ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
22-ago-2023	Álvarez v. Argentina	Dos jóvenes se encontraban imputados por varios delitos en un proceso llevado ante un tribunal oral de menores. Uno de ellos había designado defensores particulares. Sin embargo, unos días antes de la fecha fijada para la audiencia de debate, revocó el patrocinio y solicitó un plazo para nombrar nueva asistencia letrada. El tribunal hizo lugar al pedido, pero dispuso que el imputado fuera representado por la defensa pública oficial que ya intervenía en representación de su coimputado. Esa resolución fue notificada al joven el mismo día de la audiencia de debate, que solo pudo reunirse con su defensa una hora antes del inicio del juicio oral. Pese a que se requirió la suspensión del debate para elaborar una adecuada estrategia de defensa, el tribunal denegó la solicitud y dispuso continuar con el debate. El joven fue condenado a la pena única de reclusión perpetua y a la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, en los términos del artículo 52 del Código Penal.; El juzgado de ejecución realizó el cómputo del tiempo de detención y fijó el límite temporal de la pena en treinta y siete años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento. La defensa presentó diversas impugnaciones referidas a la vulneración al derecho de defensa y a la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la pena de reclusión por tiempo indeterminado. A la fecha, continúa pendiente un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por ese último asunto.
30-jun-2022	Sales Pimienta v. Brasil	En Brasil existe un conflicto histórico por la propiedad de las tierras rurales. Durante el período de gobierno militar existía además un escenario de violencia e impunidad de particulares que el Estado consentía. El señor Sales Pimienta era un abogado sindical y reconocido activista por los derechos de los trabajadores rurales. A raíz de su trabajo, sufrió numerosas amenazas y actos de hostigamiento. Una noche, a la salida de un bar, recibió una serie de disparos desde un vehículo particular que le ocasionaron la muerte. Al día siguiente, comenzó una investigación policial. La investigación permitió identificar a tres presuntos culpables. Sin embargo, en el marco de la investigación no se llevaron adelante actividades investigativas esenciales. Tampoco se tuvo en cuenta el trabajo de Sales Pimienta como defensor de los derechos de los trabajadores rurales al momento de orientar la investigación. A causa de conflictos de competencia y de negligencias para lograr la comparecencia de los acusados, el juicio se pospuso en reiteradas ocasiones. Luego de más de veinte años del inicio del proceso, uno de los acusados había fallecido, otro fue sobreseído por falta de pruebas y respecto del tercero se dispuso la prescripción de la acción penal. Los familiares del señor Sales Pimienta presentaron sin éxito diversos recursos para impulsar el proceso.
26-jul-2018	Dridi v. Alemania	Un ciudadano alemán había sido procesado en el marco de una causa penal. El tribunal local requirió su comparecencia y, luego, lo condenó. Entonces, la persona solicitó contar con asistencia técnica. La defensa propuesta no contaba con título de abogado. Sin embargo, al momento de los hechos, la legislación local permitía esa situación siempre que mediara autorización del tribunal. Luego de que el tribunal aprobara su designación, la defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal recurrieron la sentencia condenatoria. Tiempo después, el imputado se mudó a España y puso a disposición del tribunal su nueva dirección. La defensa solicitó que se liberara a la persona de la obligación de comparecer a la audiencia de apelación. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición y envió la notificación al domicilio de España. A su vez, mediante notificación pública, informó la fecha fijada para la audiencia de apelación y se dejó sin efecto la decisión que autorizaba la intervención del defensor. Para decidir de ese modo, tuvo en cuenta que no contaba con título de abogado. Un día antes de la fecha establecida, el defensor tomó conocimiento de la situación. De ese modo, solicitó que se dejara sin efecto el apartamiento, se reprogramara la audiencia y se pusiera a su disposición la documentación del caso –en particular, el recurso de apelación interpuesto por el fiscal. La Cámara rechazó los planteos y, debido a la incomparecencia de la persona imputada, también rechazó el recurso de apelación. El peticionario solicitó que se restableciera la situación statu quo ante. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido. Para decidir de ese modo, sostuvo que la circunstancia de que el imputado no viviera en el país justificaba que citación se cursara mediante notificación pública.
5-abr-2016	Cazan v. Rumanía	El presente caso fue iniciado por el abogado rumano Ionu? Cazan y refiere a los malos tratos que le infligió un oficial de policía en una comisaría mientras visitaba a un cliente. El peticionario fue insultado y lesionado físicamente cuando pidió explicaciones sobre la inclusión en el archivo judicial de una orden para el inicio de un proceso penal que no le fue notificada a su defendido; además, fue retenido durante unas horas en la comisaría. En julio de 2010 Cazan presentó una denuncia contra el policía por conducta abusiva, detención ilegal y lesiones. El reclamo, sin embargo, fue desestimado.
25-nov-2011	Digna Ochoa y familiares v. México	A principios del 2000 existía en México un escenario de violencia y persecución contra las defensoras y defensores de derechos humanos. En ese contexto, una reconocida defensora denunció haber sufrido múltiples episodios de amenazas y ataques intimidatorios. En 2001, la mujer fue hallada sin vida en su oficina con impactos de proyectil de arma de fuego. Durante la investigación penal del hecho, la fiscalía llevó a cabo diversas diligencias. En ese sentido, se realizó una autopsia psicológica que analizó cuestiones de la vida privada, sexual y reproductiva de la mujer. A partir de los resultados obtenidos, la fiscalía entendió que la mujer era poco creíble, exagerada e inestable, y concluyó que se trataba de un suicidio disimulado. Por ese motivo, propuso no ejercer la acción penal y archivar la causa. La querella ofreció material probatorio y se opuso al archivo de la causa. Por su parte, un informe independiente gestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró numerosas irregularidades e inconsistencias en la investigación fiscal. Además, algunas organizaciones de derechos humanos denunciaron que se había filtrado información sensible que contribuyó a generar una imagen negativa de la víctima. Sin embargo, los recursos interpuestos no prosperaron y el juzgado interviniente ordenó el archivo de la causa.