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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
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| ago-2024 | Destrezas básicas: Argumentación jurídica | Desde hace ya muchos años se reconoce la relevancia que tiene la competencia argumentativa para la vida de las personas, tanto a nivel social como académico. Gracias a ella podemos resolver problemas y tomar decisiones sobre asuntos teóricos y prácticos, disciplinarios y cotidianos, de manera individual y colectiva. La argumentación es imprescindible, no sólo para solucionar las diferencias de opinión que podemos tener en el trato con otras personas, sino también para alcanzar acuerdos con ellas (Harada, 2009).; A nivel profesional, el ejercicio de la abogacía exige proyectar, evaluar y desarrollar argumentos de manera asidua. Sin dudas, una parte esencial del trabajo del/a abogado/a radica en persuadir a una audiencia específica (compuesta, entre otros, por jueces y jurados) de que debe proceder de un modo favorable a los intereses de la persona que representa. En esta línea, no asombra que, por lo general, se asimile la práctica de la abogacía con la argumentación y se relacione la aptitud profesional de un/a abogado/a con su capacidad para idear y manejar argumentos (Atienza, 2016).; Tan cierto como lo anterior es que –al menos, en nuestro país– la destreza para argumentar se entrena muy poco en la carrera de Abogacía, pues se trata de una materia que ocupa un lugar marginal en el currículo universitario. Uno de los motivos por los que esto sucede es la prevalencia en la enseñanza de una visión formalista del derecho (Abramovich, 2007; Böhmer, 1998, 2003, 2007, 2014; Puga, 2002) que impone una concepción restrictiva de la argumentación que la asocia con la aplicación de silogismos deductivos (Atienza, 2016). Dicha problemática torna relevante reflexionar en torno a las limitaciones de esta visión, los cuestionamientos y los aportes realizados desde las Teorías de la Argumentación Jurídica, y analizar el modo en que podemos enriquecer nuestra práctica profesional a partir de esos desarrollos teóricos. A ese efecto, siguiendo a Atienza (2016), indagamos acerca de los autores más relevantes en esta corriente de pensamiento. |
| ago-2024 | Taller de casos: Ética para la defensa pública | En el ejercicio de la defensa pública debemos gestionar una gran cantidad de trámites tanto judiciales como extrajudiciales y actuar en casos muy heterogéneos. Asimismo, de bemos comunicarnos con los/as asistidos/as, en algunos casos con sus familiares, con otros miembros de la magistratura, otras partes del proceso y diversos agentes. Incluso, la estructura misma del MPD se encuentra dividida y organizada de modo tal que asisti mos a las personas con diferentes roles, en algunos casos contrapuestos. Todas estas circunstancias representan situaciones problemáticas que requieren un abordaje desde la ética profesional.; Los problemas éticos no tienen una única solución, por lo que debemos adquirir herra mientas para resolverlos de manera razonada. La ética profesional nos brinda un eje orientador para tomar las decisiones que mejor se adapten al caso concreto, así como también a dar las razones de ese camino de acción. No hay respuestas eminentemente correctas o incorrectas a los interrogantes que se plantean a lo largo del recorrido del curso. El objetivo es que se aborden desde el marco teórico que se presentará a lo largo de cada módulo, de forma reflexiva y crítica. |
| 18-jul-2024 | Acceso a la información sobre el cambio climático y los derechos humanos | La Relatoría Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático emitió un informe en el que analizó las particularidades, dificultades y buenas prácticas relacionadas con el acceso a la información sobre el cambio climático y los derechos humanos. Asimismo, aclaró las obligaciones internacionales de los Estados, a título individual y en el marco de la cooperación internacional, y las responsabilidades empresarias. También se formularon diversas recomendaciones específicas para que los Estados, las empresas y el sistema de las Naciones Unidas mejoraran el acceso a la información como prerrequisito para que los procesos decisorios sobre el cambio climático sean transparentes, inclusivos y eficaces a todos los niveles. |
| 12-jul-2024 | Criterios sobre la admisibilidad de la prueba en los procesos regidos por el CPPF en la Jurisdicción de Salta (2022-2024) | El documento presenta las decisiones de los distintos jueces/zas en la audiencia de control de la acusación (art. 279 del CPPF) de la Cámara Federal de Salta. El criterio de selección responde a la necesidad de reflejar distintas opiniones sobre diferentes elementos de prueba y, por lo tanto, su exclusión o admisión. |
| 12-jul-2024 | Selección de audiencias de la jurisdicción Salta | Código Procesal Penal Federal (2019-2024) | Desde la Escuela de la Defensa Pública se seleccionaron veintiocho precedentes de la jurisdicción federal de Salta regidos por el Código Procesal Penal Federal. El criterio de selección de las audiencias respondió a la necesidad de reflejar distintas discusiones sobre la interpretación y alcance de diversas reglas del CPPF. Los videos de la audiencias están disponibles para el uso exclusivo de los/as integrantes del Ministerio Público de la defensa en la sección "presentación de la defensa" del repositorio. |
| 11-jul-2024 | Mosqueda (Causa N° 37747) | Dos mujeres se presentaron en la Oficina de Violencia Doméstica y denunciaron a un hombre por haber ejecutado prácticas contrarias a su voluntad en el marco de encuentros sexuales consentidos. Entre ellas, señalaron que en algunas oportunidades el hombre no había usado preservativo, a pesar de que ellas le habían manifestado en ocasiones anteriores su intención de que sí lo hiciera. En ese sentido, expresaron que cuando le plantearon su rechazo a la práctica sin profilaxis, el hombre lo respetó. Por otra parte, denunciaron que el hombre en algunos casos había intentado tener relaciones sexuales con ellas y que, ante la negativa de las denunciantes, se había retirado. Por estos hechos, el hombre fue imputado por el delito de abuso sexual. Al prestar declaración indagatoria, el hombre afirmó que todos los encuentros sexuales habían sido consentidos, que en las oportunidades a las que habían hecho referencia en sus denuncias las mujeres no habían objetado continuar sin el uso de profilaxis y que en todos los casos había respetado sus manifestaciones de disconformidad sobre prácticas sexuales. Asimismo, expuso que nunca se había quitado el preservativo durante los actos sexuales. La causa fue elevada a juicio oral. |
