanía argentina por naturalización. En su presentación, indicó que no percibía ingresos formales y que recibía ayuda económica de su hermano. El juzgado interviniente denegó la petición. Para decidir de ese modo, sostuvo que el hombre no había cumplido con los dos años de residencia que exigía la Ley de Ciudadanía (ley Nº 346) y se encontraba pendiente la solicitud de reconocimiento como refugiado. El actor, con la asistencia del Defensor Oficial, interpuso un recurso de apelación. Como medida para mejor proveer, el juez ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones que acompañara la documentación necesaria a fin de respaldar lo informado en su oportunidad. En su presentación, el organismo aclaró que no surgía en sus registros que el hombre hubiera eludido los controles de migración.
28-may-2020	Caicedo Lobo (reg. N° 1125 y causa N° 93243)	Un hombre de nacionalidad venezolana integraba una asociación que seguía a personas que arribaban al aeropuerto de Ezeiza hasta su lugar de alojamiento para robarles. Por esos hechos fue detenido e imputado por el delito de asociación ilícita en concurso real con robo agravado por el uso de armas cuya aptitud para el disparo no se tuvo por acreditado y por haber sido cometido en poblado y en banda. En particular, se le atribuyó haber aportado un automóvil a la organización. Al momento de su detención, se identificó de modo correcto, no registraba antecedentes penales y su situación migratoria estaba regularizada. La defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. Entre otras cuestiones, planteó que, en caso de ser condenado, la pena podía ser dejada en suspenso. Además, sostuvo que tenía un núcleo familiar consolidado en el país, conformado por su concubina y su hija recién nacida. El juzgado rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución. Para decidir de esa manera explicó que si bien la calificación permitía una pena en suspenso, se habían acumulado otras causas que investigaban sucesos similares y procuraban la detención de personas prófugas, quienes habían ingresado al país sin haber sido registradas por la Dirección Nacional de Migraciones, por lo que contaban con facilidad para abandonar el territorio o permanecer ocultas. Por otra parte expuso que, en caso de ser condenado, podría ser expulsado en virtud del artículo 62 de la ley N° 25.871. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
11-feb-2020	Liu (causa Nº 40452)	La señora Liu se presentó ante un juzgado y solicitó la ciudadanía argentina por naturalización. El juzgado hizo lugar al pedido. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar al recurso y revocó la resolución. El tribunal consideró que era necesario tener conocimientos elementales del idioma castellano como requisito para obtener la ciudadanía argentina. Además, sostuvo que si bien dicho criterio no se hallaba previsto en la ley, el idioma resulta imprescindible para que pudiera ejercer los derechos políticos inherentes a su condición de ciudadana. Contra esa resolución, la señora Liu interpuso un recurso extraordinario federal.