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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 13-abr-2016 | Sosa (reg. N° 555 y causa N° 10515) | Un hombre había sido imputado por el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido por armas de fuego en grado de tentativa y por el delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real entre sí. Durante la etapa de debate oral, suscribió un acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal. El tribunal oral modificó la calificación legal, agregó la agravante de poblado y en banda, y lo condenó a la pena de cuatro años y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento. Además, lo declaró reincidente. Contra la declaración de reincidencia, el hombre interpuso un recurso in pauperis forma. La defensa fundó la impugnación y señaló que en las actuaciones no se había verificado la concurrencia de los requisitos objetivos para la procedencia de dicha declaración. El tribunal oral rechazó el recurso, por lo que la defensa interpuso un recurso de queja. En su presentación, refirió que la pena impuesta a su asistido no se encontraba fundada ya que lo había condenado a la misma pena por una calificación más gravosa. |
| 12-abr-2016 | ADS | Una persona había sido imputada penalmente por desobedecer una orden judicial de restricción de contacto impuesta en sede civil. Para resolver la causa, solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal advirtió que existía una denuncia contra el imputado por hechos presuntamente constitutivos de violencia de género en trámite ante otro tribunal. El fiscal pidió la suspensión de la audiencia para certificar el estado de las actuaciones. La jueza rechazó la solicitud y exigió al fiscal que dictamine en ese acto. El representante del MPF se opuso a la concesión de la probation por aplicación del precedente “Góngora” de la CSJN y, en consecuencia, el juzgado correccional rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 12-abr-2016 | Escaris, Sergio Roberto c. Estado Nacional | En este caso, se suscitó un conflicto de competencia negativo entre la Justicia Nacional en lo Civil y la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. La Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil manifestó que la disputa giraba en tomo a un aspecto de la responsabilidad del Estado, que para su solución se deberían aplicar, en lo sustancial, principios de derecho público y ratione personae, por lo que corresponde al fuero federal entender en la controversia, al haber argüido el Estado su condición de aforado. Por su parte, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 se opuso a la radicación invocando que las causas iniciadas en Capital Federal que deriven de accidentes de tránsito, incluso ferroviarios, aun cuando la Nación o sus entidades sean partes, corresponden a la competencia civil. En consecuencia, determinó la devolución de las actuaciones al fuero que previno. En ese contexto, la alzada civil elevó las actuaciones a la Corte para que resuelva. |
| 8-abr-2016 | GR (probation) | Una persona imputada por el delito de lesiones culposas causadas como consecuencia de un accidente de tránsito solicitó la suspensión del juicio a prueba. El imputado se encontraba detenido en el marco de otro proceso para otro tribunal. Durante la audiencia, el fiscal dictaminó de manera favorable a la concesión del instituto. Sin embargo, el juzgado correccional rechazó la solicitud. A tal fin, argumentó que las reglas de conducta ofrecidas resultaban de imposible cumplimiento dada la situación de detención del encausado. Contra aquella decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 6-abr-2016 | Suárez, Jorge Luis y otro | Dos personas habían sido requeridas a juicio por el delito de tenencia de estupefacientes (artículo 14 primera parte de la ley 27.737) al haberse encontrado en la celda que compartían dinero, papel para armar cigarrillos, y 19 unidades de marihuana compactada. En el acuerdo de juicio abreviado, el fiscal general modificó la calificación legal que se le asignó al hecho que se les atribuía. La acusación entendió que se trataba de una tenencia de estupefacientes para consumo personal, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley mencionada y la absolución de los imputados. Una de las personas implicadas en el caso –Oviedo– no se presentó a la audiencia de visu, motivo por el cual se dispuso su rebeldía, captura y la suspensión de las actuaciones a su respecto. |
| 6-abr-2016 | AJC (causa Nº 12000089) | Varias personas fueron imputadas por el delito de transporte de estupefacientes. Una de ellas tenía dieciséis años al momento de la comisión del hecho. Por esa razón, fue sometido a un tratamiento tutelar en los términos del artículo 4 de la ley N° 22.278. Durante juicio oral, la fiscalía solicitó que se le impusiera la pena de seis años de prisión. Por su parte, la defensa postuló su absolución. |
| 5-abr-2016 | Acordada CSJN 12-16. Reglamento de actuación en procesos colectivos | Por acordada 32/2014 la Corte creó el Registro Público de Procesos Colectivos y dispuso que deben inscribirse en él todos los procesos de estas características radicados ante los tribunales del Poder Judicial de la Nación. A pesar de la información brindada oportunamente por el Registro, en múltiples casos se ha mantenido la radicación ante distintos tribunales de procesos colectivos en los que se ventilan pretensiones idénticas similares. Que por tales motivos, ya fin de cumplir los objetivos denunciados, resulta imperioso definir el criterio que determinará la preferencia temporal en este tipo de procesos. |
| 5-abr-2016 | Velez, Miguel Angel c. Vignoni, Marcela Hilda y otros | El juzgado de primera instancia estableció en el marco de un proceso de ejecución prendaria que debían aplicarse las pautas oportunamente convenidas entre las partes en el contrato prendario para determinar el quantum del crédito reconocido en favor del ejecutante; esto es, un interés directo de 7,154% anual y, en caso de mora en el pago de las cuotas, un interés punitorio del 40% anual. El ejecutado apeló la resolución. |
| 5-abr-2016 | Cazan v. Rumanía | El presente caso fue iniciado por el abogado rumano Ionu? Cazan y refiere a los malos tratos que le infligió un oficial de policía en una comisaría mientras visitaba a un cliente. El peticionario fue insultado y lesionado físicamente cuando pidió explicaciones sobre la inclusión en el archivo judicial de una orden para el inicio de un proceso penal que no le fue notificada a su defendido; además, fue retenido durante unas horas en la comisaría. En julio de 2010 Cazan presentó una denuncia contra el policía por conducta abusiva, detención ilegal y lesiones. El reclamo, sin embargo, fue desestimado. |
| 5-abr-2016 | CMA (dictamen PGN) | La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) dictó una resolución administrativa en la que se impedía que la Procuración Penitenciaria Nacional inspeccionara las dependencias donde se alojaban niños, niñas y adolescentes. Por tal razón, la Procuración Penitenciaria de la Nación interpuso un hábeas corpus colectivo. El juzgado hizo lugar a la acción e intimó al titular de la SENNAF a que habilitara el ingreso de la PPN a los institutos. Contra esa resolución, la Secretaría interpuso un recurso de apelación. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión, y condicionó las inspecciones a la aprobación de un plan de trabajo que debía presentar la PPN. Ambas partes interpusieron recursos de casación. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las impugnaciones y la acción de hábeas corpus por entender que el impedimento de inspección no generaba un peligro para el colectivo de niños privados de libertad. Contra esa resolución, la fiscalía interpuso un recurso extraordinario federal, cuyo rechazo motivó la interposición de un recurso de queja. |