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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 24-abr-2017 | VRL (causa Nº 45278) | Un hombre y otros sujetos no identificados se abalanzaron sobre un señor, lo golpearon, le sustrajeron un charango y se dieron a la fuga (hecho I, “el robo del charango”). Posteriormente, se acercaron a otro individuo en una terminal de ómnibus y lo golpearon con el fin de sustraerle su celular y su billetera (hecho II). Los asaltantes se fueron. No obstante, en determinado momento, la segunda víctima observó que uno de ellos regresó; lo reconoció porque tenía un charango. En consecuencia, lo sujetó hasta que la policía concurrió al lugar y lo detuvo. Minutos después, se acercó una persona con la cara lastimada y expresó que el charango era suyo. El damnificado del hecho I declaró en sede policial; sin embargo, al realizarse el debate oral, no se logró ubicarlo. El Tribunal Oral condenó al imputado por ambos hechos. Contra esta resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 24-abr-2017 | Vega Rodríguez (reg. N° 301 y causa N° 45278) | Un tribunal de menores condenó a una persona a la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión en febrero de 2015 (causa N° 59248). Por un hecho cometido con anterioridad al dictado de esa condena, en junio del 2015 otro tribunal la condenó a la pena de tres años de prisión y a la pena única de siete años de prisión (causa N° 45278). Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación. En particular, planteó que el monto de la pena única era elevado y que el tribunal no había brindado motivos para justificar la imposición de una sanción mayor a la del tribunal de menores. |
| 19-abr-2017 | DLF, SR c. ANSES | Una persona obtuvo su jubilación en el año 1999. Sin embargo, en 2001, ante el inicio de actuaciones por presunto fraude en la obtención del beneficio jubilatorio, la ANSES revocó su decisión. Posteriormente, la peticionante fue sobreseída. En consecuencia, en 2011, inició una demanda con el objeto de que se le rehabilite la jubilación y solicitó, como medida cautelar, el inmediato restablecimiento del pago de los haberes jubilatorios. El Juzgado Federal de la Rioja hizo lugar a la medida cautelar. La demandada impugnó la resolución. |
| 19-abr-2017 | CMA c. OSBA | Una mujer se encontraba afiliada a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el momento en que se jubiló, la Obra Social invocó una resolución interna e interrumpió la prestación que se le otorgaba por no haber cumplido el requisito mínimo de 15 años de aporte. Ante esta resolución, la afiliada interpuso un recurso de revisión. La Obra Social ratificó la resolución. Por ende, la beneficiaria interpuso una acción de amparo y solicitó como medida cautelar el reinicio de las prestaciones médico-asistenciales comunes de forma inmediata. |
| 19-abr-2017 | M, LA | En mayo de 2014, un Juzgado Federal había ordenado el allanamiento de un domicilio a fin de secuestrar dinero efectivo en dólares estadounidenses y euros. Sin embargo, durante el procedimiento se obtuvieron ochenta y dos copias de billetes de cien dólares estadounidenses. De acuerdo a la declaración del oficial preventor, los billetes eran de fabricación apócrifa por las diferentes anomalías que presentaban. El estudio pericial practicado tiempo después concluyó que el material secuestrado poseía diferencia de soporte, tipo de impresión y coloración con respecto a los billetes genuinos. En consecuencia, el Juzgado Federal procesó a la imputada por el delito de encubrimiento. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 19-abr-2017 | GCM (Causa Nº 119.871) | El 5 de abril de 2013, SDRW y PAA iniciaron una demanda de adopción plena respecto de dos niños, CMG y KEG, cuya guarda judicial ejercían desde el 2 de mayo del 2012. En junio de 2014, el tribunal otorgó la adopción plena con efectos retroactivos a la fecha de otorgamiento de la guarda. Luego, en noviembre de ese año, se presentó ante ese tribunal DMRC, quien manifestó que era el padre biológico de KEG. Entonces, solicitó que se declarara la nulidad de la sentencia de adopción plena y que se dispusiera su vinculación con el niño. El tribunal rechazó el planteo y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. |
