ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
14-abr-2020	Muñoz (causa N° 13838)	Un hombre de 67 años había sido condenado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a la pena de cinco años de prisión y se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. El hombre tenía cáncer de colon, había sido operado y había realizado un tratamiento de quimioterapia. En ese sentido, había solicitado un turno al servicio de oncología del Hospital Udaondo. Previo a su otorgamiento, el nosocomio había solicitado la realización de una biopsia. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la sección de traslados extramuros de la unidad informó que habían suspendido las agendas de turnos programados en los hospitales y centros de salud. Además, informó que quedaban restringidos todos los traslados programados de detenidos a establecimientos extramuros para efectuar interconsultas o estudios complementarios. En ese contexto, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria en la casa de su hija en la ciudad de Necochea.
7-abr-2020	Passarelli (causa n°277)	Un hombre había sido condenado a la pena de cuatro años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes y se encontraba alojado en la Unidad N° 5 del Servicio Penitenciario Federal (General Roca, provincia de Río Negro). El imputado tenía 59 años, era portador de HIV y tenía, entre otras enfermedades, hepatitis C. El establecimiento penitenciario informó que recibía tratamiento para su cuadro. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario por considerar que se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. A su turno, la fiscalía dictaminó de forma favorable.
3-abr-2020	Abraham (causa n°415970)	Una mujer fue condenada a la pena de diez años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en concurso real con el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La mujer tenía psoriasis, una enfermedad autoinmune que requería un tratamiento en base a corticoides. Además, se encontraba a cargo de sus hijos y nietos menores de edad. La imputada había acordado junto a la fiscalía que en el mes de junio de 2020 cumplía la pauta temporal para acceder al régimen de prisión domiciliaria. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa requirió que se le concediera la prisión domiciliaria. En particular, sostuvo que la psoriasis le provocaba una inmunodepresión que la colocaba dentro del grupo de riesgo de contacto del virus COVID-19. A su turno, la fiscalía dictaminó que el arresto domiciliario debía ser otorgado con carácter transitorio.
14-feb-2019	Dusinsky (causa N° 91005899)	Por un hecho cometido entre marzo y abril de 2013, una persona fue condenada a la pena de un año de prisión de ejecución condicional (causa N° 3739). En diciembre de 2017 un Tribunal Oral la condenó a la pena de tres años y un mes de prisión por un hecho de agosto del 2013 (causa N° 1918) y a la pena única de tres años y diez meses de prisión. Esa última sentencia adquirió firmeza en diciembre de 2017. Luego fue imputada por un delito cometido en noviembre del 2013 y condenada a la pena de ocho años de prisión (causa N° 91005899). Entonces, la defensa solicitó que se dictara una pena única de ocho años. Por su parte, el repre-sentante del Ministerio Público Fiscal requirió que la pena única fuera de nueve años de prisión.
14-nov-2018	Gonzalez (causa Nº 15950)	Una pareja se presentó ante un juzgado de familia y solicitó la inscripción de un niño. Allí, manifestaron que la señora González le había entregado al niño. Por tal razón, el juzgado extrajo testimonios para que se investigara la comisión de un posible delito. Durante el trámite del expediente, se conoció que la madre del niño trabajaba en los domicilios en los que vivía González. La mujer realizaba tareas domésticas todos los días, no poseía contrato de trabajo y debía solicitar autorización si deseaba salir del lugar. Además, González administraba la paga que le suministraba y el dinero que recibía en concepto de asignación universal por hijo. En Cámara Gesell, la víctima explicó que durante su infancia había vivido en un contexto de violencia y abuso familiar. En tal sentido, manifestó que González la había “rescatado”, por lo que reconocía una figura materna en ella. Sin embargo, relató los insultos que recibía de su parte cada vez que efectuaba un trabajo, como así también que se le había negado el acceso a una educación formal. Por tal razón, González fue imputada por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y sustracción de un menor de diez años. En la etapa de juicio, suscribió un acuerdo de juicio abreviado junto a su defensa y la fiscalía. Allí, se pactó que la conducta de la imputada encuadraba en el delito de reducción a la servidumbre. Además, el representante el Ministerio Público Fiscal sostuvo que no se había logrado tener por configurado el delito de sustracción de un menor de diez años, por lo que retiró su acusación en ese sentido.
