ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
24-jun-2021	Quiroga (causa n°5694)	Tres personas fueron imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, una de ellas fue imputada por el delito de abuso sexual agravado. Dentro de las personas imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes se encontraba una mujer trans, a la que se le secuestraron en su domicilio 6,88 gramos de cocaína y dos balanzas de precisión. En el requerimiento de elevación a juicio y al momento del juicio oral se hizo referencia a la imputada mediante pronombres masculinos y un nombre distinto al que utilizaba conforme a su identidad de género autopercibida. En el marco del proceso, la defensa de la mujer trans acompañó informes médicos y socio ambientales que mostraban, entre otras cuestiones, que su participación en la comercialización había sido de poca incidencia. Durante el juicio oral, la fiscalía planteó que le correspondía la imposición de una pena inferior a la prevista para la figura en el artículo 5° ‘c’ de la ley N° 23.737. En ese sentido, consideró que la imputada era una mujer trans y que por ello se había vista impedida de acceder al mercado laboral formal e informal. Asimismo, planteó que las personas que formaban parte del colectivo LGBTIQ sufrían violencia, discriminación y la “criminalización por el comercio de estupefacientes”. Por último, en base a los informes presentados por la defensa, ponderó que la imputada no era responsable de un comercio de estupefacientes a gran escala. Por estos motivos, la fiscalía solicitó que se le impusiera una pena de dos años de prisión. El tribunal oral condenó a las tres personas por los delitos que habían sido imputadas y, en particular, impuso a la mujer trans una pena de cuatro años de prisión. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. En su impugnación, destacó, entre otras cuestiones, la vulneración del principio acusatorio.
26-mar-2019	López (Causa Nº 19317)	BEF, de diecisiete años, y JAE, mayor de dieciocho años, fueron imputados por delitos previstos en la ley N° 23.737. En la etapa de juicio, ambos suscribieron acuerdos de juicio abreviado. En ese marco, se acordó que a JAE se le impusiera una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de mil pesos. Además, se propuso que se declarara la responsabilidad penal de BEF y se lo eximiera de pena en los términos del artículo 4 de la ley N° 22.278. El Tribunal Oral homologó los acuerdos. Además, de oficio dispuso que los imputados realizaran tratamientos de rehabilitación. Contra esa decisión, las defensas interpusieron recursos de casación. Entre otras cuestiones, sostuvieron que el tribunal impuso a sus asistidos reglas de conducta que no habían sido pautadas.
28-abr-2016	A, DAr	Una persona había sido imputada por transporte de estupefacientes. Su defensa solicitó que se realizara la audiencia de suspensión del juicio a prueba. El tribunal corrió vista al fiscal, quien se pronunció en contra de la concesión del instituto. En consecuencia, la solicitud de la defensa fue desestimada sin realizarse la audiencia prevista en el artículo 293 del CPPN. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
29-oct-2015	PG, C	Una persona había sido imputada por el delito de defraudación por el uso de una tarjeta de crédito extraviada. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se expidió de manera favorable a su concesión. Sin embargo, el tribunal oral rechazó el pedido. Contra dicha resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
9-mar-2015	P, HF	Una persona había sido imputada por hechos constitutivos de violencia de género. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se pronunció a favor a la aplicación del régimen. Para opinar de ese modo, sostuvo que la fundamentación de la inaplicabilidad de la probation a los casos de violencia de género era la protección de la familia y, en este caso, la damnificada no había vuelto a tener contacto con el imputado y éste tampoco había violado la prohibición de acercamiento que se le impuso. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido. Para tomar esta decisión, se sostuvo que resultaba aplicable la doctrina del caso “Góngora” (Expte. G. 61. XLVIII, del 23/4/2013) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Contra esa resolución, la defensa interpuso recurso de casación.
9-mar-2015	Ovejero, Ariel Maximiliano	El Juez de Ejecución Penal había rechazado la libertad condicional de una persona pese a contar con dictamen fiscal favorable. Ello, dado que, a criterio del magistrado, el condenado debía realizar un tratamiento para afrontar su adicción a las drogas. El representante del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa recurrieron la decisión. La sala II de la CFCP hizo lugar a los recursos.
7-jul-2014	R, E	Una persona se encontraba imputada por el delito de abuso sexual. La defensa solicitó la suspensión de juicio a prueba. El representante del Ministerio Público Fiscal prestó su consentimiento. El tribunal oral rechazó la petición por aplicación de la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Góngora". La defensa interpuso un recurso de casación.
1-nov-2013	YR, CA	Una persona había sido imputada por el delito de abuso sexual. Su defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal dictaminó de modo favorable a la concesión del instituto. Sin embargo, el tribunal oral había rechazó el requerimiento. Contra esa resolución, la defensa interpuso recurso de casación.
18-oct-2013	E, JA	Una persona había sido imputada por el delito de rapto en grado de tentativa. Su defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal dictaminó de modo favorable a la concesión del instituto. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud. Para llegar a esa conclusión, los jueces consideraron que si bien la calificación jurídica permitía la imposición eventual de una pena en suspenso, esa caracterización podía modificarse durante el juicio oral. Asimismo, tuvieron en cuenta la resolución de la PGN que creaba el Programa del Ministerio Público sobre Políticas de Género dictada con posterioridad a la audiencia de probation. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.