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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 23-may-2016 | Korneykova and Korneykov v. Ucrania | El presente caso fue iniciado por Viktoriya Korneykova y Denis Korneykov, madre e hijo nacionales de Ucrania. En enero de 2012, la peticionaria, que estaba embarazada de cinco meses, fue detenida por la policía bajo sospecha de haber cometido un robo y le dictaron prisión preventiva. Cuatro meses más tarde fue llevada al hospital de la maternidad de Járkov, donde dio a luz a su bebé. La peticionaria estuvo en todo momento custodiada por tres agentes de policía y encadenada de forma continua a su cama. Sólo le retiraron los grilletes durante el parto. En el centro donde estuvieron detenidos no se les brindó atención médica adecuada y la celda no estaba equipada para mujeres con bebés, era fría, húmeda y estaba mal iluminada. Además, no había agua caliente, existía un suministro irregular de agua fría y la alimentación que se les proporcionaba era insuficiente. La peticionaria fue mantenida en una jaula de metal durante las audiencias. Finalmente, en noviembre, ambos fueron liberados. La peticionaria denunció la situación que padeció. Sin embargo, la investigación criminal fue interrumpida en abril de 2013 por falta de pruebas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que se violó el artículo 3 del CEDH (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) por el uso de grilletes en el hospital de maternidad, las condiciones de detención de la peticionaria y su hijo recién nacido, la inadecuada atención médica que se les brindó y la colocación de la peticionaria en una jaula de metal durante las audiencias judiciales. |
| 23-may-2016 | MMDE | En 2011, el Tribunal Oral suspendió el proceso a prueba respecto del imputado por dos años. Luego, en 2013 se lo condenó en otra jurisdicción por sentencia no firme por un delito que habría cometido en 2012. En 2015, el Juzgado de Ejecución declaró extinguido el plazo de control. Sin embargo, el tribunal suspendió el pronunciamiento sobre la extinción de la acción penal hasta que adquiriera firmeza la sentencia dictada en el marco de la otra causa. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 23-may-2016 | Piedrabuena (reg. N° 389 y causa N° 64567) | Una persona había sido condenada en 2013 a la pena de tres años de prisión. En el marco de ese proceso se le había otorgado la libertad condicional. Luego cometió un nuevo delito y en 2015 fue condenada a la pena de tres años de prisión y a la pena única de seis años de prisión. Además, el tribunal declaró su reincidencia. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, impugnó la utilización del método aritmético para la fijación de la pena única. Por otro lado, sostuvo que no correspondía la declaración de reincidencia toda vez que la fiscalía no la había requerido ni su asistido había cumplido pena como condenado. |
| 20-may-2016 | Ocampo, Jorge Raúl | El imputado fue visto por la policía de la provincia de San Juan mientras retiraba un bolso de una vivienda y lo cargaba en un vehículo. Los agentes consideraron este accionar una “actitud sospechosa”. En consecuencia, lo siguieron y, finalmente, lo detuvieron con material estupefaciente en su poder. El nombrado fue procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En este marco, la defensa solicitó la nulidad de la requisa y de todo lo actuado con posterioridad. |
| 20-may-2016 | MJR (reg. 388 y causa N° 22028) | En julio de 2011 una persona fue condenada por un tribunal oral a la pena de veintitrés años de prisión (causa Nº 3363). En junio de 2013 otro tribunal la condenó a la pena de catorce años de prisión (causa Nº 3775). Finalmente, en junio de 2015 el Tribunal Oral (causa N° 3363), por mayoría, fijó la pena única de treinta y cinco años de prisión, comprensiva de las dos anteriores. Para decidir de esa manera sostuvo que en el caso había existido un concurso de delitos y que, para determinar el monto de la pena, correspondía utilizar el método composicional. El voto minoritario entendió que el máximo de la pena superaba el monto previsto como tope en el artículo 55 del Código Penal, por lo que