| 10-jul-2024 | ADS (Causa N° 3729) | Un varón trans fue contratado por la ANSES para prestar funciones en agosto de 2023. Al siguiente año, su contrato fue renovado por doce meses. Sin embargo, en abril de 2024 cuando concurrió a su lugar de trabajo advirtió que su usuario y clave habían sido bloqueados, lo que le impedía trabajar. A pesar de ello, siguió concurriendo a su oficina. Las autoridades allí presentes le informaron que había sido despedido, pero que desconocían las razones. Además, se negaron a notificarlo del acto administrativo. Ante esa situación, el hombre –con la representación de la Defensoría Pública Federal de Ushuaia– inició una acción de amparo. En su presentación, solicitó como medida cautelar la restitución inmediata a sus funciones y el pago de los salarios que había dejado de percibir a partir de la negativa del organismo a asignarle tareas. En ese sentido, el actor manifestó que el obrar de la demandada era discriminatorio e incumplía con el cupo previsto en la Ley N° 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal de Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. Asimismo, sostuvo que se había afectado su derecho al trabajo en igualdad de condiciones que el resto de las personas, así como su derecho a la salud, ya que tenía una discapacidad y había perdido su cobertura médica. Por su parte, ANSES expuso que había prescindido de los servicios del accionante por cuestiones objetivas de reestructuración que no estaban relacionadas con su identidad de género. Sobre ese aspecto, puntualizó que entre enero y marzo de 2024 por los mismos motivos habían despedido a novecientos empleados. A su vez, expuso que el contrato del actor se regía por la ley de contrato de trabajo, por lo que no tenía la estabilidad propia del empleo público. También hizo saber que había abonado los sueldos correspondientes, así como la liquidación final. Agregó que había otro expediente promovido por un sindicato y el objeto era reincorporar ochocientos exempleados al organismo, incluido el actor. Por último, el juzgado interviniente pidió como medida para mejor proveer que la ANSES informara si estaba cubierto el cupo laboral trans que establecía el decreto 721/2020 para el sector público nacional. |
| 8-jul-2024 | Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal | En este análisis se pretende estudiar los alcances y, sobre todo, las consecuencias que la implementación de este reglamento del Sistema de Alto Riesgo puede conllevar, no sólo para la vida diaria de las personas privadas de la libertad y la afectación de sus derechos más básicos, sino también para el ejercicio de la defensa libre y eficaz de esas personas durante todo este proceso y el control de los organismos de monitoreo y seguimiento, que tan tienen un rol tan elemental en la vida carcelaria ya que son los que inspeccionan e ingresan donde ningún otro lo hace. |
| 3-jul-2024 | Backlash e infancias en conflicto con la ley penal: reforma normativa y desafíos para la justicia argentina | El autor analiza la obligación del Estado Argentino en torno a los estándares internacionales de los derechos humanos de las infancias infractoras de la ley penal y cómo la pretensión de una reforma normativa que no atienda esos estándares podría guardar relación con un efecto backlash, entendiendo a este último, por extensión, como un contramovimiento social que busca legitimar el retroceso en la protección de los derechos de grupos especialmente vulnerables, en este caso, de los niños, niñas y adolescentes. |
| 2-jul-2024 | GDS (Causa N° 972) | Un hombre conducía su vehículo por la vía pública en Las Heras, Mendoza. Frente a un control de tránsito, debió detener su marcha. En ese momento, los agentes allí presentes advirtieron que el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Por ese motivo, labraron un acta de infracción, le impusieron una multa y le retuvieron la licencia de conducir. Ante esa situación, el hombre inició una acción de amparo. En su presentación, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de algunos artículos de le Ley de Tránsito local N° 6082, que determinaban que el incumplimiento del uso obligatorio del cinturón de seguridad era una falta vial grave. En ese sentido, planteó que la normativa contrariaba el principio de autonomía contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. El juzgado de primera instancia hizo lugar al reclamo. Entre sus argumentos, interpretó que la legislación cuestionada afectaba el derecho de defensa del actor ya que disponía el retiro inmediato de la licencia de conducir. Agregó que esa medida resultaba desproporcionada y le impedía ejercer su derecho de defensa. Por su parte, la cámara interviniente confirmó de manera parcial la sentencia de la anterior instancia. Para decidir así, consideraron que la no utilización del cinturón era una falta de gravedad. Sin embargo, entendieron que el artículo 28 de la ley de tránsito mendocina era inconstitucional dado que habilitaba la quita de la licencia y no otorgaba oportunidad para ejercer una defensa. Contra lo resuelto, el accionante interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que fue rechazado por el Superior Tribunal de Mendoza. En ese marco, concluyó que la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad no invadía el ámbito de privacidad de las personas. Asimismo, señaló que la finalidad de la norma era prevenir daños a terceros. En consecuencia, el actor presentó un recurso extraordinario. Debido a que también fue rechazado, interpuso un recurso de queja. |