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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 7-sep-2018 | Novotny v. República Checa | Un hombre y una mujer habían tenido relaciones sexuales. Al año siguiente, la mujer tuvo una hija. Aunque en un primer momento se presumió que la paternidad correspondía al hombre, posteriormente la negó. Por ese motivo, se inició un proceso judicial en el que se consideró acreditada la paternidad por distintos medios de prueba. La normativa local, además, presumía la paternidad en razón del tiempo que había transcurrido desde el momento en que tuvieron relaciones. Años más tarde –una vez que la hija adquirió la mayoría de edad– el hombre volvió a impugnar su paternidad y requirió que se efectuara un análisis de ADN. Sin embargo, la petición fue rechazada porque no constaba la voluntad de la presunta hija. De todas maneras, ambos se realizaron el estudio. El resultado concluyó que el hombre no era el padre. Con esta nueva prueba, reiteró la impugnación. La solicitud fue rechazada. Entre los argumentos señalados, se consideró la firmeza de la decisión adoptada. |
| 6-sep-2018 | Navtej Singh Johar y otros | La Constitución de la República de la India establecía la competencia originaria de la Suprema Corte de ese país para decidir acerca del cumplimiento de los derechos consagrados en su Parte III. El tribunal, además, contaba con la potestad de tomar las medidas necesarias para que su vigencia fuera efectiva y sus decisiones eran obligatorias para el poder judicial de todo el Estado. En ese marco, se impugnó la constitucionalidad de la sección 377 del Código Penal, que castigaba con la pena de prisión perpetua o de diez años y multa a quien, voluntariamente, tuviera relaciones carnales “…contra el orden natural con cualquier hombre, mujer o animal”. La norma especificaba, asimismo, que la penetración era suficiente para constituir la relación carnal que configuraba el delito. |
| 5-sep-2018 | López Pérez (causa N° 2829) | Una mujer boliviana ingirió ochenta y ocho cápsulas de cocaína e intentó cruzar la frontera Pocitos-Salvador Mazza a bordo de un micro. Por ese hecho, fue detenida. En el marco de la declaración indagatoria, se le imputó el contrabando de importación de estupefacientes en grado de tentativa. En el requerimiento de elevación a juicio, se agregó la agravante por fines de comercialización. Durante el juicio oral, la fiscalía planteó la nulidad de la acusación por haberse violado el principio de congruencia. En tal sentido, solicitó que se remitiera el expediente al juzgado con el objeto de que la imputada fuera indagada nuevamente. El Tribunal Oral rechazó el pedido por entender que retrotraer el proceso a esa instancia hubiera sido perjudicial para la imputada. Entonces, la fiscalía mantuvo la acusación por el delito de contrabando de estupefacientes con fines de comercialización, en grado de tentativa. En su alegato, la defensa rechazó la aplicación de la agravante por considerar que su incorporación violaría el derecho de defensa y el debido proceso de su asistida. |
| 5-sep-2018 | Villarroel Coca (Causa N° 34429) | Una persona manejaba su automóvil por la calle y al llegar a una intersección con una avenida se detuvo. Luego, retomó su marcha y una motocicleta que circulaba por la avenida lo chocó en su costado izquierdo. El motociclista sufrió lesiones. Por ese hecho, el chofer del automotor fue procesado por el delito de lesiones culposas leves. Contra ese auto, su defensa técnica interpuso un recurso de apelación. |
| 3-sep-2018 | Lescano (Causa N° 8943) | Una mujer, casada con un agente de la Policía Federal Argentina, tenía dos hijos menores de edad. Ella se dedicaba a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos. La mujer sufría situaciones de violencia por parte de su cónyuge. En una oportunidad, se presentó en la policía para pedir ayuda. Allí le respondieron que se iban a ocupar pero que no denunciara porque complicaría el trabajo del marido. En diciembre del 2003, luego de una discusión de pareja, el hombre –con su arma reglamentaria– le pegó un tiro en la cabeza a la mujer que le ocasionó la muerte. El marido llamó a la policía para denunciar el hecho. Cuando la policía llegó, el hombre amenazó con quitarse la vida. Luego de once horas la policía logró detenerlo y retener el arma reglamentaria. En la causa penal, el hombre fue condenado a pena de prisión perpetua. Con posterioridad, la hermana de la víctima, por derecho propio y en representación de los hijos menores de edad, inició una acción por daños y perjuicios contra el agente y contra el Estado Nacional –Ministerio del Interior de la Nación– Policía Federal Argentina por la responsabilidad en los hechos. Al contestar, el Estado negó su responsabilidad y argumentó que el hombre no estaba prestando servicios al momento del hecho. Además, agregó que, si bien el Estado era dueño del arma utilizada, no era responsable ya que se había usado contra el fin para el cual fue entregada. |
| 3-sep-2018 | Spinelli (reg. Nº 1052 y causa Nº 69265) | Un hombre ingresó a un comercio, simuló tener un arma y obligó a la empleada del lugar a encerrarse en un baño. Entonces, tomó elementos electrónicos, dinero en efectivo, el documento de la mujer y huyó. La empleada efectuó la denuncia y, en la comisaría, reconoció al hombre en una fotografía. Luego, durante el trámite del expediente, lo identificó en el marco de una rueda de reconocimiento. El Tribunal Oral lo condenó por el delito de robo a la pena de un año y seis meses de prisión. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 2-sep-2018 | APB (Causa Nº 536023) | En el marco de un proceso de alimentos, se dictó sentencia. En esa resolución, se fijó una cuota alimentaria a cargo del progenitor, que equivalía a un Salario Mínimo Vital y Móvil y a la cobertura médica. Pese a ello, el hombre depositaba sumas inferiores. En consecuencia, el juzgado interviniente lo intimó a abonar lo adeudado. Le notificó que, de lo contrario, sería inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios y se iniciaría el procedimiento de ejecución de sentencia. No obstante, el demandado continuó realizando pagos parciales. Entonces, la progenitora –en representación de sus hijos menores de edad– solicitó que se le impusieran al hombre medidas a modo de sanción, de acuerdo con lo previsto por el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por su parte, el juzgado rechazó ese pedido, por lo que la mujer presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. |
| sep-2018 | Prisión domiciliaria | El presente documento incluye jurisprudencia sobre prisión domiciliaria emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional durante los años 2016, 2017 y 2018. |
| sep-2018 | El reconocimiento del estatuto de refugiado de personas LGBTI en la jurisprudencia de la Corte Nacional de Derecho de Asilo de Francia | El presente trabajo analiza los estándares aplicados en el procedimiento de determinación de la condición de refugiado en materia de protección de la población LGBTI en las decisiones adoptadas por la Corte Nacional de Derecho de Asilo de Francia en sus más de treinta años de jurisprudencia, buscando establecer la evolución de los diferentes estándares de protección y la incidencia en estos de los documentos de interpretación de la Convención Internacional sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo Adicional de 1967, elaborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, vigentes en el procedimiento de reconocimiento del estatuto de refugiado en la República Argentina. |
| 31-ago-2018 | ZYWCA (causa Nº 1774) | El señor Zywca inició un juicio contra la señora Lombardi para redargüir de falsedad un documento público. Al momento de dictar sentencia, el juez de primera instancia suspendió su pronunciamiento en razón de que aún no se había dictado sentencia en una causa penal que tramitaba por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2. Para tomar esta decisión, el juez consideró que se configuraba una situación de prejudicialidad prevista en el artículo 1775 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta norma establece que si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos: a) si median causas de extinción de la acción penal; b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado; c) si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad. Contra esta resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación. |