resultaba adecuado imponer la pena de treinta años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 19-may-2016 | Iaccarino, Alejandro Rómulo y otros | En el presente caso, se investigaba la cesión coaccionada de bienes mientras sus legítimos tenedores se encontraban ilegítimamente privados de la libertad durante la última dictadura militar. En dicho marco, se consideró que esos hechos podrían ser configurar el delito de lavado de activos. Por tal razón, el juzgado de primera instancia dispuso la intervención de la Unidad de Información Financiera, a fin de colaborar con el trámite de la causa. Posteriormente, dicho organismo solicitó ser tenido como parte querellante. Tal petición fue rechazada por el juzgado instructor, cuya decisión fue confirmada por Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Contra dicha resolución, la UIF interpuso recurso de casación. |
| 19-may-2016 | Arrojo (reg. Nº 382 y causa Nº 69295) | Una persona había sido condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Código Penal, el tribunal incorporó a la persona al régimen de libertad condicional. Durante ese período, fue imputada por la comisión de un nuevo delito. Una vez vencida la pena originalmente impuesta, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el Tribunal Oral Nº 24 dictó una pena única. Entonces, el penado solicitó que se le volviera a conceder la libertad condicional. Por lo demás, la fiscalía dictaminó de modo favorable. Sin embargo, el juez de ejecución penal revocó la libertad condicional oportunamente concedida y rechazó la petición. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 19-may-2016 | SME | El Tribunal Oral en lo Criminal absolvió a una persona por el delito de sustracción de un menor de diez años. Para resolver de este modo, tomó en consideración que, de acuerdo a la declaración de la madre de la víctima, el imputado era el padre del niño. Contra aquella decisión, la fiscalía interpuso recurso de casación. Por un lado, alegó que el medio utilizado para probar la paternidad resultó insuficiente. Por otro, argumentó que el tribunal realizó una interpretación errónea del tipo penal, pues los padres de la víctima podían ser sujetos activos del delito de sustracción de menores. |
| 19-may-2016 | JN v. Reino Unido | En el presente caso, el peticionario de origen iraní, cuya solicitud de asilo en Reino Unido había sido denegada, permaneció durante dos períodos de tiempo detenido por razones migratorias. Su segundo período de detención comenzó por una orden judicial; desde enero del 2008 hasta septiembre de 2009. El peticionario no contaba con identificación formal que le permitiera obtener un documento de viaje emitido por la embajada de su país. Asimismo, se negaba a cooperar y prestar conformidad para su retorno a Irán. El peticionario manifestó su disposición de retornar a Irán si era compensado económicamente por los períodos de detención sufridos. Dicha solicitud le fue denegada, conjuntamente con sus peticiones de ser liberado bajo fianza. El fundamento de dicha denegatoria se basó en su negativa a cooperar. Ante el TEDH, el peticionario alegó la violación de su derecho a la libertad (art. 5.1 del CEDH). |
| 18-may-2016 | SFA c. LCL (dictamen PGN) | Los actores –un matrimonio de nacionalidad argentina– solicitaron el reconocimiento de la fuerza ejecutoria de una sentencia de adopción plena dictada por el Juzgado en Materia Familiar de la ciudad de Colima, Estados Unidos Mexicanos (cfr. arts. 517 y 518 CPCyCN y Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros). Previo a dictaminar, la Defensora Pública de Menores e Incapaces solicitó una serie de medidas preliminares. El fiscal de primera instancia se pronunció en el mismo sentido. El juez rechazó esas medidas por considerar que eran excesivas e inconducentes para resolver el proceso. La Defensora Pública de Menores e Incapaces apeló. La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó lo resuelto en primera instancia. Luego, le reconoció fuerza ejecutoria a la sentencia dictada por el juez mexicano. Contra ese pronunciamiento, la Defensora de Menores e Incapaces de segunda instancia interpuso recurso extraordinario federal. |