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Resultados por ítem:
Fecha | Título | Resumen |
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6-may-2015 | PMA (causa Nº 233438) | El padre de un niño inició una acción de cambio de tenencia [cfr. el Código Civil vigente al momento de los hechos] respecto de su hijo RJ, quien se encontraba al cuidado de su madre. En su presentación, el actor expresó que su hijo le manifestó que lo incomodaba la relación de pareja que su madre mantenía con otra mujer. |
6-may-2015 | E, MD c. P, PF (dictamen PGN) | Una pareja de argentinos se trasladó a España en el año 2007. En el año 2010 tuvieron un hijo y, con posterioridad, se separaron. La madre retornó a la Argentina con su hijo en 2012. Un año después, el padre del niño pidió su restitución internacional ante el Juzgado de Familia de Primera Nominación de Santiago del Estero en los términos del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Ese juzgado se inhibió de intervenir y remitió la causa a un juez de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional designado como juez de enlace con competencia en materia de restitución internacional de menores en el marco del Convenio de La Haya. Esa atribución de competencia fue consentida por las defensorías oficiales que ejercían la representación del progenitor y del niño, por la demandada y por las fiscalías de primera y de segunda instancia. En tales condiciones, el juicio se sustanció íntegramente ante dicho magistrado, sin que el padre peticionario ni el Ministerio Público presentaran ninguna objeción. El juez actuante rechazó la solicitud de restitución. El actor apeló esa decisión y, además, cuestionó la competencia y requirió la nulidad de lo actuado. El Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a las peticiones. En virtud de ello, la progenitora del niño interpuso recurso extraordinario cuya denegación dio lugar al recurso de queja. |
5-may-2015 | Camerano, Sebastián | La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado la decisión del juez de primera instancia que dictó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado en orden al delito de intimidación pública. Dicha imputación se fundó en el llamado telefónico efectuado por el imputado al 911 dando un aviso falso sobre la existencia de una bomba en el colegio. Contra esa decisión interpuso recurso de casación la defensa. La sala IV CFCP hizo lugar a la impugnación. |
5-may-2015 | QSM | El representante de una la obra social interpuso un recurso de apelación contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esa ciudad que obligó a incluir a un niño como beneficiario y aceptó que la vía elegida –una medida autosatisfactiva, en el marco de un amparo– se presentaba como la más eficiente para la protección de su derecho a la salud. El recurso fue rechazado. Disconforme con el pronunciamiento, la parte demandada interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. |
5-may-2015 | EJC | En 2011, el Tribunal Oral le había concedido al imputado la suspensión del juicio a prueba por dos años. Sin embargo, en 2012 revocó la probation por incumplimiento de la reparación ofrecida. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En 2013, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y anuló la decisión. A tal fin, argumentó que el control de las reglas impuestas es competencia del juez de ejecución. Luego, en 2014, el Juzgado de Ejecución dispuso la extinción del término de la suspensión. No obstante, en 2015 el tribunal revocó nuevamente la probation por la misma razón que motivó la resolución anterior. Tanto el fiscal de ejecución como su par con actuación ante el Tribunal Oral habían dictaminado a favor de la extinción. La defensa interpuso un recurso de casación. |
4-may-2015 | G, M L c. ANSES | La actora promovió acción de amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el objeto de que le ordene a la accionada a componer el haber jubilatorio de la actora y, en consecuencia, le abone las diferencias mensuales entre lo percibido en concepto de renta vitalicia -por el fallecimiento de su cónyuge- y el haber vigente conforme lo dispuesto por el art. 46 de la ley 26198. Asimismo, solicitó que se declare la inconstitucionalidad y/o incaplicabilidad del artículo 125 de la ley 24241. |
4-may-2015 | L, EH c. Obra Social de Empleados Públicos (dictamen PGN) | Un matrimonio intentó procrear por medios naturales y, luego, mediante tratamientos de fertilización asistida de baja y alta complejidad, sin éxito alguno. A raíz de ello, su médico genetista les indicó que la fecundación in vitro (FIV) por técnica ICSI (inyección intracitoplasmática de espermatozoides) con DGP (biopsia embrionaria que detecta alteraciones cromosómicas o genéticas) les brindaría la posibilidad de alcanzar la concepción de un hijo. Ante la falta de respuesta de la obra social respecto de la cobertura integral del tratamiento, los actores iniciaron una acción de amparo. El juez de grado rechazó la demanda y la Cámara de Apelaciones confirmó dicha resolución. En consecuencia, los actores interpusieron recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso un recurso extraordinario cuyo rechazo motivó la interposición del recurso de queja. Entre sus agravios, sostuvieron que la sentencia recurrida desconoció el derecho fundamental y humano de acceso integral a las técnicas de reproducción asistida (ley 26.862 y decreto reglamentario 956/2013). Asimismo, alegaron que el embrión no implantado no tiene el estatus jurídico de persona, conforme lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica. También señalaron que, tal como lo sostuvo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Costa y Paván vs. Italia al expedirse sobre una ley que prohibía el DGP, el pronunciamiento recurrido atentaba contra el derecho a la vida privada y familiar. |
4-may-2015 | Piacquadio, Rolando Antonio c. Zozzia, Mabel Concepción | En el marco de un proceso de ejecución, el tribunal de primera instancia ordenó al ejecutante que prestara la debida colaboración y diera cumplimiento con los recaudos exigidos por el agente fiduciario, a fin de poder hacer efectivo el pago del crédito. La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó esa decisión. La deudora interpuso el recurso extraordinario cuya desestimación dio origen a la presente queja. |
4-may-2015 | C, RH | El tribunal le había concedido a una persona la suspensión del juicio a prueba. Sin embargo, durante el período de prueba, fue imputada por la comisión de otro delito. La sentencia correspondiente a ese suceso fue dictada luego de la finalización del plazo fijado en la probation. El tribunal revocó la suspensión. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
1-may-2015 | Algunas propuestas para el ejercicio de la defensa durante la ejecución de la pena | Esta publicación ha sido proyectada con un enfoque teórico-práctico, para ofrecer posibles respuestas a las problemáticas de quienes han sido alcanzados por el sistema penal. Esta mirada que prioriza el acceso a la justicia de los sectores desaventajados es la que mejor puede convertir en realidad la idea de que la ley no debe estar al margen de la ejecución de las sanciones penales. |