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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 7-mar-2025 | FAN y otro (Causa N° 25699) | Un adulto y un menor de edad intentaron apoderarse de un vehículo automotor dejado en la vía pública. Luego, fueron detenidos y se les imputó el delito de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa. Durante la etapa de juicio, los imputados llegaron a un acuerdo conciliatorio con el dueño del vehículo. En ese marco, le pidieron disculpas y ofrecieron una suma de dinero. La víctima prestó su conformidad. Sin embargo, la representante del Ministerio Público Fiscal se pronunció de manera negativa. No obstante, el tribunal interviniente homologó la conciliación. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que la presentación del acuerdo fue extemporánea y que no correspondía su homologación porque los imputados tenían antecedentes penales. |
| 6-mar-2025 | Cassina (causa N° 2581) | A raíz de la condena penal de una mujer de nacionalidad uruguaya, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso por el término de cinco años. Contra esta decisión, la mujer presentó un recurso judicial directo que fue denegado. Luego, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo. Fue así que se interpuso un recurso extraordinario federal. Ante una nueva denegatoria, la recurrente presentó una queja. Mientras este recurso se encontraba en trámite, la Dirección Nacional de Migraciones revocó la orden de expulsión prevista en virtud de que había operado la caducidad registral de la condena que pesaba sobre la mujer en los términos del artículo 51 del Código Penal. Esta situación fue informada por el Defensor Público Oficial y Cotitular de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. Asimismo, la Defensora General de la Nación planteó que se había tornado abstracta la cuestión debatida. Con posterioridad, el juzgado de primera instancia dejó sin efecto la orden de retención. |
| 6-mar-2025 | García (Causa N° 42079) | Un hombre conducía un camión volquete por una avenida. Por su lado derecho circulaba una bicicleta. Durante el trayecto, el camionero sobrepasó al ciclista y dobló a la derecha sin frenar ni detenerse. En ese marco, el ciclista perdió el control y se cayó hacia su izquierda y luego fue arrollado por el vehículo. A raíz de las lesiones sufridas, el conductor de la bicicleta falleció. Por ese hecho, el camionero fue condenado a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para conducir por el plazo de seis años por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por el nivel de alcoholemia, y por haber actuado con culpa temeraria. Contra esa resolución, su defensa técnica interpuso un recurso de casación. |
| 6-mar-2025 | RAM (Causa N° 64307) | Una mujer, en representación de su hijo menor de edad, firmó un convenio de honorarios con una abogada para promover una acción de filiación y fijación de cuota alimentaria a favor del niño, así como para iniciar o continuar el juicio sucesorio de su progenitor. El acuerdo estipulaba el pago de un monto fijo en dólares y un porcentaje sobre los bienes que el niño pudiera percibir. Con posterioridad, en el marco de un proceso de ejecución del convenio iniciado por la letrada, la mujer planteó la nulidad del pacto. Alegó que se trataba de un acto de disposición del patrimonio del niño y, por ende, requería autorización judicial y la intervención del Ministerio Público, cuya ausencia tornaba ineficaz el instrumento. En ese contexto, al momento de intervenir, la defensoría pública de menores e incapaces se opuso al convenio firmado. El juzgado de primera instancia declaró la nulidad del acuerdo e impuso las costas en el orden causado. Para fundar su decisión, consideró que la falta de intervención del Ministerio Público acarreaba su nulidad. Contra ese pronunciamiento, la abogada interpuso un recurso de apelación. En su presentación, argumentó que el Ministerio Público había intervenido en el proceso en reiteradas oportunidades, por lo que tuvo posibilidad de formular observaciones o peticiones respecto del convenio. Agregó que el órgano se limitó a convalidar los dichos de la madre del niño, sin fundamentar de manera precisa los eventuales perjuicios que la firma del acuerdo podía ocasionar al niño. Por último, afirmó que la nulidad derivada de la falta de intervención del Ministerio Público era de carácter relativo y, por lo tanto, susceptible de ser subsanada por el juzgado, quien debía resolver atendiendo al perjuicio o beneficio que el acto pudiera generar al niño. |
