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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 20-may-2026 | Ramírez (Causa N° 29182) | En el marco de una investigación por el secuestro extorsivo y posterior homicidio de un hombre, una persona fue acusada de haber accedido al correo electrónico de la víctima mientras permanecía cautiva. La fiscalía sostuvo que lo hizo desde la conexión de internet de su domicilio para obtener información orientada a la maniobra delictiva. En la sentencia, el tribunal oral que intervino consideró que la prueba no permitía acreditar la participación en el secuestro extorsivo. En consecuencia, lo absolvió por ese delito y lo condenó como autor del delito de encubrimiento agravado. Contra esa decisión recurrieron la defensa y la querella. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar parcialmente al recurso de la querella. Revocó la absolución y condenó al hombre como partícipe secundario del secuestro extorsivo agravado.; Con posterioridad al dictado de esa sentencia, el Ministerio Público Fiscal remitió un informe a la Cámara Federal de Casación que tramitó el recurso. El informe identificó que el acceso a la cuenta de correo electrónico de la víctima no había sido realizado por la persona imputada sino por personal de la propia fiscalía en el marco de tareas investigativas. En ese sentido, destacaba que la coincidencia de direcciones IP (protocolo de internet) respondía a circunstancias técnicas previamente desconocidas. En ese marco, la defensa interpuso recurso de casación horizontal. En su presentación, sostuvo que la nueva información demostraba que la condena se había basado en una premisa objetivamente falsa. El Fiscal General ante la Cámara entendió que el nuevo elemento, considerado aisladamente, no bastaba para revertir la condena, aunque reconoció que podía modificar la situación procesal del imputado. Durante la audiencia oral, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella coincidieron en que la nueva información impedía mantener la responsabilidad penal del imputado tanto por el secuestro extorsivo como por el encubrimiento. |
| 28-nov-2025 | Boletín selección de audiencias | Límites en las pericias informáticas y desbloqueo de dispositivos electrónicos | El boletín presenta una selección de decisiones judiciales adoptadas en audiencias realizadas bajo el Código Procesal Penal Federal (CPPF) y se enfoca en el examen de medidas vinculadas con el desbloqueo de dispositivos electrónicos secuestrados y la extracción y análisis de datos. El documento fue elaborado a partir del material remitido por diversas defensorías públicas federales, lo que permitió identificar criterios judiciales y líneas argumentativas relevantes para la evaluación de la legalidad, necesidad y proporcionalidad de estas medidas de investigación. La información se organiza por jurisdicción y por ciudad con el fin de facilitar el reconocimiento de prácticas locales y sus particularidades. |
| 6-jun-2025 | Tirano Martínez (Causa N° 14874) | Una persona fue acusada por el delito de transporte de estupefacientes agravado. En la audiencia de control de acusación, la defensa se opuso a la admisión de los informes de antecedentes y planillas prontuariales para la etapa de determinación de la responsabilidad, pues no estaban dirigidos a probar las circunstancias del hecho, y postuló que debían ingresar para la etapa de determinación de la pena. La defensa también se opuso a la incorporación del informe de avalúo del estupefaciente secuestrado. realizado por ARCA (ex AFIP). La fiscalía insistió en su incorporación, sosteniendo que más allá de que no se trate de un tipo penal de contenido patrimonial, se encuentra presente la cuestión dineraria tanto en la motivación de quienes realizan la conducta como en el destino de esa actividad. |
| 5-jun-2025 | Giordano y otros (FGR 8006-25) | En una audiencia de formalización, la defensa solicitó que se limite la extracción de la información contenida en los celulares secuestrados a un lapso temporal acorde al tiempo de la investigación y no a la totalidad histórica contenida en el teléfono, en resguardo al derecho a la intimidad de los asistidos. |
| 14-abr-2025 | Alfonso (FCR 2926/2025) | Un hombre que trabajaba en la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue notificado de que existía una investigación penal en su contra por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La defensa solicitó acceder al legajo de investigación. La fiscalía autorizó el acceso de manera parcial, pero se negó a entregar un sumario administrativo por considerarlo reservado conforme al artículo 28 del Decreto 1329/2009. Además, sostuvo que no estaba obligada a exhibir la totalidad del legajo antes de la formalización de la acusación. Ante esta negativa, la defensa solicitó una audiencia de control judicial anterior a la formalización de la investigación preparatoria (art. 256 CPPF) en la que sostuvo que la restricción afectó los derechos de defensa, de paridad de armas y de contradicción. |
