Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 30-jun-2026 | Simulaciones con IA - Argumentación Jurídica | El presente documento ha sido diseñado como un dispositivo de entrenamiento orientado específicamente a ejercitar saberes inherentes a la argumentación jurídica. Su estructura se centra en la práctica deliberada mediante ejercicios progresivos que reproducen diferentes escenarios que puede afrontar un abogado litigante. |
| 30-jun-2026 | YL (Causa N° 8843) | Un hombre de nacionalidad china ingresó a la Argentina de manera irregular. Por ese motivo, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia. En consecuencia, se ordenó su expulsión del territorio y la prohibición de reingreso al país por cinco años. Pese a que el hombre recurrió esa resolución, el juzgado rechazó su petición. La decisión fue confirmada en todas las instancias posteriores, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego, el hombre solicitó la carta de ciudadanía argentina por naturalización. En el marco del proceso, presentó testigos para acreditar que se dedicaba al comercio, que había abierto un supermercado y que, por ende, tributaba en el país. Asimismo, afirmó que se encontraba integrado a la comunidad, donde residía junto a su esposa e hijos. El juzgado de primera instancia rechazó el pedido. Para arribar a esa decisión, tuvo en consideración la situación migratoria irregular del actor. Contra esa resolución, el hombre interpuso un recurso de apelación. En su presentación, manifestó, entre otras cuestiones, que habían transcurrido más de tres años desde la confirmación de la expulsión por la CSJN sin que esa medida se efectivizara. En ese sentido, alegó que en el derecho argentino se reconoce que los actos administrativos sancionatorios que no se ejecutan dentro de un plazo razonable pierden eficacia jurídica por caducidad, en virtud de los principios de legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica. Por su parte, la fiscalía interviniente indicó que estaban acreditados los requisitos para que se le otorgara la ciudadanía, ya que cumplía con los dos años de residencia continua previa a la solicitud y no registraba antecedentes penales en Argentina ni en su país de origen. Además, sostuvo que –si bien el decreto 366/2025 modificó la Ley N° 346 de Ciudadanía y atribuyó a la Dirección Nacional de Migraciones la competencia para el otorgamiento de la ciudadanía, en lugar del Poder Judicial de la Nación– las actuaciones se iniciaron conforme al régimen previsto por la Ley N° 346. Por ende, señaló que debían tramitar de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 44 del referido decreto. Por todo ello, concluyó que la resolución recurrida debía ser revocada. |
| 30-jun-2026 | Yuriy Dmitriyev v. Russia | Un hombre había adoptado una niña. A fines de 2016, la policía recibió una carta anónima que lo denunciaba por fotografiarla desnuda. En consecuencia, se inició una investigación penal. Durante un allanamiento se descubrieron varias carpetas digitales con fotos de la niña desnuda. Asimismo, se hallaron distintos componentes de armas de fuego. El hombre fue detenido en prisión preventiva, situación que se extendió hasta el 2017. Al mismo tiempo, la niña fue alejada del entorno del acusado y enviada junto a su abuela que vivía a 600 kilómetros. Entre los argumentos para mantener al hombre en prisión, los tribunales alegaron la gravedad del hecho investigado, antecedentes condenatorios en sede administrativa y el peligro de influencia del hombre sobre la niña. En 2018, se lo condenó a dos años y medio de prisión de ejecución condicional por el delito de posesión ilegal de componentes de armas de fuego. En relación con el delito de producción de pornografía infantil, fue absuelto. Sin embargo, en 2018 una autoridad local de protección de los derechos de los niños denunció que había recibido una declaración de la niña que mostraba indicios de haber sido víctima de abuso sexual. En consecuencia, se inició una nueva investigación contra el padre adoptivo por la que fue nuevamente detenido bajo los mismos argumentos del procedimiento anterior. En 2020 se lo declaró culpable del delito de agresión sexual y fue condenado a tres años y medio de prisión efectiva. Contra la sentencia, tanto el defensor como el fiscal interpusieron recursos. Durante la sustanciación de las apelaciones, el abogado de confianza del imputado informó al tribunal que había sido diagnosticado con COVID-19 y debía guardar cuarentena. Por esa razón, solicitó la suspensión de la audiencia fijada. El tribunal rechazó el pedido y designó un defensor de oficio dos días antes de la audiencia. En ese acto, el hombre manifestó su disconformidad con la defensa asignada e informó que padecía de problemas auditivos severos que le impedían comprender la audiencia en su formato virtual y comunicarse de manera efectiva con el nuevo abogado defensor. Sin embargo, el tribunal rechazó sus planteos. Finalmente, la sentencia fue revocada, se dictó una nueva condena contra el hombre por el delito de abuso sexual y se impuso una nueva pena de trece años de prisión. Luego de que el imputado interpusiera un recurso de casación, la condena fue confirmada. La defensa interpuso un nuevo recurso que fue desestimado por el Tribunal Supremo de la Federación Rusa. |
