ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
19-ago-2020	Ruiz (reg. N° 1040 y causa N° 14049)	Un hombre que se encontraba detenido era padre de tres hijos, de 15, 13 y 8 años. El mayor sufría una malformación genética y dependía de un tercero para ser movilizado a través de una silla de ruedas. Además, le habían detectado problemas de corazón y debía ser intervenido de manera quirúrgica. Desde la detención del hombre, los niños quedaron al exclusivo cuidado de su madre, que era el único sostén emocional y económico de la familia. Frente a esa situación, la defensa presentó un informe social que concluía que el joven requería constantes cuidados y la asistencia de un adulto mayor. Además, explicaba que el adolescente había abandonado los estudios secundarios desde la detención de su padre. Por esa razón, la defensa solicitó que se concediera el arresto domiciliario en los términos del artículo 32, inciso f) de la ley N° 24.660. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, consideró que los niños se encontraban al cuidado de la madre y no se había verificado un estado de desprotección o desamparo ni una situación de extrema vulnerabilidad que comprometiera el interés superior de la niñez. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación.
19-ago-2020	Tejada Aguilera (reg. N° 1041 y causa N° 4262)	Un hombre había sido detenido e imputado por la comisión de un delito. Al momento de su detención, sus hijos —de once y trece años— quedaron al cuidado de su tía paterna. Frente a la emergencia sanitaria, la situación de vulnerabilidad del grupo familiar se agravó y basaba su subsistencia en el retiro de bolsones de mercadería que ofrecía la Dirección General de Escuelas de Mendoza. En ese contexto, la defensa solicitó que se concediera la prisión domiciliaria a su asistido en los términos del artículo 32, inciso f) de la ley N° 24.660. El Asesor de Menores sostuvo que si bien el tope legislativo para conceder el instituto era de cinco años, los hijos del imputado seguían siendo niños y dicho tope no resultaba infranqueable. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal adhirió al pedido de morigeración de la detención. En particular, consideró que debía prevalecer el interés superior de los niños y consideró no existía peligro de obstrucción a la investigación por parte del detenido. El juez a cargo de la instrucción rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza no hizo lugar a la impugnación y confirmó la decisión apelada. Entonces, la defensa interpuso un recurso de casación.
6-ago-2020	Bustamante (causa Nº 31000179)	Un hombre había sido condenado a la pena de cuatro años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El imputado era padre de una joven de dieciocho años y se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal N° V. En el establecimiento realizó cursos de formación por los que se le redujeron tres meses en los plazos del régimen de progresividad. Frente a la situación de emergencia sanitaria, solicitó que se le concediera el arresto domiciliario con el fin de apoyar de manera emocional y económica a su hija. El pedido fue rechazado. Luego, el virus del Covid-19 ingresó a la unidad penitenciaria y aumentaron los riesgos de contagio. Además, el establecimiento dejó de ofrecer cursos de capacitación. La defensa solicitó nuevamente que se le concediera la prisión domiciliaria y agregó que, en el caso particular de su asistido, si el complejo le hubiera ofrecido las capacitaciones que se ofrecían en otras unidades penitenciarias, se habría encontrado en condiciones de acceder a las salidas transitorias y a la libertad condicional. En ese sentido, sostuvo que cuando la diferencia entre detenidos se originaba en cuestiones estructurales del penal y no en la actividad particular de la persona, debía primar la igualdad de trato conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 1, del PIDCyP. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió en igual sentido y consideró que el imputado se encontraba en una situación de desigualdad de trato.
24-jul-2020	Correa (causa N° 25855)	Un hombre se encontraba detenido de manera preventiva. Su hijo de dieciséis años tenía un déficit cognitivo y trastornos en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje. Durante el transcurso de la detención, el joven quedó a cargo de sus abuelos. Su abuelo sufría una discapacidad por ACV isquémico y era diabético e insulinodependiente. Su abuela sufría hipertensión, era diabética y tenía polineuritis en las piernas. En ese contexto, la defensa solicitó una morigeración de la prisión preventiva y la concesión de la prisión domiciliaria. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable a la solicitud.
17-jul-2020	Coronel (reg. N° 803 y causa N° 16854)	En abril de 2017, un hombre fue detenido e imputado por la comisión de un delito. Tres meses después fue excarcelado y se mantuvo en esa condición durante todo el proceso, que culminó con una sentencia condenatoria y su nueva detención en agosto de 2019. El grupo familiar del hombre se componía por sus dos hijas de cinco y siete años, su pareja y otra hija de ella, de doce años. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la madre de las niñas se vio imposibilitada de salir a trabajar y el único ingreso con el que contaba era la Asignación Universal por Hijo. La defensa del hombre solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al pedido. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Para decidir de esa manera, sostuvo que solo las madres de niños menores de edad podían ser beneficiarias del instituto. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En esa instancia, se dio intervención al Asesor de Menores, quien explicó que la prisión domiciliaria respondía a la necesidad de cohesión familiar y a la valoración plena del interés superior de la niñez.
