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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 19-dic-2023 | El entorpecimiento de la investigación como justificación de la decisión sobre la prisión preventiva | El propósito de este trabajo es profundizar el análisis teórico de uno de los grupos de riesgos procesales que permiten justificar la prisión preventiva en su elemento procesal y que suele ser identificado como “posibilidad de entorpecimiento de la investigación” u “obstrucción de la realización del juicio”. Luego de un desarrollo doctrinal, el autor analiza las falencias en la motivación de la decisión privativa de la libertad en siete pronunciamientos jurisprudenciales de la Cámara Nacional de Casacíon en lo Criminal y Correccional. |
| 19-dic-2023 | La inteligencia artificial en el derecho penal: la utilización de algoritmos predictivos. | El objetivo principal de este trabajo es analizar la utilización de los algoritmos predictivos en las resoluciones judiciales y su posible afectación al derecho a la igualdad y al principio de no discriminación, como así también el derecho a defensa y el derecho de ser oído/a por un juez/a imparcial. Con ese propósito, se examinó 1) el concepto de inteligencia artificial aplicado a la resolución de causas en el Poder Judicial, 2) la situación particular de PROMETEA y 3) la utilización de algoritmos en el derecho comparado. |
| 19-dic-2023 | Informe de la visita a la Argentina del 19 al 30 de abril de 2022: recomendaciones y observaciones dirigidas al Estado parte | El Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas publicó un informe de su visita a Argentina en 2022. En esa oportunidad, el organismo visitó lugares de privación de libertad en diversas provincias y mantuvo reuniones con autoridades gubernamentales, del sistema de las Naciones Unidas en el país y con miembros de la sociedad civil. En ese marco, el Subcomité advirtió la persistencia y el agravamiento de problemas detectados en visitas previas al país y efectuó recomendaciones al Estado al respecto. |
| 19-dic-2023 | VUMI (Causa N°14167) | En el marco de un proceso de daños y perjuicios, el abogado de uno de los demandados pidió que se celebrara una audiencia virtual. En concreto, solicitó que en esa oportunidad se lo habilitara a absolver posiciones en nombre de la empresa que representaba. Con ese fin, aportó su correo electrónico y teléfono celular. El juzgado interviniente hizo lugar al pedido y fijó una fecha para la audiencia virtual. Aunque esta se celebró, el abogado no se presentó. Luego, planteó un incidente de nulidad de la referida audiencia, que fue rechazado. Para decidir así, el juez consideró que no había justificado su ausencia ni acompañado documentación en la que se observara el motivo de su incomparecencia. Contra lo resuelto, el abogado presentó un recurso de apelación. |
| 18-dic-2023 | T-576 | Una mujer se presentó en una clínica y solicitó la interrupción voluntaria de su embarazo (IVE), que es un procedimiento legal en Colombia. Sin embargo, la empresa prestadora de salud (EPS) demoró en autorizar la práctica. Además, personal de la EPS llamó al padre de la mujer para solicitar su aprobación para la realización del procedimiento. Entonces, la mujer presentó una acción de tutela en contra de la empresa, por considerar que estaba dilatando injustificadamente su solicitud y que, de esa manera, ponía en riesgo su salud. Dos semanas más tarde, la empresa autorizó la práctica requerida. La mujer relató que durante todo el procedimiento fue víctima de múltiples maltratos, palabras crueles y prácticas degradantes en su contra. Esto produjo, entre otras cuestiones, que sufriera una hemorragia y que se le realizaran prácticas médicas no recomendadas. En consecuencia, la mujer amplió la denuncia que había realizado previamente. Finalmente, una de las Salas de Selección de Tutelas eligió tratar el caso en la Corte Constitucional por considerar relevante emitir un pronunciamiento sobre este caso en atención a los presuntos actos de violencia obstétrica ocurridos al practicar el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. |
| 18-dic-2023 | El incumplimiento de la obligación alimentaria como forma de violencia económica | Jurisprudencia nacional sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria como forma de violencia económica (2017-2023). |
