ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
18-dic-2024	Estereotipos de género y vulnerabilidad: análisis de sentencias penales por emergencias obstétricas en la provincia de Corrientes	El fenómeno de estudio de este trabajo está constituido por la criminalización de personas con capacidad de gestar por emergencias obstétricas en la Provincia de Corrientes, Argentina. En concreto, se analizará el impacto de los sesgos de género en cuatro sentencias penales de la mencionada jurisdicción. La investigación se propone responder a dos interrogantes, vinculados a cómo fueron evaluados los factores de vulnerabilidad presentes en las vidas de las mujeres imputadas por los tribunales y, en segundo lugar, por el rol que tienen los estereotipos de género y la falta de perspectiva de género interseccional en las sentencias analizadas. En síntesis, el argumento central del presente trabajo es que los hechos que dan base a la criminalización en estos casos tendrían un resultado judicial distinto en caso de ser abordados tomando en consideración el contexto de vulnerabilidad del que provienen las imputadas y evitando caer en estereotipos de género.
12-dic-2024	Herramientas prácticas construidas a partir de la experiencia de trabajo del Cuerpo de Facilitadores Restaurativos del Programa de Abordajes Restaurativos (PAR) del MPD CABA. Revista Anual N° 19. Justicia Restaurativa	El artículo analiza las herramientas prácticas desarrolladas a partir de la experiencia del Cuerpo de Facilitadores Restaurativos del Programa de Abordajes Restaurativos (PAR) del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este programa se centra en promover un enfoque restaurativo en la resolución de conflictos, buscando generar espacios de diálogo y entendimiento mutuo entre las partes involucradas. El texto aborda tanto los fundamentos teóricos del enfoque restaurativo como su aplicación práctica en diversos contextos legales y sociales. Además, el artículo presenta ejemplos concretos y metodologías empleadas por el Cuerpo de Facilitadores Restaurativos, destacando el impacto positivo de estas prácticas en la gestión de conflictos y en la construcción de relaciones más equitativas y respetuosas. También se enfatiza la importancia del rol de los facilitadores en el proceso, quienes actúan como mediadores para fomentar la escucha activa, el reconocimiento de responsabilidades y la búsqueda de soluciones consensuadas.
23-oct-2024	El abordaje de la salud mental de niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva de derechos humanos. Diálogos de la Defensa Pública para la garantía de derechos	Este libro surge de la necesidad de visibilizar las implicancias de las internaciones por motivos de salud mental en uno de los sectores más vulnerabilizados de nuestra sociedad: los niños, niñas y adolescentes. La obra busca reflexionar, con una mirada transdisciplinaria, sobre las intervenciones para asegurar los derechos fundamentales de las infancias. Con ese objetivo, pone a disposición de los/as lectores/as las contribuciones de diferentes actores del sistema de administración de justicia comprometidos con esta tarea.
13-dic-2023	Lopez Garcia (causa N° 17)	Una mujer de nacionalidad boliviana había sido condenada a la pena de cuatro años de prisión y multa de 45 Unidades Fijas conforme a la ley 27.302 por el delito de transporte de estupefaciente. Su defensa solicitó su expulsión anticipada. En ese sentido, señaló que la fecha de cumplimiento de la pena era el 6/1/2027 y el 7/1/2025 cumpliría la mitad de la condena. A su vez, tuvo en cuenta que su grupo familiar se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema ya que tenía tres hijos, dos mayores y uno menor. Los hijos quedaron a cargo de su abuela materna que había padecido un ACV y tenía secuelas que le impedían trabajar y mantenerse. Por su parte, tanto el Asesor de Menores como el representante del Ministerio Público Fiscal se pronunciaron en favor de lo solicitado.
