ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
23-sep-2026	CF (Causa N° 7640)- CSJN	Un hombre interpuso una acción de habeas data contra la red social Facebook Argentina. En su presentación, solicitó que se suprimieran las URL de una serie de publicaciones realizadas desde una cuenta que al parecer pertenecía a la comisión de género de la facultad a la que asistía como alumno. También requirió que se revelaran los datos de quienes fueran titulares de la cuenta para luego reclamar los daños correspondientes. En ese sentido, expuso que se habían incluido manifestaciones injuriantes que le adjudicaban una falsa relación sexoafectiva con una integrante de la agrupación cuyos datos no se precisaban. En ese marco, se lo acusaba de abuso sexual y manipulación psicológica, y se incorporaba una foto de su persona. Además, señaló que había participado como militante en agrupaciones estudiantiles en defensa de diversas causas feministas. Agregó que las autoridades universitarias no avalaban a la cuenta denunciada y desconocían quiénes eran los responsables de las publicaciones. Con posterioridad, el juzgado interviniente admitió el reclamo y, por lo tanto, dispuso la eliminación de las publicaciones cuestionadas. Para decidir de esa forma, entendió que no eran útiles o informativas para la sociedad. Sin embargo, la cámara después lo rechazó. A diferencia de la anterior instancia, consideró que la publicación era de interés público y no debía suprimirse, ya que gozaba de la protección constitucional a favor de la libertad de expresión. Al respecto, destacó que el actor no solo había reconocido ser un estudiante universitario sino también un militante social que defendía los derechos de las mujeres. Añadió que las mencionadas expresiones eran una denuncia política, no una descalificación personal hacia el actor. Concluyó, que, cuando existiera duda sobre el interés público de un discurso de género, debía inclinarse por su mantenimiento. Contra esa decisión, el accionante presentó un recurso extraordinario federal. Entre sus argumentos, cuestionó que se lo tratara como sujeto público y que no se le brindara el amparo de ciudadano común.
23-sep-2026	ACIJ (Causa N° 1465)	La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) promovió una acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En su presentación, solicitó que se lo condenara a distribuir de manera equitativa la oferta educativa primaria estatal de jornada completa. En concreto, manifestó que la oferta educativa en los distritos 5, 19 y 21 –donde reside la población en situación socioeconómica más desventajada– resultaba insuficiente. En consecuencia, reclamó la creación de nuevos establecimientos escolares. En ese marco, el juzgado interviniente admitió la acción y condenó al GCBA a desarrollar un programa que garantizara el acceso como mínimo del 30% de los alumnos de nivel básico a escuelas de jornada extendida o completa, con prioridad a aquellos sectores sociales y zonas geográficas desfavorecidas, de acuerdo con lo previsto por la Ley Nacional de Financiamiento Educativo N° 20675. A su vez, le impuso la implementación de políticas públicas tendientes a igualar la oferta educativa en la Ciudad. Con posterioridad, la Cámara confirmó esa decisión solo con relación a uno de los distritos educativos (el N° 21) y la modificó en cuanto obligó a la demandada a acompañar un programa de extensión de la modalidad para los otros dos distritos involucrados. Contra ese pronunciamiento, ACIJ presentó una queja y un recurso de inconstitucionalidad. A su turno, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –por mayoría de votos concurrentes– hizo lugar a la primera y rechazó al segundo. De ese modo, dos de sus integrantes confirmaron la orden impuesta en la anterior instancia y aclararon que el GCBA podría cumplirla mediante la creación de vacantes tanto de jornada completa como extendida. En cambio, la ministra restante, si bien también confirmó la condena, no se expidió sobre la jornada extendida. En ese sentido, evaluó que no podía admitirse la apelación dado que la parte actora no había adjuntado la documentación exigida en su oportunidad. En ese contexto, ACIJ interpuso un recurso extraordinario, cuya desestimación dio origen a una queja. Entre sus principales argumentos, señaló la falta de fundamentación en el voto de la magistrada. Agregó que las condenas no lograban subsanar la discriminación por parte de las autoridades públicas, ya que la oferta educativa no quedaba equiparada, lo que constituía una práctica discriminatoria.
