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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 29-jul-2024 | Gareca y Zalazar (FSA 2053-2024-4) | Una persona fue detenida por Gendarmería al intentar retirar una encomienda con estupefacientes. Le secretario del Juzgado Federal autorizó a los preventores a acceder a los mensajes del celular del detenido, siempre que contaran con su consentimiento. A partir de esa revisión, se vinculó a una segunda persona con el hecho investigado. Su defensa cuestionó la validez de la autorización y del procedimiento, alegó que se vulneró el artículo 73 del CPPF, que prohíbe interrogar a personas detenidas, y solicitó el sobreseimiento. El planteo se basó en un video del procedimiento registrado por Gendarmería. La fiscalía se opuso. |
| 24-jul-2024 | Gutiérrez (causa N° 2966) | A raíz de un allanamiento, efectivos policiales secuestraron en un domicilio 78,93 gramos de cocaína y 25,5 gramos de marihuana. Por esos hechos, una mujer trans fue procesada con prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En el marco del proceso, el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la comunidad, el Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos y la Comisión sobre temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación realizaron diversos informes que constataron que la mujer vivía en condiciones de precariedad económica, que había vivido episodios de violencia de género y otros hechos de discriminación en razón de su identidad de género. Entonces, su defensa solicitó su sobreseimiento por considerar, entre otras cuestiones, que había actuado bajo un estado de necesidad justificante debido a su situación de extrema vulnerabilidad. A su turno, el representante del Ministerio Público Fiscal se pronunció de manera favorable. |
| 24-jul-2024 | OJM (Causa N° 50639) | Un juez penal sobreseyó a un hombre, dispuso una medida de seguridad consistente en su internación compulsiva en un hospital especializado y la fijación de una consigna policial hasta que el magistrado civil asumiera la intervención. En concreto, dispuso que la ejecución, condiciones y vigencia de la medida de seguridad y de la consigna policial quedaran bajo exclusivo cargo del juzgado nacional de primera instancia en lo civil que por turno correspondiera. En ese marco, la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) concurrió al lugar de internación y se presentó en la causa civil. Solicitó la habilitación de feria, debido a que esa medida involucraba derechos constitucionales fundamentales de la persona asistida. Acompañó informes del equipo de salud donde surgía que el hombre no presentaba una situación de riesgo cierto e inminente que justificara su permanencia en la institución ni la consigna policial. En el caso, requirió la intervención judicial para que le hombre pudiera ser externado por su equipo tratante y continuara su tratamiento mediante la alternativa terapéutica más adecuada. Por ello, solicitó que se modificara el carácter de la medida de seguridad, se convalidara la internación involuntaria y se levantara la consigna policial. Además, pidió que se notificara al equipo de salud tratante que el alta, externación o permisos de salida eran facultades del equipo de salud que no requerían autorización del juez, quien estaba obligado a externar a la persona o a transformar la internación en voluntaria, apenas cesara la situación de riesgo cierto e inminente.; A esos fines, destacó que la Ley N° 26657 sobre el Derecho a la Protección de la Salud Mental es una de orden público y de aplicación obligatoria para personas privadas de su libertad, en cualquier modalidad, incluso por medidas de seguridad. Detalló que la única excepción a las medidas de seguridad se vinculaba con su finalización, la que requería una decisión jurisdiccional. Además, resaltó que una medida de seguridad no podía prolongarse cuando los presupuestos que le daban justificación legal ya no se encontraban presentes. Agregó que había otros medios menos restrictivos de la libertad ambulatoria y que no resultaba razonable aplicar una medida más gravosa como la medida de seguridad (en los términos del artículo 34, inciso 1 del Código Penal) en contraposición con una internación ordinaria por motivos de salud mental, según los artículos 20 y 23 de la ley 26657. Por último, y para el eventual caso que ese juzgado civil entendiera que no era competente para resolver y devolviera la causa al juzgado penal, la Unidad solicitó que se sostuviera la competencia transitoria de ese órgano jurisdiccional a fin de controlar la medida hasta que se resolviera la cuestión. Ello con el objeto de adoptar las medidas urgentes y necesarias para resguardar los derechos de la persona internada. En ese sentido, recordó la Resolución SE N° 9/2022, a través de la cual el Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental recomendó a los juzgados penales que, ante la imposición de una medida de seguridad, mantuvieran su competencia para su control, a los efectos de evitar conflictos de competencia. |
| 22-jul-2024 | Los niños son ante todo niños. La protección de los derechos de la infancia en contextos migratorios | El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes presentó un informe vinculado a los niños, niñas y adolescentes en contextos migratorios. En el documento pone de relieve la amplia protección de los derechos del niño que brinda el derecho internacional independientemente de su situación migratoria. Asimismo, analiza los problemas contemporáneos a los que se enfrentan los niños en contextos de migración en lo que respecta a los derechos humanos. Por último, presenta las bases para una acción prioritaria en el futuro. |
| 19-jul-2024 | Formas contemporáneas de la esclavitud que afectan a las personas encarceladas y previamente encarceladas | El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos presentó un informe vinculado a las formas contemporáneas de la esclavitud que afectan a las personas encarceladas y previamente encarceladas. En el documento examina en qué medida los Estados recurren a las personas encarceladas para la realización de trabajo obligatorio y qué prácticas pueden equivaler a formas contemporáneas de la esclavitud y a otras violaciones o abusos de los derechos humanos. Asimismo, evalúa el riesgo de que las personas previamente encarceladas sean sometidas a formas contemporáneas de la esclavitud. |