| 19-abr-2017 | González (reg. N° 286 y causa N° 73202) | En noviembre de 2014 una persona fue condenada a la pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional (causa N° 4368). Luego fue imputada por otro hecho. Durante la audiencia de debate la defensa solicitó que, en caso de que se la condenara y se unificaran las penas, se le impusiera una pena única que no superara los seis meses de prisión. En mayo de 2015 el Tribunal Oral la condenó a la pena de quince días de prisión (causa N° 73202) y a la pena única de ocho meses de prisión. Además, revocó la condicionalidad de la sanción anterior (causa N° 4368). Para decidir de esa manera, sostuvo que correspondía aplicar la previsión del artículo 27 del CP y, dado que no habían transcurrido cuatro años desde que había adquirido firmeza la primera sentencia (causa N° 4368), no podía imponerse una nueva condena de ejecución condicional. Además, consideró que el tribunal no tenía jurisdicción para dictar una pena por debajo de la impuesta por otra judicatura, que ya había pasado en carácter de cosa juzgada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 18-abr-2017 | A, FJ (CSJN) | Una persona había sido condenada a la pena de 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad; la sentencia fue recurrida. El detenido contaba con más de 70 años y, a su vez, sufría diversas patologías (entre otras, afecciones cardíacas, ceguera parcial y trastorno senil con deterioro funcional). En ese marco, la defensa pidió su arresto domiciliario en dos oportunidades. El Tribunal Oral Federal no hizo lugar a la primera solicitud. Para arribar a esa decisión, valoró el riesgo de fuga que representaba en relación a la calificación legal por la que se lo condenó. Asimismo, tomo en consideración que los informes indicaban que los problemas de salud que padecía podían ser tratados intramuros. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la resolución. Ante el deterioro en la salud del condenado, la defensa solicitó su arresto domiciliario nuevamente. En esta oportunidad, el Tribunal Oral Federal hizo lugar a la petición. Contra esa sentencia, la fiscalía interpuso un recurso de casación. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación y revocó la resolución. Para llegar a esa decisión, los jueces reeditaron los argumentos utilizados para resolver el primer pedido y consideraron “no [habían] variado sustancialmente las condiciones de salud del imputado desde el fallo antedicho”. La defensa interpuso un recurso extraordinario federal. |
| 18-abr-2017 | G, AN y P, KA (II) | Dos personas menores de edad habían sido imputadas penalmente de acuerdo al procedimiento de flagrancia (ley 27.272, modificatoria del CPPN). En la audiencia inicial, la defensa postuló la inaplicabilidad del proceso sumario a casos del régimen penal de menores. Entre otros argumentos, sostuvo que la complejidad que revestía el trámite tutelar y los problemas derivados de la “detención” de adolescentes hacían incompatibles ambos sistemas. A su vez, postuló la inconstitucionalidad de la ley 27.272 en este punto. El juzgado de primera instancia rechazó el planteo. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de apelación. La Cámara de Apelaciones no hizo lugar a la impugnación, por lo que se interpuso un recurso de casación. La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría compuesta por los jueces Magariños y Mahiques, declaró inadmisible la impugnación. Con posterioridad a aquella decisión, la Sala III, con una nueva integración, volvió a intervenir en la causa a raíz de un nuevo recurso de la defensa. |
| 18-abr-2017 | T, SB y otros | Una mujer cumplía una condena de 4 años y 6 meses de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario. Tenía a su cargo a sus dos hijos adolescentes, de dieciocho y veinte años. La primera tenía, a su vez, una hija de dos años. El segundo poseía una discapacidad por un retraso madurativo permanente. La condenada, antes de ser detenida, cuidaba a un anciano; ese era el único ingreso económico con el que contaba la familia. Por tal motivo, la defensa solicitó al Tribunal Oral que autorizara salidas con fines laborales a la imputada, para que continuara realizando aquel trabajo. El fiscal estuvo de acuerdo. El tribunal no hizo lugar a lo peticionado. Contra esa solución, la defensa interpuso un recurso de casación. |