ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
30-mar-2021	Boudou (causa n°1302)	Un hombre fue procesado con prisión preventiva por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública. El hombre era padre de dos niños de un año. En octubre de 2018,el tribunal oral lo condenó a la pena de cinco años y diez meses de prisión. Contra esa decisión, su defensa presentó un recurso de casación y solicitó que se le concediera el arresto domiciliario para cuidar a sus dos hijos. En abril de 2020, el tribunal oral otorgó la prisión domiciliaria. En diciembre del 2020, la sentencia condenatoria adquirió firmeza. Por ese motivo, la fiscalía solicitó que se revocara la prisión domiciliaria. Esta solicitud fue concedida por el juzgado de ejecución en base al dictamen fiscal presentado, sin dar intervención a la defensa. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Asimismo, se presentó la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores en representación de los niños y consideró que el hombre debía mantenerse en arresto domiciliario a fin de garantizar el interés superior de sus hijos.
11-oct-2019	Dellamea (reg. Nº 2020 y causa Nº 11010095)	Una escribana fue imputada por el delito de falsificación de instrumento público. En la etapa de juicio su defensa solicitó que se le concediera la suspensión del proceso a prueba. La representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido por considerar que la imputada era funcionaria pública y había cometido el delito en el ejercicio de sus funciones. Sobre la base de dichas consideraciones, el Tribunal Oral rechazó el planteo sin realizar la audiencia prevista en el artículo 293 del CPPN. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En su presentación la defensa sostuvo que la escribana no revestía la calidad de funcionaria pública y que la interpretación contraria implicaba apartarse del fin que le había asignado el legislador al instituto de la probation.
22-dic-2015	MCR y otro	Varios individuos habían sido imputados por el delito de defraudación. Uno de ellos –que se desempeñaba como escribano– solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, la fiscalía se opuso a la concesión del instituto porque, a su entender, proceder de este modo conllevaría el debilitamiento de la acusación contra una coimputada. A su vez, alegó que la profesión del imputado estaba incluida dentro del concepto “funcionario público”. El tribunal rechazó la probation. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
3-nov-2015	NMJC	Un escribano público fue imputado por el delito de estafa. Su defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la concesión de la probation. En consecuencia, el tribunal rechazó el pedido. Contra esa resolución, la defensa interpuso recurso de casación.
29-may-2015	OMF y otra	Dos personas habían sido imputadas penalmente. Una de ellas se desempeñaba como escribana pública. La otra tenía 86 años y problemas de salud. La defensa de ambas pidió la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a su concesión. Argumentó que la escribana revestía la calidad de funcionaria pública y, que, a su vez, había cometido el delito que se le atribuía en el ejercicio de esa función. Asimismo, respecto de la otra invocó la resolución 97/09, punto b) de la Procuración General de la Nación para oponerse a la concesión de la probation solicitada por otro imputado en el entendimiento de que tal proceder debilitaría la acusación. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
9-nov-2009	Feijoo, Ariel	El tribunal oral había rechazado la suspensión del proceso a prueba requerida por los imputados. Entre otros motivos, se argumentó que uno de los imputados era escribano y que, en razón de ello, debía ser considerado funcionario público. La defensa interpuso recurso de casación contra esa decisión.
1-abr-2009	Trono, Blanca María	El tribunal oral rechazó la suspensión del proceso a prueba requerida por la imputada. Ello, tomando en consideración, en particular, su condición de escribana y, consecuentemente, de funcionaria pública. La decisión fue impugnada por la defensa.