ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

Buscar

Resultados 31-40 de 44.

Resultados por ítem:

Fecha	Título	Resumen
17-mar-2015	MDS, L c. Obra Social de empresarios profesionales y monotributistas	La señora LMDS inició acción de amparo contra la Obra Social de Empresarios Profesionales y Monotributistas y solicitó la cobertura del 100% de las prestaciones necesarias para tratar su patología (adenocarcinoma moderadamente diferenciado de colon). El magistrado de primera instancia decidió dictar la medida cautelar requerida por la actora y ordenó a la obra social demandada que otorgara la cobertura del 100% del tratamiento indicado por su médico tratante. La demandada interpuso recurso de apelación, y expresó que la negativa a brindar la prestación obedeció al pago deficiente de las cuotas correspondientes a la amparista y su grupo familiar.
16-mar-2015	GJN c. OSDE	En este caso, el juez de primera instancia otorgó la medida cautelar pedida por la parte actora con el objeto de que la empresa de medicina prepaga garantice la continuidad de su afiliación hasta que se resolviera la cuestión de fondo. La demandada había cesado la prestación de servicios en favor del accionante con base en el falseamiento en la declaración jurada. La empresa apeló la decisión.
13-mar-2015	S, AM c UP	En este caso, la actora, en representación de sus hijos -dos jóvenes con discapacidad- demandó a su obra social a fin de obtener la cobertura de las prestaciones de asistencia personal las 24 horas, atención médico asistencial coordinada, cobertura de estudios genéticos familiares, y se les otorgue un lugar habitacional o algún subsidio para resolver temporalmente el problema de vivienda que impide llevar a cabo los tratamientos respectivos. El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar requerida. Posteriormente, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal modificó la decisión de primera instancia y ordenó a la obra social y al Estado Nacional otorgar el apoyo económico necesario –hasta tanto se dicte el fallo definitivo de la causa- destinado a abonar en forma íntegra el alojamiento que permita a los actores con discapacidad vivir con su grupo familiar y recibir el tratamiento médico y asistencial que requieren en condiciones de dignidad. Esta obligación fue impuesta en un 20% a la referida obra social y en el 80% restante a cargo del Estado Nacional, y se estableció que debería ser satisfecha en el término de diez días. Sin embargo, lo resuelto no fue cumplido por los obligados.
10-mar-2015	DBE c. Hospital Italiano	En el caso, el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora – de 95 años de edad– y dispuso que la parte demandada le otorgue la cobertura de internación geriátrica en un hogar y la medicación prescrita por su médico tratante, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. La demandada apeló dicha decisión con fundamento en que no estaba obligada a brindar la cobertura de internación geriátrica pues no se encuentra contemplada en la normativa vigente ni en su contrato de afiliación. Subsidiariamente, ofreció cubrir parcialmente el valor mediante el sistema de reintegros.
9-mar-2015	Stricker, Carlos Andrés	El tribunal oral revocó –con el dictado de la sentencia condenatoria– la prisión domiciliaria que se le había concedido al imputado, de 70 años, detenido en 2013 y que presentaba un delicado estado de salud. La defensa interpuso recurso de casación contra esa decisión.
mar-2015	Habeas corpus (nacional)	Jurisprudencia nacional sobre hábeas corpus (nacional)
13-feb-2015	AMI c. Google	En el marco de una acción de amparo, una mujer solicitó el dictado de una medida cautelar en contra de Google Inc. y Yahoo Argentina S.R.L a fin de que bloquearan de sus buscadores los resultados vinculados con el hecho de su desaparición tres años atrás, producto de una crisis producida por una enfermedad psiquiátrica que terminó con la intervención de la policía y de los medios de comunicación. El juez de grado hizo lugar a la petición por considerar que la exposición del hecho mencionado en las redes sociales ocasionaba perjuicios a la peticionaria en el tratamiento de su salud, en clara violación con las disposiciones de la ley de salud mental Nº 26.657. Contra esa resolución las demandadas apelaron la medida cautelar decretada.
12-feb-2015	H, NI	En el caso, IEC –de 24 años– padecía una insuficiencia renal crónica y su madre –de 52 años– era su potencial donante. Por su parte, JEL –de 52 años–padecía una insuficiencia renal crónica y su esposa –de 39 años– era su potencial donante. Todos ellos participaron del “Programa de optimización de donante” de la Fundación Favaloro. De allí surgió que tanto IEC como JEL podían recibir un trasplante más compatible que el de sus potenciales donantes actuales (madre y esposa respectivamente), lo cual mejoraría en los dos casos su tolerancia al trasplante y su efectividad, resultando muy beneficioso para ambos receptores al disminuir en forma sustancial los riesgos de rechazo. En virtud de ello, solicitaron que se autorice judicialmente el trasplante renal cruzado. Así, IEC recibiría el riñón de la esposa de JEL y éste el de la madre del primero.
11-feb-2015	Incidente Nº 2	El imputado sufría tuberculosis y era portador de HIV y se encontraba privado de su libertad en un establecimiento carcelario. La defensa solicitó su excarcelación bajo caución juratoria y, en subsidio, la prisión domiciliaria. El juez actuante resolvió concederle la excarcelación en los términos requeridos.
10-feb-2015	Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos c. INSSJP.	La Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos (Asociación DE.FE.IN.DER.) y la Asociación Civil "Pequeña Obra de la Divina Providencia" iniciaron acción de amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) con el objeto de que se reconociera el derecho a la cobertura integral de prestaciones en favor de las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas de acuerdo a lo establecido en las leyes 22.431 y 24.901. La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia que rechazó in limine el amparo por falta de legitimación de los actores. Contra esta decisión, la parte actora interpuso recurso extraordinario federal, en el que sostuvo esencialmente que en el caso se encontraban comprometidos derechos de incidencia colectiva relacionados con la salud pública en la medida en que se buscaba una adecuada prestación de ciertos servicios sanitarios.