| 12-dic-2024 | Accesibilidad a la salud de personas mayores: reflexiones en torno a una experiencia de Recreación y Movimiento en un centro de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | El artículo reflexiona sobre la construcción de accesibilidad a la salud para las personas mayores en el marco de la Atención Primaria. Se analiza la integración entre la atención clínica y las actividades de promoción desde un enfoque interdisciplinario e intergeneracional, destacando cómo estos espacios de participación comunitaria contribuyen a un envejecimiento activo, al bienestar integral y al ejercicio pleno de derechos. |
| 26-nov-2024 | VCRH (Causa N° 26761) | Un hombre se desempeñaba como vendedor ambulante y estaba a cargo de su hijo, que tenía una discapacidad psicosocial. Asimismo, el hombre se había incorporado al programa “Volver al Trabajo” y se había registrado como monotributista social, por lo que contaba con cobertura total de salud. De esa manera, su hijo podía acceder a distintas terapias. Con posterioridad, el Ministerio de Capital Humano de la Nación en su resolución 603/2024 dispuso que las personas que quisieran permanecer bajo la categoría de monotributistas sociales en adelante deberían abonar el 50% del componente dirigido a la obra social. De lo contrario, se procedería a la quita tanto de la cobertura como de la condición de monotributistas. En ese contexto, el hombre –en representación de su hijo– interpuso una acción de amparo contra el referido organismo. En concreto, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la resolución y, como medida cautelar, que se suspendieran sus efectos hasta que hubiera sentencia firme. En ese sentido, manifestó su imposibilidad de afrontar el pago de la cobertura de salud y de los aportes jubilatorios. Luego, tomó intervención la Defensoría Pública Oficial de Menores ante los Tribunales Federales de San Martín, en representación complementaria del niño. En su presentación, pidió que se admitiera la medida cautelar requerida por el actor. |
| 14-feb-2024 | Dina Maslova v. Kirguistán | Una reconocida activista de derechos humanos criticó en un discurso público al entonces presidente de Kirguistán. A partir de esa situación, el portal de noticias Zanosa publicó un artículo que reprodujo parte de sus dichos. La fiscalía general, en representación de los intereses del presidente, entabló una acción civil de daños contra la activista, el medio de comunicación y sus fundadores. Respecto de la responsabilidad por la nota periodística, el tribunal interviniente entendió que la información publicada era falsa y que lesionaba el honor, la dignidad y la reputación profesional del presidente. Por eso, ordenó a Zanosa que retirara el artículo de su sitio web y les impuso a sus fundadores el pago de una indemnización por daño moral por un equivalente de 38.000 euros. Contra esa decisión, interpusieron diversos recursos que no prosperaron. Mas tarde, el presidente renunció al pago de la indemnización. |
| 7-feb-2024 | DLCA c. MEDIFE (Causa Nº 542) | Un hombre tenía una cobertura médica prepaga. Cuando cumplió los 65 años, la cobertura incrementó el valor de la cuota. En consecuencia, el hombe inició el reclamo ante la Superintendencia de Salud y resultó favorable. Por ello, la cobertura le devolvío mediante una nota de crédito el excedente que había abonado en seis cuotas. Sin embargo, la cuota continuó incrementándose como si no hubiese existido el reclamo. Asimismo, la empresa no efectuaba una liquidación que reflejara el motivo de los aumentos. En consecuencia, el hombre inició un nuevo reclamo administrativo. Luego, el PEN dictó el DNU 70/23. En ese marco, la cobertura aumentó casi un 80% en el transcurso de tres meses. En ese contexto, el hombre inició una acción de amparo y solicitó que se declararan ilegítimos los aumentos. Además planteó la inconstitucionalidad del artículo 269 del DNU 70/23 que facultaba a las empresas de medicina prepaga a establecer aumentos diferenciales en sus planes de acuerdo a franjas etarias. |
| 8-jun-2022 | DEA (Causa Nº 8717) | Una mujer –madre de dos niños de 5 y 6 años– se encontraba detenida en una unidad penitenciaria. Su defensa solicitó se le concediera el arresto domiciliario para cuidarlos. La requirente, sin embargo, desistió del pedido porque ambos niños habían comenzado a vivir con su progenitor. Posteriormente, una comunicación remitida por la Dirección General del Régimen Correccional hizo saber que la mujer reunía las condiciones necesarias para ser incorporada al “Programa de Asistencia de Personas bajo vigilancia electrónica y otras modalidades de egresos anticipados”. Entonces, su defensa solicitó nuevamente que continúe su detención en su domicilio particular bajo vigilancia electrónica. El tribunal rechazó el pedido por considerar que no aplicaba ninguno de los supuestos del artículo 10 del Código Penal. Contra esta decisión la defensa interpuso un recurso de casación. |