Buscar por Voces SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 23-abr-2015 | Cao, Leopoldo Norberto | Se le había aplicado a una persona privada de su libertad una sanción disciplinaria. Durante el trámite del proceso sumario que desembocó en la adopción de esa decisión el nombrado no tuvo acceso a una defensa letrada. Por esa razón, el defensor planteó la nulidad de todo lo actuado. El asistente técnico sostuvo en su planteo que la medida era ilegítima y arbitraria e implicaba para el interno “un agravamiento notable en sus condiciones de detención”. Asimismo, alegó que “dos son las consecuencias de denominar ‘sanción administrativa’ a lo que en verdad es una pena: por un lado, se requiere que la misma sea controlada por un juez y, por el otro, arrastra un procedimiento administrativo en el cual las garantías pierden el debido protagonismo”. De este modo, el defensor entendió que “[a]nte tal panorama, la imposición de una sanción administrativa, que agrava las condiciones de detención y afecta el régimen de progresividad- surge otra exigencia: asistencia letrada (18 CN). De lo contrario se le estaría imponiendo al interno una pena sin darle la posibilidad de defenderse”. Sobre esto afirmó que “[e]ste derecho de contar con asistencia letrada de manera efectiva, cobra mayor trascendencia si se tiene el estado de vulnerabilidad del interno y su indefensión respecto de la autoridad penitenciaria que lo sanciona…” y que “…no debe ser pasado por alto que es en la cárcel donde el poder punitivo logra efectivizarse en su máxima expresión y lo hace no sólo privando de libertad a la población carcelaria sino también de otros derechos”. Agregó, en ese sentido, que “…aquí con mayor intensidad el foco debe estar puesto en salvaguardar las garantías de los internos como contrapeso de tal avance coercitivo”. |
| 10-jun-2015 | Gónzalez, Lisandro Daniel | El tribunal oral había resuelto no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del decreto 18/97 del PEN, rechazar el planteo de nulidad y confirmar las sanciones disciplinarias aplicadas al detenido. En razón de ello, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 17-sep-2020 | Observación General Nº 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21) | El Comité de Derechos Humanos emitió una observación general donde delineó el contenido y los alcances de las obligaciones estatales bajo el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho a la reunión pacífica. |
| 25-nov-2021 | Escobar Mamani (causa Nº 2662) | Un hombre y una sociedad de responsabilidad limitada emplearon a dos personas de nacionalidad boliviana. La situación migratoria de las personas no los habilitaba a trabajar. El 10 de septiembre de 2009, la Dirección Nacional de Migraciones realizó una inspección y labró un acta en la que asentó esta situación. El 5 de junio de 2013 el organismo condenó a ambos empleadores al pago de dos multas por la infracción cometida. La sanción fue notificada el 27 de septiembre de ese año. El 10 de octubre, el hombre se presentó y explicó tener bajos recursos y un estado de salud delicado que le impedía el pago de la multa. Su presentación fue tratada como recurso de reconsideración y el 5 de junio de 2014 se rechazó. Esta decisión fue notificada el 25 de agosto de 2016. Entonces, el 12 de septiembre de ese año, el hombre se presentó ante la autoridad administrativa y expresó ser analfabeto. Asimismo, detalló complicaciones de salud. Señaló que padecía arritmia, que se encontraba enfermo de Chagas, a cargo de dos hijas, una nieta, al cuidado de su pareja con discapacidad y que trabajaba como “changuero” en el lugar en el que se produjo la inspección. Esta exposición fue considerada como recurso de alzada. El 23 de octubre de 2017 se decidió su rechazo. Contra esa resolución, el hombre interpuso un recurso judicial directo. El juzgado de primera instancia no hizo lugar a los planteos de nulidad, ratificó el trámite y confirmó la sanción. Ante esa decisión, la Defensa Pública del hombre interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, planteó la prescripción de la acción para sancionar la infracción. Por su parte, el Fiscal General interviniente también consideró que la potestad sancionatoria había prescripto y dictaminó a favor del planteo de la defensa. |
| 23-ene-2024 | OL ARG 3/2024 | El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos emitieron una comunicación conjunta dirigida al Estado argentino. Allí, analizaron algunas disposiciones de las resoluciones 943/2023 y 949/2023 del Ministerio de Seguridad –conocido como Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de las vías de circulación– y del proyecto de ley denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, a la luz de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. |