| 26-jun-2026 | LMC (Causa N° 108035) | En el marco de un proceso penal, se declaró inimputable a una mujer y se la sobreseyó. Asimismo, se ordenó su internación involuntaria, a fin de que realizara un tratamiento interdisciplinario en salud mental. Con el objetivo de que se controlara la evolución y el seguimiento del tratamiento, se remitieron las actuaciones a un juzgado civil. En ese contexto, la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) intervino en su defensa. Tras compulsar la historia clínica de la asistida, los integrantes del equipo interdisciplinario de la Unidad elaboraron un informe en el que advirtieron, entre otras cuestiones, una constante y frecuente implementación de sujeciones mecánicas. Al respecto, consideraron que la aplicación de estas medidas debe responder a una política sanitaria coherente, justificada, monitoreada. Asimismo, entendieron que debía reevaluarse su necesidad de manera regular y con la correspondiente registración en la historia clínica. Además, manifestaron que es importante valorar su funcionalidad terapéutica y que se ensayen y registren otras estrategias. A su vez, afirmaron que la indicación de las medidas debe estar a cargo de un equipo interdisciplinario. Frente a esa situación, la Unidad solicitó la declaración de ilegalidad de las medidas de sujeción. En respuesta, el juzgado resolvió que la cuestión planteada excedía el objeto de las actuaciones en trámite, dado que merecía un ámbito de conocimiento que posibilitara mayor debate y prueba. Así, solicitó que se canalizara por separado, por la vía y forma que correspondiera. Contra esa decisión, la Unidad interpuso un recurso de apelación. En su presentación, sostuvo que el juzgado requirió informes sobre las sujeciones mecánicas a las que fue sometida la mujer e hizo saber que se trataban de medidas excepcionales, por lo que, de esa forma, aceptó que la cuestión integraba el objeto de las actuaciones. Asimismo, consideró que el control judicial de la internación debía comprender las condiciones concretas de su ejecución y el conjunto de las intervenciones terapéuticas durante su vigencia. Por todo ello, requirió que se rectificara lo resuelto y se declarara la ilegalidad de las medidas de contención impuestas. Por su parte, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales Nacionales de Segunda Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo, en su dictamen, adhirió a la presentación de la Unidad de Letrados. |
| 25-jun-2026 | Acuña (Causa N° 25334) | Un tribunal oral condenó a una mujer a una pena de cuatro años de prisión por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Durante la ejecución de la pena, el juez a cargo le otorgó la prisión domiciliaria con fundamento en el interés superior de dos hijas. En ese período, también autorizó egresos del domicilio. Luego, la defensa solicitó la incorporación de la mujer al régimen preparatorio para la liberación previsto en el artículo 56 quater de la ley N° 24.660. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió la producción de informes para evaluar la procedencia del pedido. El juez a cargo de la ejecución tuvo en cuenta que la mujer cumplía pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria y declaró abstracto el planteo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de reposición. Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la prisión domiciliaria no excluía la sujeción al régimen progresivo de la pena y dictaminó a favor de la procedencia del recurso. El tribunal oral rechazó el recurso. Para decidir de esa manera, consideró que el acuerdo entre la defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal no resultaba suficiente para habilitar la aplicación del régimen preparatorio para la liberación. A su vez, señaló que ese instituto sólo era aplicable a personas alojadas en establecimientos penitenciarios. La defensa interpuso un recurso de casación. Radicada la causa en la Cámara Federal de Casación Penal, el representante del Ministerio Público Fiscal no expresó su posición. |
| 25-jun-2026 | MIL y otro (Causa N° 14979) | Dos jóvenes de dieciséis y diecisiete años interceptaron a otro al salir de la escuela. Uno de ellos lo empujó y le provocó lesiones. Con posterioridad, le envió mensajes telefónicos con insultos y amenazas. Además, le exigió dinero. Luego, los jóvenes fueron imputados por el delito de amenazas. Durante el proceso, los imputados y la víctima celebraron un acuerdo conciliatorio. En la audiencia correspondiente, los agresores pidieron disculpas y expresaron su arrepentimiento. La víctima aceptó el ofrecimiento. |
| 24-jun-2026 | Flores (causa N° 13521) | Un hombre, junto con dos personas que no pudieron ser identificadas, intentó apoderarse de un teléfono celular mediante el uso de un cuchillo. Luego de un forcejeo, se escaparon sin lograr sustraer el teléfono. A partir de un llamado al 911, el Centro de Monitoreo Urbano identificó a uno de los intervinientes y personal policial lo detuvo. Por esos hechos, el hombre fue condenado a tres años de prisión de efectivo cumplimiento como coautor de robo agravado por el uso de arma, en grado de tentativa, y por haber sido cometido en poblado y en banda. Para aplicar esta última agravante, el tribunal oral consideró que habían intervenido tres personas con un reparto de tareas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación y cuestionó, entre otros aspectos, la aplicación de la agravante de banda. En su presentación, sostuvo que la intervención conjunta de tres personas en un hecho no era suficiente para configurar ese supuesto y cuestionó el alcance atribuido al término “banda” por considerarlo contrario al principio de legalidad. |
