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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 6-ene-2009 | Amparo directo civil 6-2008 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México | Una persona trans realizó un juicio de rectificación de acta y demandó al director del Registro Civil del Distrito Federal a los fines de la rectificación de su nombre y sexo, en virtud del diagnóstico de un estado intersexual denominado “seudohermafroditismo femenino”, consecuencia de una deficiencia enzimática y virilización de órganos sexuales externos, y haber sido sometida, primero, a un tratamiento hormonal inducido o tratamiento de asignación hormonal feminizante, toda vez que su aspecto físico, psicológico y social era el de una mujer. Además, solicitó que se elaborara una nueva acta sin dejar constancia de aquella situación. El tribunal de primera instancia hizo lugar parcialmente a la acción y concedió el cambio de nombre y sexo con anotación marginal en la partida. |
| 18-dic-2008 | Saviny v. Ucrania | Los peticionarios, marido y mujer, eran ciegos desde su infancia. Dieron a luz a siete hijos. Cuatro de ellos fueron llevados a los servicios sociales en 1998. Los otros tres fueron puestos en la misma situación en virtud de una sentencia judicial de 2006. Las autoridades nacionales alegaron que la falta de medios financieros y las cualidades personales de los peticionarios ponían en peligro la vida, la salud y la educación moral de todos sus hijos. Los peticionarios apelaron la sentencia sin éxito. |
| 2-dic-2008 | GME (causa N° 147) | La Fundación Sur Argentina interpuso una acción de hábeas corpus colectivo en favor de todas las personas que hubiesen cometido un delito antes de los 16 años de edad y se encontrasen privadas de su libertad. Además, solicitó que se instara al Poder Ejecutivo Nacional y local a elaborar e implementar un plan progresivo de liberación de dichos jóvenes. Finalmente, planteó la inconstitucionalidad de la ley N° 22.278. El juzgado rechazó el planteo. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Por tal razón, la fundación interpuso recursos de casación e inconstitucionalidad. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la ley N° 22.278. Contra esa resolución, se interpuso un recurso extraordinario federal. |
| 27-nov-2008 | Salduz v. Turquía | El 29 de mayo de 2001, Yusuf Salduz participó en una manifestación que fue declarada ilegal. El peticionario –menor de edad cuando ocurrieron los hechos– fue arrestado e imputado por prestar ayuda a una organización terrorista. Un día después de la detención, la policía registró una declaración en la que el señor Salduz admitía los cargos que se le atribuían. Sin embargo, el nombrado negó el contenido de su declaración, que –alegó– había sido extraída bajo coacción. Durante el juicio oral se retractaron cinco coimputados que habían testificado en su contra durante la investigación preliminar. Sin embargo, el tribunal lo condenó a partir de la confesión obtenida bajo custodia policial. |
| 30-oct-2008 | Bayarri v. Argentina | El 18 de noviembre de 1991, Juan Carlos Bayarri, de nacionalidad argentina, fue detenido por la policía en la provincia de Buenos Aires, sospechado de haber participado en un secuestro extorsivo. Fue llevado a un centro clandestino de detención, donde fue sometido a torturas. El 24 de noviembre, casi una semana después de su detención, fue trasladado al Juzgado de Instrucción para prestar declaración. Allí presentó unas hojas en las que confesaba su participación en el secuestro, aunque más tarde desconoció esa confesión y denunció haber sido torturado y amenazado por la policía. No obstante, el juzgado admitió la confesión como prueba de cargo y dictó su prisión preventiva. Bayarri estuvo privado de su libertad por casi 13 años y, en 2001, fue condenado a prisión perpetua. En 2004, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia al declarar inválida la confesión por haber sido obtenida bajo tortura y anuló todos los actos procesales derivados de ella. En consecuencia, lo absolvió y ordenó su libertad. En 2006, a raíz de sus denuncias, los policías involucrados fueron procesados por detención ilegítima y tortura. Sin embargo, transcurridos casi 16 años desde los hechos, el Estado argentino no había proporcionado una respuesta judicial adecuada sobre la responsabilidad penal de los autores ni había reparado de modo alguno las violaciones sufridas por Bayarri. |
