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FechaTítuloResumen
23-abr-2015Morice v. FranciaDos jueces fueron apartados de un proceso penal en el que se investigaba un homicidio en razón de las irregularidades que tuvieron lugar en su sustanciación. Con la designación de otros magistrados, se confeccionó un informe en el que puso en evidencia que parte de la prueba no se había incorporado a la investigación sino que fue entregada en mano por uno de los jueces, con una carta que ponía de manifiesto la estrecha relación que tenía con el fiscal y su animosidad en contra de la viuda y sus abogados, entre ellos, el peticionario. Frente a esta situación, el peticionario denunció las deficiencias del procedimiento y la actitud asumida por los magistrados. Asimismo, fragmentos de esa denuncia fueron publicados durante los días siguientes en un periódico en el que se hizo énfasis en la crítica formulada respecto de la actuación de los jueces. Allí, además, se aludió a otro caso en el que uno de los magistrados había sido apartado por la desaparición de prueba. Los jueces cuestionados iniciaron acciones penales contra el peticionario, acusándolo por difamación pública. En virtud de ello, el abogado fue condenado al pago de una multa. El tribunal de casación rechazó, posteriormente, el recurso deducido por el peticionario contra esa sentencia. Entre los jueces de ese tribunal se encontraba un magistrado que se había pronunciado públicamente con anterioridad en favor de los querellantes.
22-abr-2015Romero Lozano, Leonel AndrésEl tribunal oral había rechazado la excarcelación solicitada en favor del imputado, lo que motivó que la defensa interpusiera un recurso de casación.
22-abr-2015M, M N d C y otros c. 17 de Agosto S.A. y otroLa señora M. N. d. C.M. -por su propio derecho y en representación de sus tres hijos, todos ellos niños- promovió una demanda y reclamó el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito en el que falleciera el esposo y padre de sus hijos. El Juez de primera instancia rechazó la pretensión. La actora interpuso recurso de apelación. De la sentencia de primera instancia, se confirió vista a la Asesora de Incapaces, que solicitó que, previo a todo, se notifique a los niños y luego, se le confiera nueva vista. Practicadas las diligencias, la funcionaria se notificó de lo resuelto y solicitó se eleven las actuaciones en función del recurso interpuesto por la actora. La alzada declaró desierto el recurso interpuesto, por considerar extemporánea la presentación del escrito de expresión de agravios por la apelante. La actora interpuso recurso de revocatoria contra la decisión de la Cámara. Por su parte, la Asesora planteó la nulidad de lo actuado a partir del proveído del art. 254 del Código Procesal Civil y Comercial ("Autos en Secretaría"), asumió la representación directa de los niños y acompañó un escrito de expresión de agravios. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín rechazó ambas peticiones. Este pronunciamiento fue impugnado mediante recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley por el apoderado de los actores y la titular de la Asesoría de Incapaces N° 1 de San Martín.
22-abr-2015RJGUna persona imputada por la comisión de delitos constitutivos de violencia de género solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal consintió la concesión del instituto. Sin embargo, el Tribunal Oral denegó la solicitud. A tal efecto, aplicó la doctrina elaborada por la CSJN en el precedente “Góngora”. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
21-abr-2015Vergara, Carlos Martin c. Superior Gobierno de la Provincia de CórdobaEn este caso, los actores -hijos del causante, uno de ellos mayor de edad y dos hijas menores de edad- reclamaron un pago único reparatorio, con sustento en la Ley de riesgos del trabajo N° 24.557, en razón del siniestro in itinere en el que falleció su padre -agente policial de la provincia de Córdoba-, en el trayecto de su casa al destino donde debía prestar servicios. El juez de grado rechazó la demanda por falta de prueba. Contra dicha decisión, los actores interpusieron el recurso de casación con fundamento en que la parte demandada no cumplió con la aplicación de la Ley de riesgos del trabajo, en tanto no dictó acto alguno para ingresar a su régimen -como asegurado o autoasegurado-, con lo que adoptó una postura irregular que obliga a los empleados de la provincia a iniciar un trámite sui generis para instar las prestaciones del sistema. También indicaron que dicho expediente fue extraviado por el Estado provincial quien alegó ese extremo como defensa para eximirse de responsabilidad. La sala laboral del Tribunal Superior de Justicia provincial declaró inadmisible el recurso con base en que no se había acreditado el momento del siniestro y su modalidad. Asimismo, dicho Tribunal dispuso la suspensión del juicio en razón del deceso del abogado de la parte actora, el cese de la intervención del representante pupilar -por haber adquirido la mayoría de edad la más joven de las hijas- y ordenó la presentación de los actores. Éstos interpusieron el recurso federal que fue denegado y dio lugar a la interposición del recurso de queja.
