ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
10-abr-2020	Linari (causa N° 14216)	Un hombre de 70 años se encontraba detenido en la Unidad N° 34 del SPF. El hombre presentaba una patología crónica degenerativa y tenía una hiperplasia prostética que requería cambios periódicos de una sonda vesical. Además figuraba en el listado de personas en riesgo frente al COVID-19, elaborado por el Servicio Penitenciario Federal. Por esa razón, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. La Sala de Feria de la CFCP anuló la resolución y remitió las actuaciones al tribunal a fin de que dictara una nueva resolución. El tribunal ordenó que se realizaran nuevos informes médicos. La unidad penitenciaria no respondió al pedido. El Cuerpo Médico Forense explicó que la patología prostática que sufría el imputado requería un control periódico por especialistas en urología, de preferencia en un hospital extramuros. Por su parte, la Dirección de Sanidad del SPF hizo saber que se habían restringido todos los traslados programados a establecimientos hospitalarios extramuros para efectuar interconsultas o estudios complementarios.
8-abr-2020	Diaz (causa n° 84971)	En marzo del 2020 un hombre fue condenado a la pena de seis meses de prisión por el delito de abuso sexual. En la sentencia se dispuso como fecha para el agotamiento de la pena el 13 de mayo de 2020. El imputado se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y manifestó que carecía de una alimentación diaria adecuada y que por ese motivo se había descompensado física y anímicamente. En particular, señaló que tenía molestias en su estómago y dolor en los pulmones. Ante la declaración de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. La fiscalía se opuso al pedido.
7-abr-2020	Gonzalez (causa n°61635)	Un hombre fue condenado a la pena de seis años y nueve meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. La sentencia no se encontraba firme. El hombre tenía diabetes y se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. En su presentación planteó que su asistido se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. A su turno, la fiscalía se opuso por considerar que el CPF I cumplía con los resguardos necesarios para preservar su salud. Entonces, el tribunal le ordenó al complejo que dispusiera el aislamiento y distanciamiento obligatorio del imputado respecto del resto de la población penitenciaria. La unidad no respondió la orden judicial.
7-abr-2020	Passarelli (causa n°277)	Un hombre había sido condenado a la pena de cuatro años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes y se encontraba alojado en la Unidad N° 5 del Servicio Penitenciario Federal (General Roca, provincia de Río Negro). El imputado tenía 59 años, era portador de HIV y tenía, entre otras enfermedades, hepatitis C. El establecimiento penitenciario informó que recibía tratamiento para su cuadro. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario por considerar que se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. A su turno, la fiscalía dictaminó de forma favorable.
7-abr-2020	De Irazu (causa n°11732)	Una mujer había sido condenada a la pena única de cinco años de prisión y se encontraba alojada en Complejo Penitenciario Federal IV del Servicio Penitenciario Federal. La impu-tada vivía con HIV y madre de cinco hijos menores de edad. La defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria en dos oportunidades. El Tribunal Oral rechazó la solici-tud. En ambas ocasiones, la Cámara Federal de Casación Penal anuló lo resuelto y devolvió las actuaciones para que se dictase un nuevo pronunciamiento que valorase si la presencia materna en el hogar podía implicar una mejor situación para sus hijos, de acuerdo al inte-rés superior del niño. Finalmente, el tribunal rechazó el planteo sin ponderar los aspectos señalados por la CFCP. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, la defensa solicitó por tercera vez que se le concediera el arresto domiciliario a su asistida. En particular, se-ñaló la mujer se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. Además, el Servicio Penitenciario Federal la incluyó en su informe sobre la población penal en riesgo. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, su de-fensa interpuso un recurso de casación.
6-abr-2020	Obregón (causa N° 16000577)	Un hombre de 70 años había sido condenado a la pena de veinticinco años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados. El hombre se encontraba alojado en la Prisión Regional del Norte, Unidad N° 7 del SPF. Entre otras cuestiones, tenía artrosis de rodilla que le dificultaba caminar, una recidiva de una cirugía de ganglio en la articulación de un hombro, una enfermedad degenerativa del raquis lumbar, obesidad, una hernia de disco lumbar e hipertensión arterial. La defensa había presentado un certificado médico de un especialista en ortopedia y traumatología que recomendaba que el tratamiento y la rehabilitación se realizara en el domicilio para una mejor evolución de las patologías. Además, el informe médico realizado en la unidad penitenciaria concluía que el contexto de encierro dificultaba su recuperación. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa requirió que se le concediera la prisión domiciliaria por encontrarse dentro del grupo de riesgo frente al COVID-19. El representante del Ministerio Público solicitó la realización de informes y evaluaciones médicas para definir su situación actual y agregó que la situación de emergencia sanitaria no era motivo suficiente para otorgar el instituto requerido.
3-abr-2020	Cepeda (causa n°27531)	Un hombre había sido condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión por el delito de robo agravado y se encontraba alojado en la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal. El imputado era portador de HIV y sufría, entre otras cuestiones, de insuficiencia renal e infección respiratoria. Su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria por considerar que su permanencia en un establecimiento penitenciario le impedía tratar de manera adecuada su cuadro. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, profundizó su planteo y señaló que su asistido se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. El Servicio Penitenciario Federal elaboró un listado de personas en situación de riesgo de contagio en la cual lo incluyó. A su turno, la fiscalía dictaminó de forma favorable al pedido.
3-abr-2020	Sanchez Becerra (causa N° 83000841)	Un hombre de 68 años había sido condenado y se encontraba detenido en la Unidad N° 25 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Olmos. El hombre tenía hipertensión arterial, gastropatía y había sido diagnosticado con “eventración abdominal”, por lo que debía ser sometido a una intervención quirúrgica. Además había estado en contacto con una persona con tuberculosis, por lo que se encontraba aislado hasta obtener los resultados que determinaran si había sido contagiado. El área de sanidad de la unidad penitenciaria informó que se encontraba dentro de la población en riesgo frente a un eventual contagio de COVID-19. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al pedido.
3-abr-2020	Recomendación VIII/20	El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia. Luego fue declarada la emergencia sanitaria a través del DNU 260/2020 y fueron publicadas diversas reglamentaciones y recomendaciones a nivel nacional e internacional con el fin de evitar la propagación del virus COVID 19. En ese contexto el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles se reunió con el objeto de efectuar recomendaciones para la protección de la población privada de la libertad y para que se evaluara la viabilidad de las medidas alternativas o morigeradas del encierro.
2-abr-2020	Losito (causa N° 1412)	Un hombre de 68 años se encontraba imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad y detenido con prisión preventiva en la Unidad N° 34 de Campo de Mayo. Con anterioridad había sido condenado por un tribunal de Resistencia que le había concedido el arresto domiciliario. El hombre tenía hipertensión arterial, dislipemia y una patología degenerativa de columna cervical y dorsolumbar. Además, presentaba cardiopatía hipertensiva con leve compromiso hemodinámico. Frente a la situación de emergencia sanitaria, el Servicio Penitenciario informó que pertenecía al grupo de riesgo frente al COVID-19. Por esa razón, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El representante del Ministerio Público Fiscal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos se opusieron al pedido. Entre otras cuestiones, sostuvieron que la Unidad N° 34 tenía una población carcelaria menor a la capacidad de alojamiento y contaba con instalaciones en un predio amplio y aireado. Además, agregaron que la pandemia no bastaba para demostrar que con el otorgamiento del instituto se garantizaba un mejor acceso a la salud que en el lugar en donde se alojaba.