14-jul-2020	Sanchez (Causa n°9743)	Un hombre que se encontraba detenido con prisión preventiva en el CPF II de Marcos Paz tenía diabetes e hipertensión arterial. A raíz de la declaración de la emergencia sanitaria, su defensa solicitó la morigeración de la prisión mediante la concesión del arresto domiciliario. El Tribunal Oral dispuso que la Dirección de Sanidad del SPF informase si el imputado formaba parte de un grupo de riesgo. El informe médico del SPF indicó que si bien el imputado tenía diabetes, no podía ser considerado parte de un grupo de riesgo de contagio. Sobre la base de dichos argumentos, el tribunal rechazó el pedido. Además, valoró que no existían casos de COVID-19 en la unidad donde el imputado se alojaba y que el peligro invocado era hipotético. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. En esa oportunidad, sostuvo que el tribunal no había analizado de manera adecuada la situación de su asistido.
9-jul-2020	Gómez (causa Nº 572)	Una mujer había sido procesada con prisión preventiva por el delito de comercio de estupefacientes agravado por haberse servido de menores y por la intervención de tres o más personas de manera organizada. La mujer solicitó en forma in pauperis que se le concediera la prisión domiciliaria. En la presentación explicó que su pareja se encontraba detenida y que juntos tenían una hija de seis años. En ese sentido, explicó que la niña se encontraba al cuidado de su abuela materna, quien frente a la emergencia sanitaria no podía hacerse cargo de su nieta pues vivía en una situación de hacinamiento. El Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia elaboró un informe que señalaba que la niña no poseía derechos vulnerados en relación a la alimentación, vivienda, salud y educación. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera desfavorable al planteo. Por su parte, la defensa fundó y amplió el pedido de arresto domiciliario de su asistida. El juzgado rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. El Ministerio Público Especializado en Minoridad sostuvo que la nena había dejado de visitar a la imputada debido a las medidas de seguridad implementadas por la pandemia y refirió la importancia de su crecimiento junto a su madre. En esa dirección, cuestionó el informe elaborado por el Consejo e indicó que la privación de la libertad de sus padres implicaba una grave afectación a los derechos fundamentales de la niña vinculados a su desarrollo integral. Por otra parte, la fiscalía ante la instancia de apelación explicó que debía velarse por el interés superior de la niña y revocarse la decisión apelada. Por otra parte, la defensa se agravió por la imposición de costas frente a la apelación puesto que le causaba a su asistida un gravamen irreparable.
3-jul-2020	Almeyda Gonzalez (causa N° 1725)	Una mujer con asma se encontraba detenida de manera preventiva en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Su defensa solicitó su excarcelación, lo que fue rechazado por el tribunal. Entonces, requirió la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El departamento de asistencia médica del complejo penitenciario hizo saber que la mujer se encontraba en estudio por una posible patología cardíaca. Por su parte, un integrante del Cuerpo Médico Forense informó que, ante la demora en la realización de los estudios sobre esa patología, podía estimarse que el alojamiento en un establecimiento penitenciario impedía un diagnóstico preciso y, por ende, un adecuado tratamiento. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable a la concesión del arresto domiciliario.
2-jul-2020	Martin (causa N° 20120)	Una persona había sido procesada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La persona sufría episodios de broncoespasmos y se encontraba detenida en el pabellón 6 de la Unidad Residencial II del Complejo Penitenciario Federal de la CABA. A su vez, había sufrido una herida de arma blanca en un pulmón. Ante la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el Servicio Penitenciario Federal realizó un listado de personas detenidas en situación de riesgo. Si bien no fue incluida en el listado, su defensa solicitó la morigeración de su detención mediante la concesión de la prisión domiciliaria. Entre sus argumentos, tuvo en cuenta que en el pabellón 8 de ese complejo cuatro personas habían dado positivo al test de COVID-19. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se pronunció a favor de lo solicitado. En su dictamen consideró que, si bien la persona tenía antecedentes penales por distintos robos, ninguno de ellos había sido agravado y podían haber tenido lugar a partir de su situación de vulnerabilidad y adicción a los estupefacientes. A su vez señaló que, pese a no estar incluido en el listado realizado por el SPF, se debía valorar su cuadro de salud y la lesión que padecía en el pulmón. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo, se remitió a los fundamentos del auto de mérito dictado por el juzgado y consideró la pena en expectativa, la eventual imposibilidad de acceder a institutos libertarios en caso de ser condenada y concluyó que existía riesgo de fuga. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
1-jul-2020	Flores (causa N° 2371)	Una persona con asma se encontraba detenida en prisión preventiva. La defensa había solicitado su excarcelación y, en subsidio, su incorporación a la modalidad domiciliaria de la detención. El tribunal rechazó la solicitud. La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Entre sus argumentos, sostuvo que no se había constatado el domicilio en el que hubiera cumplido la detención. Ante una nueva solicitud de la defensa para que se le concediera el arresto domiciliario, el Cuerpo Médico Forense informó que la persona se hallaba compensada y su situación era leve. A su vez, le sugirió determinada medicación y señaló que el tratamiento se podía realizar intramuros. Entonces, el tribunal rechazó el pedido. Para decidir de ese modo, señaló que lo solicitado no encuadraba en ninguna de las causales contempladas en los arts. 10 del Código Penal y 32 y 33 de la ley N° 24.660 para la concesión del instituto requerido. Asimismo, consideró que no habían variado las razones invocadas en su intervención previa. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, señaló que el tribunal se había apartado de lo establecido en los arts. 2, 210 y 221 del Código Procesal Penal Federal y que, hasta el momento, su asistido no había recibido la medicación indicada por el Cuerpo Médico Forense.