| 18-sep-2008 | T-920/08 | Un hombre fue acusado del delito de tráfico de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas. La fiscalía inició una investigación preliminar en su contra y ordenó un allanamiento en el domicilio de la persona investigada. El afectado no recibió explicaciones sobre los motivos de la actuación en ese momento. El hombre investigado solicitó una copia del expediente, con el argumento de que necesitaba preparar su defensa técnica. La fiscalía negó la entrega de los documentos con el argumento de que la investigación preparatoria está sujeta a reserva judicial y que el afectado no tenía la condición formal de imputado. Luego, la fiscalía archivó la investigación por falta de pruebas para formular cargos. El interesado reiteró su pedido de copias frente a la nueva situación procesal. Ante un nuevo rechazo el afectado interpuso acción de tutela por vulneración de sus derechos de petición y debido proceso. El tribunal interviniente negó el amparo, consideró que la fiscalía respondió de forma oportuna y que la reserva resultó legítima. |
| 25-abr-2008 | Amrhein y otros v. Costa Rica | Amrhein y otras dieciséis personas fueron condenadas penalmente y no contaron con la posibilidad de requerir una revisión amplia de las sentencias dictadas en su contra. Esto, dado que, de acuerdo con la normativa procesal penal vigente en Costa Rica en ese momento, los condenados contaban con un recurso de casación restringido a cuestiones de derecho. Además, la prisión preventiva a la que fue sometido uno de los peticionarios durante la tramitación del procedimiento penal no se ajustó a derecho y excedió del plazo razonable según lo permitido por la legislación. Por ese motivo, presentaron una denuncia en el sistema interamericano de derechos humanos. Más tarde, la Comisión Interamericana emitió el Informe Nº 33-14 por el que concluyó que el Estado era responsable por la violación del derecho a recurrir el fallo (artículo 8.2 h), del derecho a un juez imparcial (artículo 8.1), del derecho a la libertad personal (artículos 7.1, 7.2 y 7.5) y del derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2). Más allá de eso, con posterioridad, el caso fue sometido a la decisión de la CorteIDH. Cabe destacar que, después de que la CorteIDH se pronunciara en “Herrera Ulloa v. Costa Rica” (2 de julio de 2004), el Estado efectuó dos reformas legislativas con el objeto de subsanar las limitaciones del recurso de casación. Con la sanción de las leyes Nº 8503 (2006) y Nº 8837 (2010) dispuso, mediante cláusula transitoria, un procedimiento de revisión o de adecuación del recurso frente a las sentencias firmes en las que se hubiera planteado la vulneración al art. 8.2.h CADH. |
| 10-abr-2008 | PRL (causa Nº 771) | Una persona trans inició una acción de amparo tendiente a obtener una autorización judicial para una intervención quirúrgica femeneizante y la modificación de sus datos registrales tanto en su partida de nacimiento, DNI y cédula de identidad, con la asignación del prenombre “T”. |
| 27-feb-2008 | Die Linke | Tres abogados y una periodista, miembro del partido de izquierda (Die Linke) de Renania del Norte-Westfalia, impulsaron una acción judicial contra las disposiciones de la Ley de Protección de la Constitución del Estado Federal. La normativa autorizaba a los servicios de inteligencia, en su labor de lucha contra el terrorismo, a llevar a cabo acciones como el monitoreo e intercepción de datos en tiempo real de comunicaciones electrónicas y el "registro remoto" de sistemas informáticos mediante el uso de software malicioso (malware), especialmente a través de una clase de malware conocida como "troyanos". Los demandantes argumentaron que estas prácticas de los servicios de inteligencia comprometían la confidencialidad e integridad de los sistemas de tecnología de la información. Por su parte, el Estado provincial sostuvo que el debate debería centrarse en el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones, mientras que el Estado federal argumentó que la disputa debía encuadrarse en el ámbito de la garantía de inviolabilidad del domicilio. |
| 26-feb-2008 | Moreyra, Margarita Isabel (PGN) | La Cámara Federal de Casación Penal declaró desierto un recurso deducido por la defensa contra la sentencia de condena dictada por el tribunal oral. Dicha decisión fue adoptada a partir de la inactividad del letrado ante la cámara. Notificada la imputada de la resolución, se presentó ante la Sala II de la CFCP, explicó que su defensor tenía problemas de salud y requirió que se le proveyera un defensor oficial, cuya intervención se materializó con la formulación del recurso extraordinario. |