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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 31-oct-2016 | GPN (causa N° 2164) | Una mujer despachó dos encomiendas con destinos internacionales. En el marco de un control rutinario realizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los envíos fueron inspeccionados por personal policial. En el interior de los paquetes se hallaron treinta y un bolsas de nylon con cocaína. Por esa razón, la mujer fue detenida. Al prestar declaración indagatoria, la imputada explicó que desconocía el contenido de las encomiendas y que las había despachado a pedido de su pareja. Entre otras cuestiones, aportó datos y fotografías del hombre y manifestó que no había recibido pago alguno por los envíos. El juzgado la procesó por el delito de contrabando de estupefacientes con fines de comercialización. En etapa de debate, la fiscalía consideró que la imputaba había actuado, “al menos”, con dolo eventual. Por ese motivo, solicitó que se la condenara a la pena de cuatro años y seis meses de prisión. La defensa entendió que la mujer había actuado sin dolo y, en consecuencia, solicitó su absolución. |
| 31-oct-2016 | RMJL (dictamen PGN) | Un joven fue imputado por el delito de robo, agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. Su defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de casación. En particular, la defensa sostuvo que el instituto solicitado podía constituir una solución alternativa al proceso en los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por tal razón, entendió que la decisión del tribunal resultaba arbitraria. La CFCP, con base en el plenario “Kosuta”, consideró que la probation no era aplicable al caso, por cuanto el máximo de la pena del delito reprochado superaba los tres años de prisión. En esa línea, declaró mal concedida la impugnación. Por tal razón, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. |
| 28-oct-2016 | C, RA | Una mujer había denunciado a su esposo por agresiones violentas y lesiones ante la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN. Dicha oficina, a su vez, remitió las actuaciones al juzgado penal de turno. Desde la primera citación, y en sucesivas ocasiones, la denunciante manifestó su voluntad de no continuar con el proceso ya que no se habían producido nuevos hechos de violencia. Sin embargo, el Juzgado Nacional en lo Correccional condenó al imputado a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso casación. Entre otros argumentos, sostuvo que la Oficina de Violencia Doméstica no es una autoridad competente para recibir denuncias. |
| 28-oct-2016 | S, PLM | Un grupo de policías se dirigieron al domicilio de una persona con el fin de diligenciar una cédula de notificación. En el domicilio se encontraban tres personas –una de ellas, destinataria de la notificación–. Ante la llegada de los oficiales, el requerido se negó a notificarse y comenzó a insultarlos. Posteriormente, se retiró en su vehículo a alta velocidad. Los policías informaron que el imputado “se había dado a la fuga”. Ante esta situación, fue interceptado por otro móvil y detenido. El Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes lo condenó a la pena de seis meses de prisión como autor del delito de resistencia a la autoridad. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 28-oct-2016 | CLPH c UBA (Causa Nº 31235) | Una persona extranjera que se encontraba en prisión solicitó la inscripción a la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires mediante el Programa UBA XXII. La universidad negó la inscripción por no contar con Documento Nacional de Identidad. El actor interpuso una acción de amparo. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 10 rechazó la acción. El accionante interpuso un recurso de apelación. |
| 27-oct-2016 | Loyola, Sergio Alejandro | La Cámara Primera en lo Criminal de la provincia de Córdoba había rechazado el planteo de inconstitucionalidad de la escala prevista en el art. 5, inc. c) en función del art. 34 inc. 1º de la ley 23.737 deducido por la defensa. A su vez, declaró al imputado autor del delito de comercialización de estupefacientes y le impuso la pena de cuatro años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de inconstitucionalidad. |
| 27-oct-2016 | W, GM | En mayo del año 1999 una persona fue condenada a una pena de prisión cuyo cumplimiento se dejó en suspenso. Posteriormente, en el año 2006, el condenado habría cometido un nuevo delito. En el marco de esa causa, la defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. El tribunal oral rechazó el pedido. Para adoptar esa decisión entendió que, a la fecha del hecho, aún no se había cumplido el plazo de diez años dispuesto por el artículo 27 del CP. Por esa razón, eventualmente, correspondería la imposición de una pena de efectivo cumplimiento. En esa línea, tuvo en cuenta que la información del antecedente fue obtenida por los jueces antes del año 2009, momento en el que caducó el registro de la sentencia (art. 51, inciso 1° del CP). Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Allí argumentó que el criterio sostenido por el tribunal era violatorio del principio de inocencia, pues a la fecha de la solicitud del instituto se había producido la caducidad registral de la condena. |
| 26-oct-2016 | C, RE | Una mujer inició una demanda de filiación contra una persona debido a la falta de reconocimiento de su hijo menor de edad y reclamó una indemnización por daño moral para el niño y para ella. El tribunal de primera instancia tuvo por probado el vínculo, hizo lugar a la petición relativa al niño y la rechazó en lo que atañe a la progenitora. La Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara apeló la sentencia y cuestionó el monto fijado por daño moral a favor de su representado por considerarlo exiguo. Asimismo, la madre apeló la sentencia en cuanto rechazó la pretensión a su favor. |
| 26-oct-2016 | FMS (causa Nº 26284) | Una mujer tenía protusión acetabular y coxoartrosis de cadera. A través de PAMI fue operada en varias oportunidades. En la quinta cirugía se le colocó un “espaciador” hasta que la obra social le proveyera las prótesis destinadas al reemplazo total de la cadera. Frente a la demora de PAMI en autorizar la prestación, la afiliada interpuso una acción de amparo. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción y ordenó cubrir las prótesis prescritas y la cirugía necesaria para su colocación. Contra dicha resolución, la demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 25-oct-2016 | LRH c. OSTEL | Una persona con problemas respiratorios requirió a la obra social a la cual se encontraba afiliada (OSTEL) la provisión de oxígeno y tubo de transporte, ambos prescriptos por su médico tratante. La obra social realizó una auditoría médica y autorizó su provisión. Ante el incumplimiento del prestador médico, el afiliado se presentó ante la Defensoría Pública Oficial y, luego de diversas gestiones extrajudiciales, OSTEL entregó la prestación requerida. Sin embargo, al poco tiempo el afiliado notó una falla en la mochila –o una de sus partes– y, luego, en el tanque de oxígeno. En virtud de esto, reclamó a la prestadora su cambio o reparación. Ante a la falta de respuesta de la obra social, el afiliado inició una acción de amparo contra OSTEL a fin de que le provea un nuevo tanque de oxígeno y mochila transportadora equipo o repare los entregados. El juez de primera instancia rechazó in limine el planteo. La Defensa interpuso recurso de apelación. |