10-may-2018	OAE (causa N° 24837)	Un grupo de personas fue imputado por haber formado una organización destinada a imponer su ideología y combatir las ajenas mediante el uso de fuerza y temor. Uno de sus integrantes era menor de edad y fue acusado, además, por la comisión de lesiones leves y graves, doblemente agravadas. Durante el debate de juicio oral, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas solicitó que el joven asistiera al Museo del Holocausto, en carácter de medida educativa. En subsidio, propuso que se le impusiera una pena de ocho años de prisión. Luego, la querella –en representación de una de las víctimas– requirió que se declarase su responsabilidad penal, se ordenara su detención y se le impusiera una medida educativa por el término de un año. Por su parte, la fiscalía tuvo en consideración su condición de menor de 18 años, y solicitó que se lo declarara responsable y fuera sometido a un tratamiento tutelar por el período de un año, consistente en cursar asignaturas de derecho constitucional y derechos humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por último, su defensa consideró desproporcionadas las penas solicitadas por las querellas y postuló su absolución por aplicación de la ley N° 22.278.
8-sep-2017	NIJD	Una persona había sido procesada por el delito de transporte de estupefacientes (art. 5 inc. c de la ley Nº 23.737). Oportunamente, había sido incorporada al Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria. El tribunal, posteriormente, la condenó a la pena de cuatro años de prisión. De todos modos, la sentencia no se encontraba firme. Ante el cumplimiento del requisito temporal, la defensa solicitó la incorporación de su asistido al período de prueba y, a su vez, al régimen de salidas transitorias. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la petición. Entre sus argumentos, sostuvo que la sanción de la ley Nº 27.375 introdujo reformas sustanciales a la ley Nº 24.660. Sobre ese aspecto, señaló que la nueva redacción del artículo 229 pasó a establecer que la Ley de Ejecución Penal es complementaria del Código Penal únicamente en materia de libertad condicional. En ese sentido, sostuvo que se trata de una norma de carácter procesal y, por lo tanto, resultaba de aplicación inmediata más allá del principio de ley penal más benigna. Por último, consideró que el delito imputado encuadraba en lo dispuesto por la reforma del art. 56 bis, que excluía de los beneficios del período de prueba a los condenados –entre otros– por el delito previsto en el art. 5 de la ley Nº 23.737.
7-ago-2017	SL (causa Nº 11018313)	Cinco personas fueron imputadas por el delito de abigeato agravado por la participación de tres o más personas. Una de ellas era menor de edad al momento de cometer el hecho. Durante la instrucción, no se dispuso un tratamiento tutelar. En la etapa de juicio, la defensa planteó la nulidad de las actuaciones por considerar que se había infringido el artículo 4 de la ley N° 22.278.
27-jun-2017	MMN (causa N° 1)	Un joven de diecisiete años había transportado una sustancia estupefaciente en el ómnibus en el que viajaba. Por este motivo, fue imputado por el delito de transporte de estupefacientes. Durante la etapa de juicio, al ofrecer prueba, el fiscal solicitó su sobreseimiento por aplicación del artículo 4 de la ley Nº 22.278.
16-mar-2017	S, ARR y otros	Siete personas fueron imputadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, llevado a cabo entre los años 2008 y 2011. Se les atribuía haber captado, trasladado y acogido a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad en un club nocturno con el fin de explotarlas sexualmente. Estas mujeres tenían encomendado provocar el consumo de bebidas dentro del local y mantener actos sexuales en un hotel lindante. Durante el debate oral, fueron incorporados por lectura los testimonios de las víctimas vertidos en sede policial o del Ministerio Público Fiscal sin la presencia de su defensa. La fiscalía solicitó la absolución, por falta de prueba, de cinco de los imputados. Respecto de los otros dos, una mujer y un hombre, solicitó la absolución parcial. La mujer acusada se encontraba casada con el dueño –fallecido– del domicilio en el que vivían las víctimas y del club nocturno. A su vez, se acusó a una persona que integraba la sociedad propietaria del hotel en el que las mujeres eran explotadas. Este individuo, además, figuraba como presidente de la firma. En esa línea, la fiscalía requirió la condena de la acusada por el delito de trata de personas en su modalidad acogimiento, cometido contra víctimas mayores de 18 años mediante abuso de situación de vulnerabilidad y con la finalidad de explotación sexual, agravado por la existencia de pluralidad de víctimas, en concurso ideal con el delito de explotación de la prostitución ajena. El socio propietario del hotel fue requerido sólo por esta última calificación. Las defensas, entre otros temas, cuestionaron la incorporación por lectura de los testimonios de las víctimas.