27-ago-2026	CCI (Causa N° 2834)	Una mujer –en representación de su hijo con discapacidad– solicitó a la obra social de la Universidad Nacional del Nordeste que lo incorporara como afiliado adherente. En esa oportunidad, manifestó que, hasta la obtención de su jubilación, su hijo había contado con esa cobertura de salud. Sin embargo, la Universidad rechazó el pedido. Contra esa decisión, la mujer presentó un recurso directo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, de acuerdo a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24521 de Educación Superior. Por su parte, el tribunal desestimó su planteo porque lo consideró extemporáneo. En consecuencia, la actora interpuso un recurso extraordinario, que fue concedido. Luego, la Corte Suprema de Justicia corrió vista de la causa a la Defensoría General de la Nación, que planteó la nulidad de las actuaciones. Al respecto, advirtió que se había omitido dar intervención al Ministerio Público de la Defensa frente a la vulneración de los derechos de una persona cuya capacidad jurídica había sido restringida, tal como lo establecen los artículos 43 de la Ley 27149 y 103 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por su parte, la Procuradora Fiscal dictaminó en el mismo sentido.
8-jul-2026	Berón De Astrada y otros (Causa N° 7263)	Un matrimonio arribó a su casa en automóvil. Mientras descendía, tres hombres y una mujer lo interceptó en la vereda. Uno de los hombres exhibió un arma de fuego, la mujer se acercó a una de las víctimas y comenzó a amenazarla y a ejercer fuerza física. Luego, los tres sujetos obligaron al dueño de la casa a ingresar. Dentro del inmueble, le exigieron que entregara sus pertenencias y las llaves del auto. En ese momento, el propietario les arrojó las llaves del vehículo al suelo y extrajo un revólver de su cintura. Ante esa reacción, uno de los atacantes efectuó dos disparos. Un proyectil impactó en el hombro derecho de la víctima y otro disparo en su cabeza le ocasionó la muerte. El grupo tomó el bolso de la víctima, las llaves del automotor y huyeron a pie. Con posterioridad fueron detenidos e imputados por el delito de homicidio agravado por haberse cometido para asegurar el resultado del delito de robo. El tribunal interviniente condenó a los tres sujetos a la pena de prisión perpetua como coautores del delito homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con robo agravado dos veces por haberse cometido en poblado y en banda, y con un arma de fuego. A su vez, condenó a la mujer a la pena de diecisiete años de prisión como coautora del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y por haberse cometido en poblado y en banda. Contra esa decisión, las respectivas defensas técnicas interpusieron recursos de casación. Entre sus argumentos, sostuvieron que calificación legal era arbitraria y que se había valorado de manera errónea la prueba de la causa. Por último, solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad de la prisión perpetua y de la normativa que prohibía el acceso a la libertad condicional.
7-jul-2026	GBR (Causa N° 5988)	Una joven tenía una enfermedad poco frecuente (fibrosis quística). En 2017, con la representación de su madre –ya que por entonces era menor de edad– inició una acción de amparo contra su obra social. En esa oportunidad, solicitó que se le proveyera la medicación indicada por su médico tratante. Tres años después, requirió la provisión de una medicación que se producía fuera del país. Como medida cautelar, la justicia hizo lugar al pedido. Con posterioridad, la obra social denunció que la ANMAT había autorizado la comercialización de un medicamento de fabricación nacional que contenía los mismos componentes que el medicamento importado. En consecuencia, ofreció proveer la medicación nacional y pidió la sustitución de la medida cautelar, lo que fue rechazado en ambas instancias. Luego, el juzgado de primera instancia admitió la acción de amparo y condenó a la obra social a cubrir el costo total del medicamento importado en las dosis y frecuencia prescriptas. En ese marco, la obra social apeló la sentencia, que fue confirmada por la Cámara. Para así decidir, el tribunal destacó que el médico tratante había informado una mejoría en la salud de la paciente con el uso del medicamento importado y había sugerido no modificar el tratamiento. Además, destacó que el medicamento de origen nacional no contaba con estudios de bioequivalencia. Contra lo decidido, la obra social presentó un recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó una queja. En esa ocasión, objetó el argumento de la cámara respecto a la falta de estudios de bioequivalencia entre los medicamentos. En ese sentido, explicó que la ley no exigía la realización de esos estudios para comercializar un producto en el país. Agregó que la justicia no tenía facultades para discutir la eficacia y seguridad del medicamento cuando ni la ANMAT ni el Cuerpo Médico Forense lo habían hecho. A su vez, señaló que resultaba arbitrario exigirle a la obra social la cobertura de un medicamento importado cuando existía uno nacional con la misma composición.