30-oct-2023	BMA (Causa N° 101)	Una mujer y un hombre entablaron una relación sexoafectiva que perduró muchos años. Durante ese vínculo, el hombre ejerció violencia física, sexual, económica y psicológica sobre la mujer. Tiempo después, se separaron y la mujer le pidió que le entregara las llaves de la casa donde convivían. Con ese objetivo, acordaron juntarse de día en lugares públicos porque tenía miedo de estar a solas con él. El hombre no se presentó en los lugares pactados. Sin embargo, una noche mientras ella estaba en la cocina, ingresó a la vivienda. Allí, comenzó a agredirla de manera verbal y se negó a devolverle las llaves. La mujer le solicitó que se retirara de la vivienda, pero él no se movió. Por ese motivo, ella intentó salir de la casa y él se lo impidió. Además, agarró una silla y la levantó para arrojársela. En ese momento, la mujer tomó una pava eléctrica y se la tiró. El hombre se quemó la cara y la espalda con el agua caliente que contenía el electrodoméstico. Por ese hecho, la mujer fue imputada por el delito de lesiones gravísimas. Luego, el hombre divulgó en medios de comunicación y redes sociales que la mujer era violenta y que lo había lastimado. Tales dichos provocaron que la mujer fuera hostigada por la calle, en redes social y, además, perdiera su trabajo. En la etapa de juicio oral, la fiscalía y la defensa solicitaron la absolución porque entendieron que había actuado en legítima defensa. Sin embargo, la querella solicitó la condena de la mujer.
26-jul-2022	MCT (Causa N° 105899817)	Un hombre que vivía en la provincia de Mendoza escuchó gritos de auxilio en las proximidades de su casa y se comunicó con el servicio local de emergencias. En esa ocasión, denunció que había una voz femenina que pedía ayuda e indicó que podía tratarse de una situación de violencia de género. Sin embargo, la agente policial que atendió el llamado no dio curso a la denuncia y, sin justificación alguna, cortó la comunicación. La agente tampoco dio aviso a sus superiores ni identificó mediante el sistema informático el lugar de los hechos. Ese mismo día, la persona que había pedido ayuda fue asesinada. Con posterioridad, se inició una causa penal contra la agente en la que se comprobó que los gritos provenían de la adolescente víctima de femicidio. En consecuencia, se condenó a la agente por los delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de violencia institucional. Asimismo, se le impuso al Estado provincial que revisara los protocolos de intervención, que capacitara al personal en materia de violencia de género y que adecuara sus sistemas informáticos de geolocalización. Por su parte, los familiares de la víctima demandaron a la provincia de Mendoza por daños y perjuicios. En su presentación, señalaron que su dependiente había incumplido el protocolo interno debido a que había descartado la llamada por considerarla falsa. En ese sentido, los actores sostuvieron que si la operadora hubiera prestado el servicio de manera diligente, los móviles policiales cercanos habrían acudido al lugar de inmediato y se habría evitado el fallecimiento. Por su parte, la demandada se presentó y negó la relación causal entre la omisión de la agente policial y la muerte de la joven. Sobre ese aspecto, agregó que era un caso de dolo de un tercero por el que no debía responder y atribuyó responsabilidad a los progenitores por falta de cuidado.
23-jun-2022	RYS (Causa N° 956)	Una adolescente que vivía en una zona rural del interior de la provincia de Chaco y que desconocía que estaba embarazada dio a luz en el baño de su domicilio y se desmayó. Luego, su hermano la encontró desangrada y la llevó al hospital más cercano. En el centro de salud, profesionales la denunciaron a la policía por el delito de aborto. De forma posterior, personal policial acudió al domicilio donde habían ocurrido los hechos e identificó el cuerpo de un recién nacido sin vida. Durante la investigación, se acreditó que la joven vivía junto con su familia y con su hija de dos años en una vivienda precaria. La joven fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. En el marco del juicio oral, la Asesora de Menores y su defensa solicitaron su absolución, a la cual adhirió la fiscalía.