| 18-jul-2024 | Acceso a la información sobre el cambio climático y los derechos humanos | La Relatoría Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático emitió un informe en el que analizó las particularidades, dificultades y buenas prácticas relacionadas con el acceso a la información sobre el cambio climático y los derechos humanos. Asimismo, aclaró las obligaciones internacionales de los Estados, a título individual y en el marco de la cooperación internacional, y las responsabilidades empresarias. También se formularon diversas recomendaciones específicas para que los Estados, las empresas y el sistema de las Naciones Unidas mejoraran el acceso a la información como prerrequisito para que los procesos decisorios sobre el cambio climático sean transparentes, inclusivos y eficaces a todos los niveles. |
| 18-jul-2024 | ESM (Causa N° 1734) | Una mujer de 82 años estaba internada en un hogar geriátrico que solventaba su familia de forma particular. La mujer tenía padecimientos de salud psicofísica y contaba con Certificado Único de Discapacidad. En el marco de una evaluación, su médico tratante recomendó que continuara institucionalizada en el mismo lugar para no empeorar su situación. En consecuencia, y ante la imposibilidad de sus parientes de seguir afrontado los costos, la afiliada solicitó a PAMI la cobertura del alojamiento. La entidad rechazó el pedido. En ese sentido, argumentó que la residencia no formaba parte de sus proveedores. También le informó que había sido colocada en una lista de espera de vacante para alguna de sus residencias y que la institución donde estaba internada no se hallaba habilitada como hogar para discapacidad. Ante esa respuesta, la mujer inició una acción de amparo contra PAMI, que resultó favorable. Por su parte, la demandada apeló la sentencia. Entre sus argumentos, señaló que no solo había ofrecido a la ampartista prestadores propios, sino además la cobertura sobre la base del valor cama. Agregó que en su caso no correspondía la cobertura total pues no se trataba de una prestación básica. Por último, manifestó que en el expediente no surgía que la mujer tuviera una enfermedad que requiriera atención psiquiátrica o que determinara una discapacidad. Sobre ese aspecto, atribuyó la afección de salud a la edad de la actora. |
| 18-jul-2024 | Capacidad jurídica y consentimiento informado | La Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad elaboró un informe en el que abordó las restricciones a la capacidad jurídica de las personas mayores y los obstáculos al ejercicio del consentimiento informado. A partir de su análisis, realizó recomendaciones a los Estados para garantizar la autonomía y respetar la voluntad de estas personas. |
| 18-jul-2024 | Hanovs v. Letonia | Una pareja de hombres estaba de paseo por un mercado cuando se acercó otro hombre y comenzó a proferir insultos homofóbicos. Luego, el agresor se puso violento e intentó golpear a uno de los hombres de la pareja pero este logró refugiarse en un local, aunque los insultos y amenazas continuaron. La víctima denunció los hechos y el agresor fue identificado por la policía. En su declaración en sede policial, admitió que se había sentido ofendido por las demostraciones de afecto de la pareja, que consideraba “inaceptables”, y que por eso había insultado y agredido al hombre. La policía archivó las actuaciones por considerar que no se trataba de un delito sino de una mera ofensa administrativa. La víctima apeló el archivo y alegó que debería investigarse como un crimen de odio. Sin embargo, la fiscalía consideró que los hechos no tipificaban como tal porque no hubo una incitación directa al odio y la agresión fue contra un individuo y no contra un grupo minoritario. Contra esa decisión, la víctima presentó nuevos recursos que no prosperaron. En paralelo, al agresor se le impuso una sanción administrativa por vandalismo y una multa de 70 euros. |
| 18-jul-2024 | TSG (Causa N° 23630) | En el marco de una internación involuntaria, una persona sufrió una agresión por parte de un policía que cumplía funciones de consigna policial. De acuerdo a la historia clínica, durante una situación de conflicto y gritos de la persona con un compañero de sala, se solicitó –en dos oportunidades– la colaboración del agente policial para que la persona regresara a su box. En esa ocasión, el agente hizo un uso desmedido de la fuerza física contra el paciente y lo redujo al suelo. En virtud de lo sucedido, la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) tomó intervención. En primer lugar, solicitó habilitación de la feria judicial porque se trataba de una internación involuntaria por motivos de salud mental que involucraba derechos constitucionales. Informó que ya había realizado una presentación ante el juzgado que intervenía en el control de internación para que asumiera la supervisión de la consigna policial, pero que el pedido no había sido resuelto.; Ante la nueva situación, la trabajadora social del equipo de la Unidad concurrió al dispositivo y se entrevistó con la persona internada, quien manifestó su intención de realizar la denuncia. También se puso en conocimiento del episodio al Programa contra la violencia institucional de la Defensoría General de la Nación. Teniendo en cuenta que el hombre tenía limitada su libertad ambulatoria para realizar la denuncia, la Unidad solicitó que se diera intervención al juzgado penal de turno para que investigara la posible comisión de un delito derivado del hecho de violencia sufrido. Asimismo, requirió los ajustes razonables y apoyos necesarios para el trámite de la denuncia y, en especial, que se instrumentaran mecanismos de notificación que le permitieran a su asistido conocer y participar en el proceso. Respecto a la consigna policial, requirió que se restringiera el contacto entre el agente policial y la persona. Por último, solicitó la actuación urgente del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental. |