ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
6-abr-2020	Obregón (causa N° 16000577)	Un hombre de 70 años había sido condenado a la pena de veinticinco años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados. El hombre se encontraba alojado en la Prisión Regional del Norte, Unidad N° 7 del SPF. Entre otras cuestiones, tenía artrosis de rodilla que le dificultaba caminar, una recidiva de una cirugía de ganglio en la articulación de un hombro, una enfermedad degenerativa del raquis lumbar, obesidad, una hernia de disco lumbar e hipertensión arterial. La defensa había presentado un certificado médico de un especialista en ortopedia y traumatología que recomendaba que el tratamiento y la rehabilitación se realizara en el domicilio para una mejor evolución de las patologías. Además, el informe médico realizado en la unidad penitenciaria concluía que el contexto de encierro dificultaba su recuperación. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa requirió que se le concediera la prisión domiciliaria por encontrarse dentro del grupo de riesgo frente al COVID-19. El representante del Ministerio Público solicitó la realización de informes y evaluaciones médicas para definir su situación actual y agregó que la situación de emergencia sanitaria no era motivo suficiente para otorgar el instituto requerido.
4-abr-2020	Echeverria (causa N° 2998)	Una familia en situación de vulnerabilidad se dedicaba a la recolección de materiales reciclables (cartones) como único modo de subsistencia. A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y la disposición de aislamiento obligatorio debieron cesar su actividad. La familia no percibía ningún tipo de beneficio social y no se encontraba inscripta en ningún comedor comunitario que les permitiera retirar viandas de comida. El único alimento que ingerían era proporcionado por una vecina del predio que habitaban. La asesoría tutelar se presentó en representación de la familia y solicitó, a través de una comunicación telefónica, que se dispusiera una medida cautelar autónoma. En particular, requirió que se ordenara al gobierno de la ciudad de Buenos Aires la elaboración de una propuesta para brindarle al grupo familiar el monto de dinero suficiente para que accediera a una alimentación adecuada y a los productos de higiene y limpieza necesarios por el tiempo que durase el aislamiento obligatorio.
3-abr-2020	Cepeda (causa n°27531)	Un hombre había sido condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión por el delito de robo agravado y se encontraba alojado en la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal. El imputado era portador de HIV y sufría, entre otras cuestiones, de insuficiencia renal e infección respiratoria. Su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria por considerar que su permanencia en un establecimiento penitenciario le impedía tratar de manera adecuada su cuadro. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, profundizó su planteo y señaló que su asistido se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. El Servicio Penitenciario Federal elaboró un listado de personas en situación de riesgo de contagio en la cual lo incluyó. A su turno, la fiscalía dictaminó de forma favorable al pedido.
3-abr-2020	Sanchez Becerra (causa N° 83000841)	Un hombre de 68 años había sido condenado y se encontraba detenido en la Unidad N° 25 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Olmos. El hombre tenía hipertensión arterial, gastropatía y había sido diagnosticado con “eventración abdominal”, por lo que debía ser sometido a una intervención quirúrgica. Además había estado en contacto con una persona con tuberculosis, por lo que se encontraba aislado hasta obtener los resultados que determinaran si había sido contagiado. El área de sanidad de la unidad penitenciaria informó que se encontraba dentro de la población en riesgo frente a un eventual contagio de COVID-19. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al pedido.
3-abr-2020	Toranzo (causa N° 2995)	Una niña tenía discapacidad. Entre otras cuestiones, presentaba anormalidades de movilidad, dependencia a un respirador, artrodesis e incontinencia urinaria y un trastorno producido por deficiencias de las enzimas lisosomales. Su médico le recomendó un tratamiento con un medicamento que, suministrado de forma mensual, iba a estabilizar la enfermedad, evitar que progresara y revertir algunos síntomas. La prestación, suministrada por el programa Incluir Salud, fue suspendida en noviembre de 2019. La familia de la niña se encontraba en una precaria situación económica y no podría afrontar el pago del medicamento. En el marco de otro proceso se le había otorgado un subsidio habitacional a fin de que accediera a una vivienda que reuniera las condiciones necesarias para que fuera habitable por la niña. La madre de la niña, en su representación, intimó al programa y al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que la prestación fuera reanudada. La solicitud no fue contestada. Entonces, la defensoría interpuso una acción de amparo y solicitó como medida cautelar la entrega en el plazo de dos días de la medicación o los fondos para acceder a la misma. Además, solicitó la prestación bajo apercibimiento de embargar los fondos suficientes para efectuar la compra directa del medicamento.