25-abr-2022	Argañaraz y otro (causa N° 5706)	Una mujer cumplía arresto domiciliario en una vivienda donde residía junto a sus hijos y sus hermanas. En el marco de una investigación por el delito de robo con arma, se ordenó el allanamiento del domicilio. Al momento de ingresar personal policial, un hombre que se encontraba en el interior de la casa arrojó por una ventana una bolsa de supermercado. En su interior contenía, entre otras cosas, una balanza, envoltorios con cocaína y principios activos de marihuana. Luego, el hombre fue identificado como la ex pareja de la mujer. Por ese hecho ambos fueron imputados por el delito de comercio de estupefacientes con fines de comercialización. Al momento de prestar declaración indagatoria, negaron su vinculación con los hechos atribuidos. Con posterioridad, la mujer manifestó que quería ampliar su declaración. En esa oportunidad, relató que no había declarado con la verdad puesto que se encontraba amenazada por su ex pareja y los familiares de éste. A su vez, expresó que había denunciado a su ex pareja por violencia de género ante la justicia y ante el Patronato de Internos y Liberados de la provincia de Tucumán. A partir de esas declaraciones, se incorporaron informes de la División de Violencia de Género de la policía y de la Oficina de Ejecución de Sentencia del Ministerio Público Fiscal que daban cuenta de la violencia de género alegada. En consecuencia, la defensa solicitó el sobreseimiento de la mujer.
23-ago-2021	LAT (Causa N° 8873702)	Una mujer había trabajado en el servicio de instrumentación quirúrgica en un hospital. En ese ámbito, el coordinar del equipo que integraba le marcaba de manera constante los errores frente a sus compañeros. Incluso, sólo ella recibía comentarios hostiles por tareas cotidianas que realizaba junto al equipo. Ante esta situación, decidió realizar una denuncia ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la provincia de Córdoba. La mujer solicitó que se dictaran medidas urgentes de cese de actos de perturbación e intimidación por parte de su coordinador. En esa oportunidad, se dictaron las medidas cautelares solicitadas hasta que el juzgado resolviera la existencia de una situación de violencia de género en el ámbito laboral.
3-jun-2021	Gomez Coronel (Causa N° 734158)	Una mujer que cursaba la semana 38 y 39 de embarazo sintió una molestia. En consecuencia, decidió concurrir a su médico. El médico la atendió, pero subestimó sus dudas y relativizó el dolor que sentía. Además, se negó a indicarle que se realizara una ecografía. Sin embargo, la mujer solicitó un turno en otro centro médico para realizarse ese estudio. En esa oportunidad, el médico que la atendió le informó que el bebé tenía dos circulares de cordón y que la placenta se encontraba madura en grado III. El profesional le recomendó que consultara a su médico cuanto antes. Ante esa situación, la mujer sacó turno para atenderse con su obstetra ese mismo día. Una vez en el lugar, su obstetra le manifestó que le iba a realizar la llamada “maniobra de Hamilton”, pero no le brindó más información. Entonces, le desprendió la placenta sin su consentimiento y la mujer se retiró con fuertes dolores. Ante la persistencia de dolores, la mujer decidió concurrir al hospital. Allí, le diagnosticaron que tenía gastritis y estaba deshidratada. En consecuencia, quedó internada y le realizaron una nueva ecografía que confirmó la doble circular de cordón. Asimismo, le programaron una cesárea. Antes de la operación, comenzó a sentir fuertes dolores y trabajo de parto. Sin embargo, nadie le informó lo que sucedía. Después de dos horas sin información, nació su hija bañada en un líquido verde. La mujer preguntó qué ocurría mientras los médicos le acercaron a su bebé y, sin tener más contacto, se la llevaron. Horas después, le trajeron a su hija para amamantarla. La mujer se encontraba desorientada y asustada. Luego de unos años, durante su terapia, la mujer comprendió todas las consecuencias que ese suceso le produjo. Por este motivo, denunció al centro médico M., al Hospital T.C y a los médicos tratantes por presunta violencia obstétrica. De esa manera, se brindó intervención al Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1° Nominación de Salta.