| 28-feb-2025 | UTEP (Causa Nº 9416) | En 2024 el Ministerio de Capital Humano de la Nación dictó la resolución N° 84 que transformó el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”. En concreto, dividió a sus beneficiarios en dos nuevos programas denominados “Volver al trabajo” y “Acompañamiento social”. Asimismo, en los anexos de esa resolución se reguló una serie de incompatibilidades y causales de egreso de los planes. Entre ellas, el entorpecimiento de los medios de transporte que impidieran la libre circulación por la vía pública, la comisión de actos de violencia que alteraran el orden público, la realización de viajes al exterior, la compra de moneda extranjera en el mercado oficial o la superación del salario mínimo, vital y móvil en consumos con tarjetas de débito o crédito. Además, la norma fijó la asignación mensual de los beneficiarios en una suma que no contemplaba pautas de actualización. Ante esa situación, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) presentó una acción de amparo colectivo en representación de todas las personas beneficiarias de los programas “Volver al trabajo” y “Acompañamiento social”. En su presentación, solicitó la nulidad de la referida resolución. Como medida cautelar, pidió que se suspendieran sus efectos hasta que se resolviera la cuestión de fondo. |
| 28-feb-2025 | NN (FGR 207/2025) | Tres personas fueron detenidas en un operativo de control de gendarmería. En el marco de la investigación previa a la formalización, la defensa solicitó a la fiscalía que le notifique de la toma de declaración testimonial a los/as preventores y testigos del procedimiento puesto que su hipótesis era que este no había ocurrido tal como había sido documentado. Sin embargo, la fiscalía citó a los testigos e hizo caso omiso a la petición. Por esa razón, la defensa solicitó una audiencia para requerir al representante del Ministerio Público Fiscal, a través del juez de garantías, que le permita acceder a las testimoniales. |
| 25-feb-2025 | BCC (Causa N° 952) | Una mujer se encontraba al cuidado exclusivo de sus hijos, como consecuencia del fallecimiento del progenitor de los niños. En ese contexto, la mujer se presentó ante la ANSES para solicitar que se le otorgara la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH). En respuesta, la ANSES le informó que el cobro de la AUH era incompatible con la percepción de una pensión civil provincial otorgada por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa, en virtud del fallecimiento del progenitor de los niños. Frente a esa situación, la mujer –con el patrocinio letrado de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Formosa– interpuso una acción de amparo. No obstante, el juzgado de primera instancia rechazó la demanda, al considerar que la percepción de ambos beneficios resultaba incompatible. Contra esa decisión, la mujer interpuso un recurso de apelación. En su presentación, invocó el carácter alimentario de la prestación solicitada y la situación de vulnerabilidad, por encontrarse involucrados niños, niñas y adolescentes. En esa oportunidad, se presentó la defensora pública coadyuvante de primera instancia en carácter de representante complementaria de los niños e interpuso también un recurso de apelación. Asimismo, solicitó que se declarara la nulidad de todos los actos procesales posteriores a la presentación de la demanda, en virtud de haberse omitido su intervención, lo que generó graves afectaciones a derechos fundamentales, entre ellos, el derecho de defensa, el debido proceso legal y el acceso a la justicia. Además, sostuvo que la AUH constituye uno de los derechos centrales de la seguridad social correspondiente a los niños, niñas y adolescentes y representa una de las principales políticas públicas de protección social de las infancias. En su oportunidad, la Defensoría Pública Oficial sostuvo que correspondía hacer lugar al planteo formulado, en virtud de no haberse dado intervención al Ministerio Público en representación de los niños, niñas y adolescentes involucrados. Luego, la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Resistencia y la defensora pública coadyuvante de la dependencia, en su carácter de defensora pública de menores e incapaces, ratificaron los recursos de apelación presentados en la instancia anterior. |