3-abr-2020	Recomendación VIII/20	El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia. Luego fue declarada la emergencia sanitaria a través del DNU 260/2020 y fueron publicadas diversas reglamentaciones y recomendaciones a nivel nacional e internacional con el fin de evitar la propagación del virus COVID 19. En ese contexto el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles se reunió con el objeto de efectuar recomendaciones para la protección de la población privada de la libertad y para que se evaluara la viabilidad de las medidas alternativas o morigeradas del encierro.
3-abr-2020	Dos Santos Da Costa (causa Nº 655)	Una mujer de 66 años se encontraba afiliada al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y tenía diabetes tipo 2 con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia. Su médico le indicó un tratamiento con insulina cuya adquisición, costo y aplicación fue asumida por la mujer. Por esa razón, requirió en varias oportunidades a PAMI el suministro de la medicación. El organismo rechazó la solicitud porque no había justificado la petición ni utilizado otras insulinas en forma previa. Entonces, la mujer interpuso una acción de amparo y solicitó como medida cautelar que se ordenase a PAMI que otorgara la cobertura inmediata de la insulina.
2-abr-2020	Flores (causa N° 12341)	Una niña de seis años fue diagnosticada con Sindrome de Wolf HirschHom, supresión del brazo corto del cromosoma 4, epilepsia, microcefalia, retraso mental grave y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En el año 2016 su médico tratante le prescribió internación domiciliaria las 24 horas para llevar un adecuado control de su cuadro y evitar convulsiones y enfermedades que le generasen retrocesos en su salud. En febrero de 2020, en el marco de un control médico se dispuso la reducción de las horas de internación a la mitad porque se consideró que la niña sólo era electrodependiente y no tenía otras patologías. La familia de la niña tenía escasos recursos ecónomicos y pocos conocimientos de cuidados básicos para estabilizar a la niña en supuestos de crisis. Por este motivo, la madre en su representación, intimó a la obra social para retomar la cobertura total de la internación domiciliaria por 24 horas. El requerimiento no fue contestado. En consecuencia, interpuso una acción de amparo contra la entidad y solicitó como medida cautelar que de manera urgente se cumpliera con el 100% de la cobertura. Entre sus argumentos, destacó la situación de emergencia sanitaria ante la pandemia de COVID 19 y el grave riesgo de contagio que tenía su hija por ser una paciente con enfermedades respiratoria.
2-abr-2020	Losito (causa N° 1412)	Un hombre de 68 años se encontraba imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad y detenido con prisión preventiva en la Unidad N° 34 de Campo de Mayo. Con anterioridad había sido condenado por un tribunal de Resistencia que le había concedido el arresto domiciliario. El hombre tenía hipertensión arterial, dislipemia y una patología degenerativa de columna cervical y dorsolumbar. Además, presentaba cardiopatía hipertensiva con leve compromiso hemodinámico. Frente a la situación de emergencia sanitaria, el Servicio Penitenciario informó que pertenecía al grupo de riesgo frente al COVID-19. Por esa razón, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El representante del Ministerio Público Fiscal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos se opusieron al pedido. Entre otras cuestiones, sostuvieron que la Unidad N° 34 tenía una población carcelaria menor a la capacidad de alojamiento y contaba con instalaciones en un predio amplio y aireado. Además, agregaron que la pandemia no bastaba para demostrar que con el otorgamiento del instituto se garantizaba un mejor acceso a la salud que en el lugar en donde se alojaba.
1-abr-2020	Millan (causa N° 14926)	Un hombre había sido condenado a la pena de dos meses de prisión en suspenso. Luegofue detenido e imputado por el delito de hurto. El hombre se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz. El juzgado dispuso su prisión preventiva. Para así decidirlo tuvo en consideración su antecedente condenatorio y su situación de desarraigo y concluyó que en el caso existía riesgo de fuga.Transcurrido un mes de detención, su defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. La fiscalía se expidió de manera desfavorable al pedido y sostuvo que, en caso de recaer sentencia condenatoria, la pena se debía unificar con la anterior y su monto superaría el tiempo que llevaba en prisión preventiva.