ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

Buscar

Resultados 1-10 de 37.

Anterior
1
2
3
4
Siguiente

Resultados por ítem:

Fecha	Título	Resumen
20-may-2026	Arriola (legajo N° 30312)	A partir de un allanamiento en un domicilio, se secuestraron cinco plantines de cannabis y veintitrés envoltorios de papel que contenían nueve gramos de cocaína. En la vivienda residía una mujer junto a sus dos hijas (una de ellas menor de diecisiete años y embarazada) y su nieta de catorce años. El principal ingreso del grupo familiar consistía en una pensión no contributiva. En la audiencia de formalización, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó a la mujer por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio de estupefacientes agravado por la participación de una persona menor de dieciocho años. Luego, el órgano acusador incorporó nuevas pruebas al legajo y descartó la existencia de una ultrafinalidad de comercio.; Ante ese escenario, el representante del Ministerio Público Fiscal ofreció un acuerdo pleno de juicio abreviado y modificó la calificación legal por el delito de suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por la participación de una persona menor de dieciocho años. La mujer suscribió el acuerdo y acordaron una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo bajo la modalidad domiciliaria y pena de multa. La modalidad del cumplimiento de la pena se fundó en el interés superior de la hija menor de diecisiete años embarazada y en la necesidad de resguardar el cuidado de la nieta de catorce años, para quien la mujer constituía una figura de referencia fundamental. Debido a que el órgano acusador requirió una pena inferior a la mitad de la escala penal prevista para el caso, se le dio intervención al fiscal revisor, quien prestó conformidad. Sin embargo, el juez de garantías rechazó la homologación del acuerdo celebrado entre las partes. Tanto la defensa como la fiscalía impugnaron la resolución. En consecuencia, el juez con funciones de revisión confirmó el rechazo. Frente a esa decisión, las partes interpusieron una nueva impugnación ante la casación.
12-mar-2026	Bustos (Causa N° FMZ 3433/2026)	El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre que trabajaba en la Dirección Nacional de Migraciones el delito de hurto por la sustracción de una mochila en la sede del organismo ubicada en el paso fronterizo entre Chile y la provincia de Mendoza. La defensa solicitó una audiencia y propuso una reparación integral a la víctima, la posterior extinción de la acción penal y el sobreseimiento de su asistido. La víctima expresó su voluntad de resolver el conflicto por esa vía y de estar presente en la audiencia. El juez admitió su intervención y el damnificado ratificó su conformidad. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso. Entre sus argumentos, sostuvo que la persona imputada revestía la calidad de funcionario público y que el artículo 30 del Código Procesal Penal Federal le impedía prescindir de la acción penal. Además, invocó cuestiones de política criminal, el interés público prevalente y la expectativa social sobre el correcto ejercicio de la función pública. La defensa replicó que la reparación integral constituía un instituto distinto, no incluido en el listado del artículo 30 CPPF, y que el imputado no había actuado en ejercicio ni en razón de su cargo.
6-feb-2026	Pérez (FCT 76/2026)	Dos personas fueron acusadas por encubrimiento de contrabando por un hecho que habría sucedido el 15 de enero. Ese día fueron detenidas y luego puestas en libertad. La defensa fue notificada, luego de 15 días de la existencia de la investigación sin mayores detalles. Por esa razón, la defensa solicitó que se le permita acceder a los hechos imputados, los agentes que intervinieron, los testigos de actuación y las medidas realizadas y pendientes con el fin de poder armar su propio legajo de investigación. Además, manifestó que uno de los acusados es menor de edad y que aún no había podido mantener una entrevista porque no le informaron los datos de contacto.
5-feb-2026	Romero (FCR 77/2026)	Una persona fue detenida en flagrancia acusada de encubrimiento de contrabando. En la etapa de valoración inicial la defensa solicitó que se le permita acceder a la información sobre los acusados, hechos, fuerza de seguridad, testigos de actuación, medidas de prueba realizadas y pendientes. La defensa alegó que se le informó su designación, pero se le negó acceder a la información requerida.