25-jun-2026	Acuña (Causa N° 25334)	Un tribunal oral condenó a una mujer a una pena de cuatro años de prisión por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Durante la ejecución de la pena, el juez a cargo le otorgó la prisión domiciliaria con fundamento en el interés superior de dos hijas. En ese período, también autorizó egresos del domicilio. Luego, la defensa solicitó la incorporación de la mujer al régimen preparatorio para la liberación previsto en el artículo 56 quater de la ley N° 24.660. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió la producción de informes para evaluar la procedencia del pedido. El juez a cargo de la ejecución tuvo en cuenta que la mujer cumplía pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria y declaró abstracto el planteo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de reposición. Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la prisión domiciliaria no excluía la sujeción al régimen progresivo de la pena y dictaminó a favor de la procedencia del recurso. El tribunal oral rechazó el recurso. Para decidir de esa manera, consideró que el acuerdo entre la defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal no resultaba suficiente para habilitar la aplicación del régimen preparatorio para la liberación. A su vez, señaló que ese instituto sólo era aplicable a personas alojadas en establecimientos penitenciarios. La defensa interpuso un recurso de casación. Radicada la causa en la Cámara Federal de Casación Penal, el representante del Ministerio Público Fiscal no expresó su posición.
24-jun-2026	Flores (causa N° 13521)	Un hombre, junto con dos personas que no pudieron ser identificadas, intentó apoderarse de un teléfono celular mediante el uso de un cuchillo. Luego de un forcejeo, se escaparon sin lograr sustraer el teléfono. A partir de un llamado al 911, el Centro de Monitoreo Urbano identificó a uno de los intervinientes y personal policial lo detuvo. Por esos hechos, el hombre fue condenado a tres años de prisión de efectivo cumplimiento como coautor de robo agravado por el uso de arma, en grado de tentativa, y por haber sido cometido en poblado y en banda. Para aplicar esta última agravante, el tribunal oral consideró que habían intervenido tres personas con un reparto de tareas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación y cuestionó, entre otros aspectos, la aplicación de la agravante de banda. En su presentación, sostuvo que la intervención conjunta de tres personas en un hecho no era suficiente para configurar ese supuesto y cuestionó el alcance atribuido al término “banda” por considerarlo contrario al principio de legalidad.
16-jun-2026	Cabra (Causa N° 15)	En 2006, una adolescente de 17 años que vivía en Villa Ángela, Chaco tuvo problemas con sus padres. Entonces, un amigo de sus hermanos mayores, de sobrenombre “Petro”, le prometió un trabajo en un negocio que le pertenecía a su tío en la provincia de Entre Ríos. Abonó su pasaje y se trasladó con ella. Al llegar, la ingresó en un prostíbulo de propiedad de su tío, quien le dijo que no podía irse porque debía pagar la deuda del pasaje y la apuntó con un arma en la cabeza. Tras aproximadamente un año de explotación sexual y encierro, logró escaparse con ayuda de un prostituyente y regresó a su ciudad natal. Sin embargo, a la semana, sus explotadores la fueron a buscar y la llevaron nuevamente al lugar de explotación. A partir de ese momento, la mantuvieron privada de su libertad en una vivienda cercana. Por las tardes la trasladaban al prostíbulo, donde era explotada sexualmente hasta la madrugada. Durante el día, Petro se aseguraba de que no saliera de la casa y la amenazaba. Un año después, la violó, producto de lo cual quedó embarazada. A los 8 meses de embarazo, regresó a la casa de sus padres y dio a luz en su ciudad natal. Cuando su hija tenía un mes, las fueron a buscar y continuaron explotándola. No la dejaban ver a su hija si no hacía “pases” y la amenazaban con vender a la recién nacida. En caso de que cumpliera, se la mostraban una vez por día. Finalmente, en 2008, logró escaparse con su hija. No regresó a Chaco ya que sabía que la encontrarían. En 2013, las autoridades clausuraron varios prostíbulos en Concepción del Uruguay, incluido aquel donde se explotó a la víctima. En 2019, ya con 30 años de edad, ella realizó una denuncia ante la Línea 145. En 2021, el dueño del prostíbulo falleció. A su sobrino se le imputó haber captado, transportado y acogido a una menor de edad con fines de explotación sexual agravado por el engaño y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, junto con el delito de amenazas, en calidad de autor. Ya en la etapa de juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal modificó la calificación jurídica por la de promoción y facilitación de la prostitución de una persona menor de dieciocho años en virtud del artículo 125 bis del Código Penal según ley N° 25.087, en concurso ideal con el delito de trata de personas previsto en el artículo 145 bis del Código Penal según ley N° 26.364. Además, solicitó se disponga la reparación del daño prevista en la ley N° 26.842 en la suma de $ 65.292.000, con sustento en el dictamen elaborado por el Área de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación.