21-abr-2015Rodríguez v. Estados UnidosEl señor Rodríguez había sido detenido por la policía por conducir por la banquina de la autopista. Luego de que se le requiriera su documentación, se verificaran sus antecedentes y se le impusiera una multa, el policía le pidió permiso para que un perro olfatee el vehículo, a lo que el conductor se negó. Sin perjuicio de ello, el agente procedió a la inspección y encontró drogas en el interior del automóvil. Rodriguez fue acusado por tenencia de drogas. El juez de primera instancia recomendó desechar los cargos por considerar que no mediaba sospecha razonable para mantener detenido al conductor y proceder a la inspección del vehículo después de que se le impusiera la multa. Sin embargo, aplicó un precedente del Tribunal del Distrito del Octavo Circuito y concluyó que prolongar la detención de Rodríguez por el lapso de entre “siente a ocho minutos” para que el perro pudiera olfatear el vehículo constituía una intromisión de minimis en los derechos consagrados en la Cuarta Enmienda (equiparable al artículo 18 de la Constitución Nacional en lo que atañe a la protección de la intimidad), por lo que resultaba permisible. La defensa solicitó la supresión de la acusación por considerarla violatoria del derecho a la intimidad y por entender que, en el caso, el policía carecía de una sospecha razonable para mantener la detención de Rodríguez. El caso llegó a la Corte Suprema estadounidense que hizo lugar a la solicitud de la defensa.
20-abr-2015C, CE c. A, YLa parte actora inició una demanda contra su ex cónyuge para obtener la liquidación de la sociedad conyugal respecto del único bien inmueble ganancial del cual resultaban ser condóminos, sede del hogar familiar. El accionante manifestó que dicha vivienda estaba siendo ocupada en forma exclusiva por la demandada y, en virtud de ello, solicitó la fijación de un canon locativo por el 50% del bien durante la tramitación del proceso. La parte demandada invocó que se mantenía mediante su jubilación, sus trabajos de costura y la ayuda de su hija. Afirmó que, de liquidarse el bien, no podría adquirir ni alquilar una vivienda con sus propios recursos. Destacó que no corresponde la fijación de un canon locativo por no encontrarse esta figura prevista en el art. 211 del C.Civ. derogado. La jueza de grado hizo lugar a la demanda y se decretó la partición del bien. Ambos litigantes apelaron.
20-abr-2015Álvarez, Rodrigo MartínEl tribunal oral había revocado la suspensión de juicio a prueba que se le concedió al imputado. Ello, con fundamento en que había sido condenado por el mismo tribunal por un delito cometido durante el período de supervisión de dos años que se le había fijado. Pese no haber adquirido firmeza dicha sentencia, a criterio del tribunal, la decisión contaba con una “presunción de certeza”. Esta resolución fue adoptada por el tribunal sin perjuicio del pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal. En razón de ello, la defensa interpuso recurso de casación.
20-abr-2015FP, G C c. Fullrapid S.A. y otrosLa actora inició una acción de daños y perjuicios contra su empleador, tras ser despedida sin causa luego de contraer cáncer. Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de que el empleador continúe abonando la cobertura de la obra social durante el tratamiento de la enfermedad.
20-abr-2015AC, BDCEn el año 2008, se declaró inhábil a AC. Posteriormente, en el marco de la revisión de esa sentencia, se solicitó el cierre del expediente por considerar que ya no requería la protección judicial y que, eventualmente, de necesitar algún consejo jurídico, contaba con el apoyo de familiares abogados y escribanos.