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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 23-dic-2024 | Estado, poder punitivo y justicia penal juvenil: el principio de especialidad como límite ético y jurídico | El sistema de justicia penal juvenil en Argentina atraviesa una etapa de intentos de reforma que plantean preguntas fundamentales sobre cómo debe intervenir el Estado frente a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Este trabajo busca aportar una reflexión sobre cómo el poder punitivo debe ejercerse en el ámbito juvenil, revisando sus fundamentos teóricos, su evolución histórica y las limitaciones que impone el principio de especialidad. Como objetivo, este texto se propone aportar un análisis que reconozca a este principio como un fundamento ético y jurídico que redefine los límites de la intervención del Estado sobre los niños, niñas y adolescentes. |
| 17-dic-2024 | El derecho de defensa de los progenitores privados de la libertad en los procesos sobre control de legalidad. La experiencia del Programa para la Asistencia a Personas Privadas de su Libertad del Ministerio Público de la Defensa | El trabajo aborda la experiencia recabada por el “Programa para la Asistencia a Personas Privadas de su Libertad” del Ministerio Público de la Defensa en la asistencia jurídica a progenitores/as en el marco de los expedientes sobre control de legalidad. Mediante el presente estudio se analiza la adopción de medidas excepcionales con respecto a los hijos menores de edad de personas privadas de libertad y los obstáculos en el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de éstos. Las autoras examinan tres casos que revelan obstáculos procesales y en la adopción de medidas tendientes a garantizar el ejercicio de la responsabilidad parental. Por último, incorporan líneas de acción que podrían ser plasmadas en una guía de buenas prácticas a emplearse por los tribunales y por los organismos intervinientes en este tipo de procesos atendiendo a las complejidades que implica la privación de libertad de los/as progenitores/as. |
| 16-dic-2024 | MNZ (Causa N° 132293) | Una mujer inició una acción judicial contra el progenitor de sus hijas adolescentes. En concreto, reclamó la atribución de la vivienda familiar. En ese marco, el juzgado abrió a prueba el expediente en noviembre de 2022. Como medida para mejor proveer y de oficio, ordenó la realización de un informe pericial ambiental. Sin embargo, luego de ocho meses sin que se produjera esa prueba, el demandado solicitó que se decretara la caducidad de la instancia. Así pues, en agosto de 2024 la jueza interviniente decretó la caducidad, ya que consideró que había transcurrido en exceso el plazo previsto por los artículos 310, inciso 1 y 315 del Código Procesal. Contra lo resuelto, la actora interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, señaló que el trámite no había avanzado a causa de la inacción del propio tribunal. Asimismo, manifestó que la decisión afectaba los intereses de sus hijas, dado que el progenitor nunca había aportado a sus necesidades. Por su parte, la defensora de menores cuestionó que no se le diera intervención antes del dictado de la caducidad. Por esa razón, planteó la nulidad de lo actuado por afectar el interés superior y el derecho a la vivienda de sus asistidas. |
| 12-dic-2024 | Revista del Ministerio Público de la Defensa N° 19. Justicia Restaurativa | En los últimos años, la justicia restaurativa ha ganado relevancia en los sistemas judiciales, especialmente tras la aprobación de las Reglas Comunes Iberoamericanas sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa. Este enfoque promueve una justicia más humana y centrada en el diálogo, priorizando la reparación del daño en lugar del castigo. El Número 19 de la Revista del Ministerio Público de la Defensa contribuye a este debate, reuniendo textos de académicos, jueces y expertos sobre los principios y las implicancias prácticas de la justicia restaurativa. A través de diversas secciones, se exploran experiencias nacionales e internacionales, destacando su potencial para ofrecer soluciones más integradoras, especialmente en casos de adolescentes en conflicto con la ley o personas con consumo problemático de sustancias. La revista también incluye una entrevista en la que se sugiere que la justicia restaurativa puede considerarse un derecho humano, que requiere un cambio profundo en la cultura jurídica para garantizar un trato digno y la reparación del daño. |
| 12-dic-2024 | La justicia restaurativa en el sistema penal juvenil. Novedades de soft law: las Reglas Comunes Iberoamericanas sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa. Revista Anual N° 19. Justicia Restaurativa | El documento aborda la justicia restaurativa en el sistema penal juvenil, destacando las "Reglas Comunes Iberoamericanas sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa" como un avance significativo en el ámbito del soft law. Estas reglas buscan establecer principios y lineamientos comunes para promover un enfoque restaurativo en la justicia penal juvenil, priorizando la reparación del daño, la participación de las partes involucradas y la reintegración social de los jóvenes en conflicto con la ley. Este enfoque se plantea como una alternativa a los modelos retributivos tradicionales, alineándose con estándares internacionales y promoviendo prácticas más humanitarias y efectivas. |
| 12-dic-2024 | Prácticas restaurativas en el sistema penal juvenil: un enfoque de derechos humanos. Revista Anual N° 19. Justicia Restaurativa. | El texto aborda las transformaciones recientes en el sistema de justicia penal juvenil, con énfasis en la incorporación de la justicia restaurativa como enfoque alternativo al modelo tradicional. La autora describe cómo este paradigma, basado en estándares internacionales de derechos humanos, busca tratar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, reducir la punitivización y fomentar la autonomía progresiva de los jóvenes en conflicto con la ley. Además, analiza la experiencia de prácticas pre-profesionales en un programa de justicia restaurativa en Lomas de Zamora. También, destaca que la justicia restaurativa es una metodología para resolver conflictos que prioriza la reparación del daño, la recomposición de lazos sociales y la participación activa de las partes afectadas. El texto resalta sus ventajas frente a las limitaciones del sistema penal tradicional, y promueve una gestión más humanizada y efectiva de la conflictividad penal juvenil. |
