ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
11-mar-2020	Kim (causa Nº 68214)	Un hombre embistió con un vehículo a una persona. Por ese hecho fue condenado por el delito de lesiones gravísimas imprudentes. La defensa solicitó la suspensión del proceso a prueba. Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal no se expidió sobre el decomiso. Sin embargo, la jueza interrogó sobre ese aspecto al imputado, que consintió el decomiso. El tribunal rechazó la suspensión del proceso a prueba. No obstante, esa decisión fue revocada por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que remitió las actuaciones al tribunal de origen para que se expidiera sobre la razonabilidad de la reparación patrimonial y el decomiso ofrecido. Devueltas las actuaciones, se resolvió decomisar el automóvil, pues se consideró que el vehículo había sido objeto del ilícito investigado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
21-dic-2018	Silva (reg. Nº 1663 y causa Nº 17065)	Un varón fue imputado por el delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometido contra su pareja. En la etapa de juicio, su defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. La representante del Ministerio Público Fiscal entrevistó a la víctima, quien manifestó que los hechos de violencia no habían vuelto a suceder y expresó su consentimiento para la concesión del instituto. Sobre la base de dichas consideraciones, la fiscalía prestó su conformidad. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, consideró que –en los términos del precedente “Góngora” de la CSJN– el dictamen fiscal y la manifestación efectuada por la damnificada “no podían tener ningún efecto que habilitara la probation”. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
17-ago-2018	Ruiz (reg. Nº 969 y causa Nº 55056)	Llel y Ruiz fueron imputados por el delito de robo en grado de tentativa. Además, Ruiz fue imputado por otros dos robos tentados, uno de ellos cometido con un arma. Al primero de los imputados se le había concedido la suspensión del juicio a prueba por un hecho cometido con posterioridad. Por tal razón, fijada la fecha de juicio oral, su defensa solicitó que se le concediera la ampliación de la probation. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo. Por un lado, sostuvo que la presentación resultaba extemporánea. Por otro, afirmó que su concesión debilitaría la acusación respecto de Ruiz e invocó la resolución Nº 97/09 de la PGN. Sobre la base de dichas consideraciones, el Tribunal Oral rechazó la solicitud. Luego de celebrarse el debate, Llel y Ruiz fueron condenados a las penas de cuatro meses y tres años de prisión en suspenso, respectivamente. Además, a Ruiz se le impusieron de oficio obligaciones accesorias por tres años, en los términos del artículo 27 bis del Código Penal. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación.
15-sep-2016	CJL	Una persona se encontraba imputada por el delito de robo con armas en grado de tentativa. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, la fiscalía dictaminó de manera favorable. Sin embargo, el Tribunal Oral rechazó la concesión del instituto. Argumentó que el dictamen fiscal carecía de razonabilidad, pues no había valorado la gravedad del hecho. En esta línea, sostuvo que la probation sólo debía a aplicarse a casos de “escasa trascendencia penal”. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
1-sep-2016	RA, RT	En el marco de un proceso penal, una persona solicitó la suspensión del juicio a prueba. La fiscalía dictaminó favorablemente y requirió que se impusiera la obligación de realizar tareas comunitarias por espacio de ocho horas mensuales durante el plazo de un año. El Tribunal Oral concedió la probation. Sin embargo, modificó la cantidad de tiempo de cumplimiento de las tareas a cinco horas semanales. Ante esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
1-sep-2016	RART	Una persona solicitó la suspensión del juicio a prueba. La fiscalía dictaminó favorablemente y requirió que se le impusiera la obligación de realizar ocho horas mensuales de tareas comunitarias durante el plazo de un año. El Tribunal Oral concedió la probation. Sin embargo, modificó el tiempo de cumplimiento de las tareas a cinco horas semanales. Ante esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.