10-jun-2026	Bustamante Durán (Causa N° 526)	Una mujer había ingresado al país desde Bolivia y abordado un micro en la provincia de Jujuy rumbo a Buenos Aires. Al bajar en la terminal de Liniers, un hombre la acompañó hasta el escáner de rayos X y se retiró del lugar ante la presencia policial. A la mujer se le hallaron dos paquetes con cocaína ocultos en un compartimento de la valija, por lo que fue detenida y procesada como autora del delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización y/o distribución en los términos del artículo 5.c de la Ley N° 23.737. El juez interviniente requirió a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que entrevistara a la mujer imputada e informara sobre una posible situación de vulnerabilidad y su eventual condición de víctima de trata y explotación por parte de terceros dedicados al narcotráfico. En ese sentido, se basó en lo que consideró indicios de reclutamiento: su analfabetismo, una posible captación en Chile, una estadía corta en la Ciudad de Cochabamba, Bolivia, donde había dejado a su hijo menor de edad al cuidado de otra persona, su ingreso a la Argentina sin lugar en el que alojarse ni vínculos sociales, el acercamiento por parte del sujeto que luego la había dejado sola cuando visualizó a la policía y una supuesta dirección de destino anotada en un papel. El informe elaborado por la Oficina de Rescate advirtió factores de profunda vulnerabilidad y situaciones de afectación de derechos desde su infancia, y se destacó el recurrente uso de mujeres con necesidades económicas e historias difíciles para el traslado de droga. La defensa de la imputada también presentó un informe que había sido confeccionado de manera conjunta por el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad y el Programa sobre Diversidad Cultural. Luego, formuló una denuncia penal con el patrocinio letrado de la Defensoría Pública de Víctima de la Ciudad de Buenos Aires por explotación de la mujer como mula por una organización.
8-jun-2026	Aráoz (Causa N° 6557)	En 2015, una mujer embarazada, que tenía además otra hija, se puso en pareja con un hombre que le prestaba ayuda económica. Tuvieron una relación abierta, con inter-cambio de parejas. Con el paso del tiempo, él le propuso comenzar a cobrar por sus encuentros sexuales con otras personas, para poder mantener a las tres niñas, ya que su sueldo no alcanzaba. Al principio, ella aceptó y los encuentros tenían lugar en la habitación que compartían, en domicilios particulares o en hoteles. Él los coordinaba, a través de perfiles falsos que creaba en la red social Facebook, y se quedaba con todo el dinero. Luego, la mujer recibió ofrecimientos de trabajos normales, pero el hombre nunca le permitió aceptarlos. La amenazó con quitarle a sus hijas si no continuaba con la prostitución y le construyó una habitación en el patio de su vivienda a ese fin. El hombre se encontraba presente en muchos de los encuentros y los grababa, material que luego utilizó para extorsionarla. En la época de su explotación sexual, la víctima se contagió de HIV y otras enfermedades de transmisión sexual. En 2016, fue a vivir con ellos la hermana menor de la víctima, ya que se había peleado con su madre. Tenía dieciséis años. Él la fotografió y también la explotó sexualmente. Ella se fue del lugar sin que la hermana supiera nada. En 2020, la primera víctima lo denunció. La fiscalía requirió la elevación de la causa a juicio en contra del imputado por el delito de trata de personas con fines de explota-ción sexual cuádruplemente agravada por haber mediado intimidación o coerción, por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, por haber sido cometido en con-tra de su conviviente y por haberse consumado la explotación, en concurso real con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual triplemente agravada por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la ex-plotación y por haberse cometido en perjuicio de una menor de dieciocho años. En la audiencia de debate, en el marco de las cuestiones preliminares, el representan-te del Ministerio Público Fiscal manifestó que había arribado a un acuerdo con el acusado, quien reconocía su participación y responsabilidad penal. El hombre admitió los hechos ante el tribunal y prestaron conformidad su defensa y la defensora de víctimas. Así, la acusación solicitó la conversión de la audiencia de debate en juicio abreviado y el desistimiento de los testigos. No hubo objeciones de las partes y se procedió a los alegatos. La representante del Ministerio Público Fiscal en esta etapa desistió de la agravante de la minoría de edad por considerar que el imputado desconocía esa con-dición. Entonces, solicitó se le aplicase una pena de 8 años de prisión. La defensora de las víctimas, en su carácter de querellante, adhirió a la acusación fiscal y solicitó una reparación para sus representadas. En ese sentido, pidió que se decomise el inmueble en donde tuvo lugar su explotación y se ponga a nombre de la primera víctima. Para la segunda solicitó el decomiso del auto y de la moto del imputado y la anotación a nombre de su asistida.