| 24-feb-2025 | ARA (Causa N° 65) | Un hombre había acordado con sus hermanas que viviría en el mismo inmueble que sus padres para asistirlos en forma personal y económica. Con posterioridad, el progenitor falleció. A partir de ese momento, sus hermanas se llevaron a su madre sin informarle en donde viviría. En consecuencia, el hombre intentó comunicarse con ellas, pero no respondieron sus llamadas. Tiempo después, sus hermanas realizaron una denuncia. En ese marco, se le prohibió el contacto por tres meses con su progenitora. Luego, el hombre se anotició que su madre estaba viviendo en una institución geriátrica. Por ese motivo, una vez que vencieron las medidas, se presentó en el lugar para visitarla. No obstante, le prohibieron ingresar sin la autorización de sus hermanas. En esa oportunidad, el dueño de la residencia le informó que, como se trataba de una institución privada, las visitas debían estar autorizadas por las personas que habían decidido el ingreso de la progenitora. Frente a ello, el hombre envió cartas documento para que lo autorizaran, pero no obtuvo respuesta. Por ese motivo, solicitó una medida cautelar para que se estableciera un régimen de comunicación con su madre. Por su parte, las demandadas rechazaron el pedido. Entre sus argumentos, sostuvieron que no estaban dadas las condiciones para la vinculación y que sería perjudicial para su madre. En ese proceso se realizó una audiencia con la mujer, quien manifestó su deseo de ver a su hijo y nietas. |
| 24-feb-2025 | MFL (Causa N° 4714) | Una niña se encontraba al cuidado de su progenitora, quien tenía una problemática de consumo. En octubre de 2023, el Servicio Local de Protección de Derechos de Carlos Casares advirtió que la niña se encontraba en riesgo y se vulneraban sus derechos si continuaba a cargo de su madre. En consecuencia, el organismo tomó una medida de protección excepcional respecto de la niña, que consistió en la separación de su progenitora. En ese momento, si bien el progenitor estaba privado de la libertad, durante sus salidas transitorias visitaba a su hija. A su egreso, la niña convivió un tiempo con él, mientras el Servicio Local continuaba trabajando con la progenitora. A su vez, la niña tenía un vínculo cercano y constante con su abuelo materno, quien la acompañaba y asistía en sus actividades cotidianas y con quien pasaba los fines de semana. Luego, el colegio informó al organismo de protección que la niña había manifestado vivir situaciones de violencia por parte de la pareja del progenitor. En virtud de ello, el Servicio Local contactó al abuelo materno y la niña quedó bajo su cuidado.; No obstante, en diciembre 2023, el Servicio Local informó que la niña comenzó a residir en un hogar, dado que hubo situaciones conflictivas con la abuela materna. Por entonces, también existía una causa penal a raíz de una denuncia de abuso sexual de la que habría sido víctima la niña por parte de la pareja de su madre, cuando iba a su casa en la etapa de vinculación entre ellas durante la vigencia de la medida excepcional. Por su parte, el abuelo materno siempre se comportó como un referente afectivo presente en la vida de su nieta. El hombre, en su momento, manifestó que se había separado de la abuela materna y había formado nueva pareja –que tenía una discapacidad psicosocial–, con quien convivía. Esta mujer estaba inscripta en un listado del municipio para recibir una vivienda. A su vez, el abuelo manifestó en todas las oportunidades la intención de hacerse cargo de su nieta, pero que no contaba con una vivienda adecuada para ello.; En junio de 2024, el Servicio Local presentó un informe al juzgado en el que solicitó se declarara la situación de adoptabilidad de la niña porque no se había logrado modificar las circunstancias que motivaron la separación de sus progenitores. Sin embargo, destacó el vínculo que tenía la niña con su abuelo y la intención de ambos de mantenerlo. A su turno, el juez designó una abogada a la niña, quien se opuso al pedido de declaración de situación de adoptabilidad. En ese sentido, insistió en que la falta de medios económicos de un referente familiar que deseaba cuidar a la niña no podía ser un impedimento. Por su parte, la nueva pareja del abuelo resultó adjudicataria de la vivienda que otorgó el municipio. Con posterioridad, el Servicio Local pidió que se dejara sin efecto el pedido de declaración de situación de adoptabilidad de la niña. |
| 19-feb-2025 | Anticura (FGR 265/2025) | A partir de una denuncia anónima la fiscalía comenzó una investigación por comercialización de estupefacientes en contra de una persona identificada, sin notificarle de la existencia de dicha investigación. En total, la investigación duró 42 días corridos, con dos prórrogas que no fueron solicitadas al juez de garantías. Con la información suministrada por la División Antinarcóticos la fiscalía solicitó una orden de allanamiento. La defensa pública postuló la nulidad de lo actuado, alegó que el representante del Ministerio Público Fiscal actuó sin requerir prórrogas para la investigación, sin notificar al imputado y sin dar acceso al legajo de investigación, vulnerando así su derecho a defensa. |
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