| 11-dic-2024 | FNR (Causa N° 37844) | Un niño de doce años vivía junto a su progenitora, la pareja de su madre y su hermano menor en Isidro Casanova. En 2023, la mujer falleció. Luego de ese acontecimiento, el progenitor biológico del niño manifestó su intención de convivir en forma permanente con su hijo en su casa de Banfield. Sin embargo, ante la negativa del niño, se produjeron situaciones de violencia que motivaron denuncias y la intervención del servicio local de protección de derechos. En ese marco, los profesionales escucharon al niño, quien expresó su deseo de continuar viviendo con su grupo familiar y visitar los fines de semana por medio a su progenitor biológico. En consecuencia, el progenitor afín inició una acción judicial. En su presentación, solicitó una medida cautelar de no innovar para evitar que se modificara el centro de vida del niño. Al respecto, pidió que se resolviera el planteo sin darle traslado al progenitor biológico. Con posterioridad, la jueza entrevistó al niño. En esa ocasión, él reiteró su intención de residir con el actor y su hermano, así como de no alejarse de su barrio, colegio, amistades y referentes afectivos. Por su parte, el representante del Ministerio Público local prestó conformidad con lo solicitado. |
| 5-dic-2024 | GC (Causa N° 46979) | Dos niñas sufrieron un accidente cuando se prendió fuego su dormitorio. El siniestro se originó en un calefactor que sus padres habían comprado en un supermercado. A raíz de lo sucedido, los progenitores, en su representación, iniciaron una acción de daños y perjuicios. Durante el proceso, lograron un acuerdo conciliatorio en el que se estableció un monto indemnizatorio en pesos. En ese marco, el Defensor Público de Menores e Incapaces prestó conformidad. Asimismo, requirió a los progenitores que formularan una propuesta de inversión concreta, una vez que se realizara el depósito judicial. En ese sentido, propuso que, si los accionantes no cumplían con ello, se colocaran los fondos en un plazo fijo en dólares, renovable cada treinta días y con capitalización de intereses en la misma moneda. Además, manifestó que no se le debían aplicar impuestos dado que no era una inversión libre. Luego, los progenitores consintieron el planteo del defensor. Sin embargo, el juzgado no lo admitió. Para decidir así, consideró que existían restricciones que afectaban el acceso al libre mercado de cambios. A su vez, expuso que no había motivos para apartarse en el caso de las regulaciones de esas operaciones. Ante la negativa, los progenitores interpusieron un recurso de apelación. Por su parte, la Cámara confirmó la sentencia. En esa oportunidad, resaltó que se trataba de una inversión financiera voluntaria, entre otras alternativas disponibles. Contra esa decisión, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante la Cámara presentó un recurso extraordinario. Con posterioridad, su rechazo dio origen a un recurso de queja. Entre sus argumentos, la Defensora señaló que los depósitos judiciales no influían en las políticas macroeconómicas fijadas por el BCRA porque no respondían a finalidades especulativas. Por último, expresó que la aplicación del impuesto PAIS reducía el resarcimiento de las niñas, lo que impactaba en su derecho alimentario, de propiedad, en la reparación plena de los daños sufridos y, por lo tanto, en su interés superior. |
| 26-nov-2024 | VCRH (Causa N° 26761) | Un hombre se desempeñaba como vendedor ambulante y estaba a cargo de su hijo, que tenía una discapacidad psicosocial. Asimismo, el hombre se había incorporado al programa “Volver al Trabajo” y se había registrado como monotributista social, por lo que contaba con cobertura total de salud. De esa manera, su hijo podía acceder a distintas terapias. Con posterioridad, el Ministerio de Capital Humano de la Nación en su resolución 603/2024 dispuso que las personas que quisieran permanecer bajo la categoría de monotributistas sociales en adelante deberían abonar el 50% del componente dirigido a la obra social. De lo contrario, se procedería a la quita tanto de la cobertura como de la condición de monotributistas. En ese contexto, el hombre –en representación de su hijo– interpuso una acción de amparo contra el referido organismo. En concreto, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la resolución y, como medida cautelar, que se suspendieran sus efectos hasta que hubiera sentencia firme. En ese sentido, manifestó su imposibilidad de afrontar el pago de la cobertura de salud y de los aportes jubilatorios. Luego, tomó intervención la Defensoría Pública Oficial de Menores ante los Tribunales Federales de San Martín, en representación complementaria del niño. En su presentación, pidió que se admitiera la medida cautelar requerida por el actor. |
| 20-nov-2024 | Adolescentes recluidos en centros de detención e internación provisoria del servicio nacional de menores (SENAME) v. Chile | En distintos centros de internación provisoria y régimen cerrado a cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME) convivían personas menores de dieciocho años junto a otros jóvenes que habían cumplido esa edad. También convivían personas procesadas y otras cuya responsabilidad por contravenir la ley penal ya había sido determinada. Estos centros presentaban problemas de infraestructura, baños con condiciones antihigiénicas y deficiente suministro de agua. En 2007, en el marco de una serie de protestas, se provocó un incendio en el centro “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt. En ese contexto, un grupo de jóvenes inhaló gases tóxicos y sufrió quemaduras. Ante esta situación, diez de ellos fallecieron. En consecuencia, seis funcionarios del SENAME resultaron imputados por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, luego se dispuso su sobreseimiento. A su vez, otras seis personas recibieron una sanción administrativa, dos funcionarios fueron sancionados con una pena de multa y también se absolvió a otras dos personas. En ese marco, los familiares de los diez jóvenes fallecidos presentaron una demanda contra el Fisco de Chile en virtud de la que luego cobraron una indemnización. Por otra parte, se presentaron acciones de amparo respecto a las condiciones de detención de cada centro, pero la justicia local las rechazó. |