| 14-dic-2023 | La judicialización de los Sistemas de Reconocimiento Facial | El boletín recopila jurisprudencia nacional e internacional y diferentes documentos de interés sobre el uso e implementación de los Sistemas de Reconocimiento Facial. La jurisprudencia analizada pone en relieve que la implementación y utilización de estos sistemas en condiciones precarias y sin el control suficiente entran en tensión con los derechos y garantías de los ciudadanos. Por otro lado, los documentos de interés tienen por objetivo contribuir a la comprensión de estas nuevas tecnologías. |
| 13-dic-2023 | Lopez Garcia (causa N° 17) | Una mujer de nacionalidad boliviana había sido condenada a la pena de cuatro años de prisión y multa de 45 Unidades Fijas conforme a la ley 27.302 por el delito de transporte de estupefaciente. Su defensa solicitó su expulsión anticipada. En ese sentido, señaló que la fecha de cumplimiento de la pena era el 6/1/2027 y el 7/1/2025 cumpliría la mitad de la condena. A su vez, tuvo en cuenta que su grupo familiar se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema ya que tenía tres hijos, dos mayores y uno menor. Los hijos quedaron a cargo de su abuela materna que había padecido un ACV y tenía secuelas que le impedían trabajar y mantenerse. Por su parte, tanto el Asesor de Menores como el representante del Ministerio Público Fiscal se pronunciaron en favor de lo solicitado. |
| 13-dic-2023 | Desbloqueo coactivo del teléfono del imputado mediante obtención de datos biométricos. Algunas consideraciones en torno a su validez constitucional | En el artículo se expondrán una serie de decisiones que han tomado distintos tribunales nacionales sobre el desbloqueo coactivo de teléfonos celuares de personas imputadas mediante la obtención de sus datos biométricos. De forma posterior, el autor analizará la jurisprudencia citada, formulando algunas consideraciones en relación a distintas garantías constitucionales que podrían verse comprometidas en este tipo de medidas. |
| 12-dic-2023 | Lenguaza Noguera (causa N° 2191) | Una mujer trans de nacionalidad paraguaya fue imputada por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual en seis hechos en concurso real, cometidos contra cinco víctimas, dos de los cuales fueron con engaño y uno cuando la víctima se encontraba embarazada. Todas fueron con la agravante del aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad y de haberse consumado la explotación. La mujer estuvo detenida dos años, dos meses y veintiocho días en la cárcel “La Emboscada” en la República del Paraguay. Durante ese período, no hubo control por parte de los tribunales argentinos acerca de las condiciones de su detención. Luego, se pidió su extradición y estuvo detenida poco más de dos meses en el Complejo Penitenciario Federal N° IV de Ezeiza. Finalmente, se le concedió la prisión domiciliaria en el “Hogar Madre Teresa de Calcuta”. En total, estuvo detenida cuatro años, dos meses y veintidós días.; Durante la audiencia de juicio oral, la imputada declaró que en las unidades penitenciarias de Paraguay no había pabellones destinados a la población trans. Luego, explicó que las mujeres trans eran alojadas en cárceles de varones, donde no tenían celdas ni lugares asignados por lo que dormían en los pasillos o debajo de las escaleras. Además, no recibían comida, agua ni seguridad. En ese sentido, contó que debían ejercer la prostitución para poder alimentarse y debían pagar “peajes” para pasar las rejas ante los guardias de seguridad. Por otro lado, narró que sufrían violaciones en grupo. Por su parte, la defensa acreditó los golpes y las violaciones sufridas durante su detención. En ese sentido, también obtuvo la declaración de la Comisionada de la Comisión Nacional de Pa-raguay de Prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes res-pecto de las condiciones de detención en ese país. Al momento de los alegatos, la fiscalía y la Defensoría de Víctimas solicitaron la pena de ocho años de prisión. En cuanto al modo de cumplimiento, entendieron que en función de la pena ilícita sufrida en la cárcel paraguaya y el tiempo de detención que tuvo en Argentina, correspondía tener por cumplida la pena impuesta y disponer su inmediata libertad. Sin embargo, la Defensoría de Víctimas solicitó una reparación económica de $ 15.000.000 por el daño ocasionado a una de las víctimas. Por otro lado, el defensor de la imputada alegó que podía plantear cuestiones referidas a la no punibilidad del artículo 5 de la ley N° 25.364 pero, a pedido de su asistida, consentía la condena y solicitaba que se tuviera por cumplida la pena con el tiempo que había estado detenida. |