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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 9-sep-2019 | MEB | En el maro de un proceso judicial para determinar un plan de parentalidad, una de las partes denunció el incumplimiento del régimen de comunicación paterno filial. En apoyo de ello, ofreció como prueba captura de pantalla de mensajes intercambiados entre los progenitores. Sin embargo, el juez rechazó esa prueba. En consecuencia, la parte demandada apeló. |
| 5-sep-2019 | LLE (Causa n°18556) | Un hombre fue imputado por el delito de lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso ideal con amenazas con armas. En mayo del 2016 fue citado a prestar declaración indagatoria. Luego, en diciembre de 2018 cometió otro hecho, por el que fue procesado. La defensa solicitó que se declarara la extinción de la acción penal y se dispusiera el sobreseimiento de su asistido. El juzgado hizo lugar al planteo. Contra esa resolución, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. En tal sentido, consideró que, de acuerdo al plenario “Prinzo” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el segundo hecho había interrumpido el plazo de prescripción del primero. |
| 4-sep-2019 | Sigurður Einarsson y otros v. Islandia | Cuatro hombres fueron investigados en Islandia por una serie de operaciones financieras realizadas en 2008. En el marco de esa investigación, la fiscalía secuestró una enorme cantidad de documentos y datos electrónicos. Para analizar ese material utilizó un sistema de e-discovery denominado Clearwell, mediante el cual realizó búsquedas por palabras clave, generó distintas carpetas con documentos potencialmente vinculados con el caso y seleccionó parte de esa información para incorporarla al expediente como documentación de investigación. Durante el proceso, las defensas cuestionaron en diversas oportunidades que no habían tenido acceso pleno a toda la evidencia digital recolectada, sino sólo al material que la fiscalía había considerado relevante. En particular, solicitaron acceso a otros datos y documentos obtenidos durante la investigación, pero esos pedidos fueron rechazados por el tribunal de primera instancia y por la Corte Suprema. Entre sus fundamentos, los tribunales sostuvieron que la acusación no estaba obligada a entregar copias de toda la información secuestrada ni a confeccionar nuevos documentos para la defensa, y que el volumen del material era extraordinario e incluía datos sensibles de terceros. Luego, el tribunal de juicio condenó a los cuatro imputados y la Corte Suprema confirmó en lo sustancial esas condenas. Contra esa decisión, los hombres acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y denunciaron, entre otras cuestiones, que la restricción en el acceso a la evidencia digital había afectado su derecho de defensa. |
| 3-sep-2019 | Gianoto (causa Nº 18493) | Una persona se encontraba detenida en la Unidad Nº 6 del Servicio Penitenciario Federal. Durante tres meses estuvo internada en el Hospital Muñiz e imposibilitada de realizar tareas laborales por enfermedad. Entonces, el ENCOPE no le liquidó las remuneraciones correspondientes a ese período. Para decidir de esa manera, sostuvo que su desempeño laboral era por jornal y que solo se liquidaban las horas efectivamente trabajadas. La defensa solicitó al juzgado de ejecución que se hiciera efectiva la liquidación. |
| 3-oct-2019 | Lugo (Causa Nº 87205) | Una mujer de nacionalidad paraguaya ingresó al país en búsqueda de mejores condiciones de vida. En Argentina convivía junto a sus tres hijos, y se ocupaba de sus cuidados. Dos de sus hijos tenían residencia en el país y la mayor de ellos era de nacionalidad argentina. En 2016 la mujer fue condenada a la pena de un año de prisión de ejecución condicional por ser autora del delito de tenencia simple de estupefacientes. Luego, se presentó ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a fin de regularizar su situación migratoria. En ese momento, la DNM tomó conocimiento de la condena penal. En consecuencia, la DNM dictó una disposición en la que declaró irregular su residencia en país, ordenó su expulsión y le prohibió su