ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
8-sep-2016	G, G F	En un acuerdo de juicio abreviado, el fiscal había solicitado que se le imponga a las dos imputadas la pena de cuatro años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes. Durante la audiencia de visu, la defensa solicitó que el tribunal se aparte del mínimo legal y fije una pena de tres años de prisión con ejecución en suspenso para una de ellas, madre soltera de tres niños. El fiscal consintió la petición. Sin embargo, el Tribunal Oral la condenó a la pena de cuatro años de prisión. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación.
2-sep-2016	Caballero Trinidad, Juan	En el marco de una investigación iniciada por la presunta infracción de la ley 23.737, el juzgado de primera instancia instruyó la causa sin que mediara requerimiento fiscal. Asimismo, dispuso la intervención de varios teléfonos con escasa fundamentación de las medidas y sin correr vista al acusador público. A partir de la información obtenida de las intervenciones telefónicas, el personal de Gendarmería interceptó un automóvil en un control vehicular, lo requisó y secuestró cocaína del interior del baúl. El representante del Ministerio Público sólo intervino para requerir la elevación de la causa a juicio. En el juicio oral, el fiscal solicitó la pena de siete años de prisión para uno de los imputados y seis años y seis meses de prisión para el otro por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el concurso de tres o más personas. El Tribunal Oral condenó a los dos a la pena de siete años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, sin aplicar la agravante solicitada. Para llegar esta decisión, tomó como pautas agravantes la pureza del material secuestrado y la modalidad de ocultamiento. Contra la sentencia condenatoria, la defensa interpuso recurso de casación.
17-may-2016	Quiroga, Mario Ricardo	La defensa había requerido la prisión domiciliaria de su representado por motivos asociados a su estado de salud. El fiscal se opuso a la solicitud y, sobre esa base, el juez de ejecución penal rechazó el pedido. Para resolver de ese modo, el magistrado determinó –con remisión al informe del médico de la unidad penitenciaria– que la situación del condenado no encuadraba en ninguna de las excepciones previstas en el art. 32 de la ley 24.660. Contra la denegatoria, la defensa interpuso recurso de casación.
9-may-2016	Nadal, Guillermo Francisco	La defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal coincidieron en sostener que la condena dictada por el tribunal oral aun no había adquirido firmeza. Ello, dado que no había sido notificada personalmente al imputado. Por tal razón, sostenían que el imputado revestía aun calidad de procesado y como tal, le era aplicable el art. 77 del CPPN. Sin embargo, el tribunal entendió que bastaba la notificación a la defensa técnica para considerar firme la sentencia condenatoria. La discusión fue, finalmente, resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal.
28-abr-2016	A, DAr	Una persona había sido imputada por transporte de estupefacientes. Su defensa solicitó que se realizara la audiencia de suspensión del juicio a prueba. El tribunal corrió vista al fiscal, quien se pronunció en contra de la concesión del instituto. En consecuencia, la solicitud de la defensa fue desestimada sin realizarse la audiencia prevista en el artículo 293 del CPPN. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
18-feb-2016	Rodríguez, Eduardo Javier	El tribunal oral había dispuesto el decomiso del vehículo del imputado en orden al delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización con fundamento en que éste había sido utilizado para la comisión de aquél ilícito. Ello, a pesar de que este punto no había sido contemplado en el acuerdo de juicio abreviado suscripto por las partes. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
17-feb-2016	Benas, Walter Alberto	Una persona condenada a una pena privativa de la libertad había violado la prohibición de regreso que se le había impuesto al ser extrañada. La fiscal de ejecución penal, en su dictamen, sostuvo que la prohibición de reingreso al país, si bien podía constituir una infracción administrativa, no podía justificar reabrir el control judicial de la pena que se extinguió con la expulsión. Sin embargo, el juzgado de ejecución dispuso continuar con la supervisión de la pena. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
17-feb-2016	Ortega, Carmelo Patricio	El Tribunal Oral había condenado a Ortega por considerarlo coautor del delito de robo en concurso ideal con lesiones leves. Para ello modificó la calificación legal propuesta por el fiscal, que había encuadrado la conducta en el delito de robo agravado por el uso de un arma. A tal fin, el tribunal entendió que, si bien el pico de botella roto utilizado en el hecho no podía ser catalogado como ‘arma’, las lesiones infligidas a la víctima excedían a aquellas que podrían quedar comprendidas en el artículo 164 del CP –que sólo exige la producción de violencia–. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.