5-dic-2025	Juárez (FMP 5202/2025)	En el marco de una investigación declarada compleja en los términos del artículo 334 del Código Procesal Penal Federal, el Ministerio Público Fiscal imputó a seis personas por asociación ilícita, obtención fraudulenta de beneficios fiscales, lavado de activos agravado por habitualidad y estafa. Antes de iniciar la audiencia de formalización, la defensa oficial solicitó una audiencia. Allí señaló que no había recibido información sobre la prueba reunida ni sobre las diligencias practicadas y que desconocía si se había dado cumplimiento a los artículos 253 y 65 del CPPF. Indicó que, dos días antes, había recibido un mensaje del Ministerio Público Fiscal para tomar contacto por una causa tramitada bajo las reglas del CPPF, sin que se informara quiénes eran las personas investigadas ni los domicilios allanados. Añadió que recién en la audiencia advirtió que una de las personas imputadas presentes tenía intereses contrapuestos graves con otras dos. También afirmó que no recibió resumen ni minuta de las medidas adoptadas y que el artículo 233 del CPPF debía interpretarse en relación con los artículos 253 y 256, y con los artículos 135 y 229 del CPPF, vinculados con lealtad procesal, objetividad, buena fe, publicidad, transparencia y control. La fiscalía, por su parte, sostuvo que informó a la defensa el delito investigado y que, por tratarse de una causa compleja, solicitó de manera previa que la defensa enviara un correo para requerir acceso al legajo.
9-oct-2025	Mompardo (FCR 11123/2025)	En el marco de un operativo de control un hombre fue detenido e imputado por el delito de contrabando en grado de tentativa. En la audiencia de formalización de la investigación la defensa pública planteó que no tenía elementos para debatir la legalidad de la detención porque la fiscalía le había negado el acceso al legajo en base al artículo 230 del Código Procesal Penal Federal, por lo que planteó la inconstitucionalidad del artículo mencionado. La fiscalía alegó que brindó información a la defensa, pero que el legajo era reservado hasta la audiencia de formalización.
21-ago-2025	Valdez (FGR 6247/2025)	Un grupo de personas fue acusada por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Luego de la formalización, la Fiscalía solicitó una audiencia para pedir una prórroga en la duración de la investigación preparatoria. Durante la audiencia, la defensa oficial requirió que se imponga al Ministerio Público Fiscal la obligación de notificarle con la debida antelación el día, la hora y el lugar en que se llevarán a cabo las declaraciones testimoniales de los agentes de las fuerzas de seguridad e investigación, con el objeto de garantizar su participación en dichas diligencias y así canalizar los intereses de la persona asistida.
4-jul-2025	Lincoman y otra (FCR 7135-2025-1)	A raíz de un allanamiento en el que dos personas fueron detenidas, se realizó una audiencia de formalización en la que el Ministerio Público Fiscal imputó dos hechos vinculados con la tenencia de estupefacientes. Durante el procedimiento se secuestraron cinco teléfonos celulares. En la audiencia, la fiscalía solicitó que los dispositivos fueran incautados, que se procediera a la extracción de los datos allí contenidos, y propuso como límite temporal para la medida un mes anterior a la ocurrencia de los hechos.
18-dic-2025	Villegas y otros (FRO 11158-2025-2)	En el marco de una causa en la que se investigaban posibles irregularidades cometidas por personal de Gendarmería, la fiscalía solicitó la apertura de doce teléfonos celulares secuestrados durante un allanamiento. Durante ese procedimiento, una de las personas asistidas había proporcionado voluntariamente su patrón de desbloqueo. Sin embargo, la defensa oficial se opuso a que se utilizara el patrón de desbloqueo aportado por la asistida, al considerar que la solicitud realizada en el contexto del allanamiento viciaba el procedimiento. Además, las defensas plantearon reparos en cuanto al alcance de la medida y solicitaron que se impusieran límites temporales y de objeto en la extracción de los datos.
7-jun-2025	8332-2025 (FMP 8332-2025)	En el marco de un operativo de control vehicular se detuvo un camión conducido por un hombre junto a dos mujeres menores de edad. Una de las mujeres se mostró muy angustiada. Al ser apartada del hombre y entrevistada por una representante de la policía, una de las adolescentes manifestó haber sido amenazada, obligada a consumir estupefacientes y abusada sexualmente por el conductor. En la audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal solicitó las claves o huellas digitales para el desbloqueo del dispositivo que le fue secuestrado al hombre. La defensa se opuso a la adopción de cualquier medida intrusiva respecto del asistido. En cuanto al resto de los aparatos secuestrados se peticionó que se limite al objeto de análisis al hecho por el que se inició la investigación, en resguardo de la intimidad de terceras personas ajenas a ella.