reingreso por el término de ocho años. Para decidir de esa manera, entendió que la situación de la migrante encuadraba en los impedimentos para ingresar o permanecer en el territorio nacional previstos por el art. 29 inc. c) de la Ley Nº 25.871 modificado por el Decreto Nº 70/2017. Esa medida fue recurrida por la migrante con la representación del Ministerio Público de la Defensa. Sin embargo, la DNM rechazó el recurso administrativo. Ante esa decisión la mujer interpuso un recurso judicial. En su presentación, solicitó que se revocaran las medidas expulsivas y señaló que eran nulas. Sobre esa cuestión, manifestó que en el caso no se daban los presupuestos para aplicar el artículo 29 c de la ley 25.871 (t.v. al momento de los hechos), agraviando con su dictado, el principio de la unidad familiar y derechos del niño. La jueza hizo lugar al recurso, declaró la nulidad de las disposiciones de la DNM y ordenó que dictase una nueva resolución. En ese sentido, consideró que no se había valorado el derecho de reunificación familiar de la persona migrante. Sin embargo, destacó que resultaba aplicable el artículo 29 inciso c. de la ley 25.871 conforme el DNU 70/2017. Contra lo resuelto, la DNM interpuso recurso de apelación. |
| 2-sep-2019 | Oporto (Causa Nº 736) | Un joven imputado por la comisión de los delitos de hurto y robo fue alojado en una residencia socioeducativa de libertad restringida. Con posterioridad, el juzgado ordenó su traslado a un centro socioeducativo de régimen cerrado. Elevada la causa a juicio, fue condenado a la pena única de seis años de prisión. Al efectuarse el cómputo de tiempo de detención, se consideró que solo había permanecido privado de su libertad el tiempo que estuvo alojado en el segundo establecimiento. Por tal razón, su defensa lo observó. El tribunal rechazó la impugnación. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de casación. En su presentación la defensa consideró, entre otras cuestiones, que debía computarse como tiempo de detención el tiempo que el joven había permanecido en la residencia socioeducativa de libertad restringida. En tal sentido, consideró que ese establecimiento también se trataba de un dispositivo de restricción de la libertad. |
| sep-2019 | Migrantes (internacional) | Actualización de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos de las personas migrantes durante el periodo comprendido entre el año 2017 y 2019. Se identificación 24 sentencias que se presentan divididas por sistemas regionales de protección de derechos humanos. |
| sep-2019 | La audiencia de visu y auditus | La propuesta consiste en analizar una de las líneas de trabajo que propone el fallo “NIZ” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En particular, el objetivo es profundizar no sólo la necesidad de llevar a cabo la llamada audiencia de visu, sino también intentar determinar el contenido de una entrevista de esa naturaleza, la manera en que la misma debería desarrollarse, y por supuesto, las consecuencias que podrían derivar de dicha reunión personal. |
| sep-2019 | Cannabis medicinal. Informe. | Informe sobre la jurisprudencia local que advirtió sobre los puntos críticos de la ley N° 27.350. |
| 30-ago-2019 | SMA (Expediente Nº 29485) | El niño FSSL fue diagnosticado con trastorno generalizado del desarrollo (TGD) cuando tenía tres años. Una vez que sus padres obtuvieron el certificado de discapacidad, comenzaron a tratarlo con diversas terapias. Además, solicitaron a la obra social del niño que cubriera esas prestaciones. Sin embargo, el pedido fue rechazado. Por este motivo, iniciaron una acción de amparo contra la obra social para que se le ordenara otorgar integralmente las prestaciones indicadas por sus médicos y equipo terapéutico, incluyendo una maestra integradora, transporte y el reintegro de los gastos que les insumió el tratamiento desde enero de 2018. La jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y ordenó la cobertura de todas las prestaciones con excepción de la maestra integradora y el transporte. Asimismo, rechazó el reintegro de los gastos. Contra esa resolución los padres de FSSL interpusieron un recurso de apelación. |