| 18-jun-2026 | VY (Causa N° 17978) | Una mujer extranjera inició el trámite de carta de ciudadanía. En ese marco, interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad con relación al DNU 366/2025. Esa norma modificó la Ley N° 346 de Ciudadanía y atribuyó a la Dirección Nacional de Migraciones la competencia para el otorgamiento de la ciudadanía, en lugar del Poder Judicial de la Nación. En su presentación, la actora cuestionó la competencia del Poder Ejecutivo para emitir la norma y sostuvo que la facultad de legislar en materia de inmigración y ciudadanía corresponde al Congreso Nacional. Asimismo, afirmó que no se encontraban reunidos los requisitos de necesidad y urgencia previstos por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional para el dictado del DNU. El juzgado de primera instancia rechazó el planteo. En esa oportunidad, hizo saber a la mujer que, conforme lo establecido en el referido decreto, la carta de ciudadanía debía tramitarse ante la Dirección Nacional de Migraciones. En consecuencia, ordenó el archivo de la causa. Frente a esa situación, la mujer recurrió la resolución. |
| 18-jun-2026 | LMN (Causa N° 1318) | El 2 de marzo de 2009, una mujer fue asesinada en la ciudad de Bahía Blanca. El agresor tenía la intención de vengar la muerte de su hermano, hecho por el cual se había imputado a un hijo de la víctima. Previo al homicidio, la mujer y su hijo habían realizado reiteradas denuncias ante las autoridades por el acoso y el amedrentamiento que sufrían por parte de esa persona. Ante lo sucedido, los hijos y nietos de la víctima iniciaron una demanda por daños y perjuicios contra el homicida y contra la Provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad, sostuvieron que la inacción de las autoridades al no implementar mecanismos preventivos y de protección frente a las denuncias recibidas fue determinante para el resultado fatal. El hombre fue declarado responsable del homicidio en sede penal. Asimismo, la justicia en lo civil hizo lugar al reclamo, condenó al agresor y le atribuyó un 20% de responsabilidad al Estado provincial por falta de servicio, dadas las irregularidades de las autoridades en la tramitación de las denuncias.; Ambas partes apelaron la sentencia. Luego, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso el recurso interpuesto por el Estado provincial y admitió de manera parcial el de la actora. A su vez, elevó los montos indemnizatorios de los gastos de sepelio y daño moral. En ese sentido, reafirmó que se encontraba acreditada la responsabilidad del Estado por omisión, toda vez que las autoridades públicas provinciales –en particular los funcionarios del Ministerio Público– tuvieron conocimiento de un riesgo cierto para la integridad física y la vida de la víctima y, pese a ello, realizaron un irregular tratamiento de causas originadas por las denuncias. Frente a esta decisión, la Fiscalía de Estado presentó un recurso ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Argumentó que no existía nexo causal para responsabilizar al Estado, ya que habían transcurrido once meses entre la última denuncia y el homicidio. Por su parte, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires –por mayoría– rechazó el recurso y confirmó su condena. Consideró que el Estado provincial no logró demostrar de qué manera la sentencia impugnada aplicó de manera errónea la normativa. Allí también concluyó que las reiteradas denuncias de la víctima habían constituido una alerta temprana para el Ministerio Público sobre un escenario de peligro que ameritaba un accionar preventivo para proteger la integridad física de la mujer. Contra esa resolución, el Estado interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su denegación dio lugar a una queja. |
| 17-jun-2026 | El derecho a conocer la prueba de cargo en la jurisprudencia de los tribunales superiores extranjeros | El acceso de la defensa a las actuaciones de investigación y a la prueba reunida constituye una de las manifestaciones centrales del derecho de defensa en el proceso penal, indispensable para la preparación de una estrategia eficaz y para la vigencia del principio de igualdad de armas. Este documento reúne decisiones significativas de la Corte Suprema de Justicia de Chile, la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Suprema de Canadá, la Corte Suprema de los Estados Unidos y el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales, que abordan diversas facetas del derecho de defensa, el deber de revelación de la prueba y el control judicial de las restricciones al acceso a la información. El boletín está organizado en función de los países de los cuales emana la jurisprudencia a fin de facilitar una lectura comparada que permita identificar continuidades, contrastes y principios comunes en la forma en que distintos sistemas jurídicos han abordado las tensiones entre eficacia investigativa y garantías del derecho de defensa. Esperamos que este insumo sea de utilidad para los integrantes de la defensa pública a la hora de diseñar las estrategias de argumentación jurídica. |