ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
1-jul-2021	Pedernera (Causa N° 15566)	Un grupo de familias vivía en tierras que pertenecían a los ferrocarriles nacionales, en Alta Gracia, Córdoba. En particular, la compañía del Ferro Carril Central Argentino era titular registral del predio. En 2013 se inició el pedido de traspaso del predio ante la Comisión Nacional de Tierras para construir una zona urbana. Además, se llevaron a cabo los trámites necesarios para el loteo y la urbanización de las tierras ante el Municipio de Alta Gracia. A fines de 2014 se había logrado avanzar con los planos de mensura y las primeras manzanas fueron demarcadas. Luego, comenzaron a construirse un grupo de viviendas. De esta manera, se conformó el barrio “Asociación 8 de agosto”. Sin embargo, durante este período algunas familias aún estaban a la espera de la adjudicación de un lote para su vivienda. Debido a que el expediente de urbanización estuvo paralizado dos años y ante la ausencia de respuestas estatales, en 2016 los vecinos realizaron nuevas gestiones ante el Municipio de Alta Gracia y el Estado Nacional. En ese marco, la Agencia Nacional de Bienes del Estado le comunicó al municipio que las tierras no habían sido transferidas y le solicitó que arbitre “las medidas necesarias para que no se incrementen los asentamientos en el lugar”. Por este motivo, el municipio frenó las construcciones e impidió el desarrollo del loteo. Ante esta situación, los vecinos presentaron una nota en la que solicitaron información de las medidas y los procedimientos que se iban a llevar a cabo. De todos modos, no recibieron respuesta. En consecuencia, el proyecto de urbanización no continuó. Mientras tanto, las familias sólo contaban con una red provisoria de luz y no tenían acceso al agua. En 2018 un grupo de personas del barrio “Asociaciación 8 de agosto” se presentó ante la Defensoría Pública Oficinal e inició una acción de amparo por los incumplimientos del Estado Nacional y el municipio. En ese sentido, solicitaron que cesaran las acciones y omisiones que impedían el desarrollo urbanístico. A su vez, sostuvieron que las medidas eran arbitrarias e irrazonables, y que habían afectado su derecho a disfrutar de una vivienda digna y una adecuada calidad de vida. Por último, destacaron la vulneración de los derechos al agua, la salud, el medio ambiente, la propiedad, como también la afectación de los derechos de los niños que vivían en el lugar.
25-sep-2017	CMA (causa Nº 31700)	Una mujer detenida preventivamente tenía tres hijos de 8, 13 y 19 años. Como consecuencia de su detención, su hija mayor quedó a cargo del hogar y del cuidado de sus hermanos. La defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria, en los términos del artículo 32, inciso f, de la ley 24.660. En su presentación acompañó informes sociales y psicológicos, de los que se desprendían que la pareja de la imputada también se encontraba detenida. En ese contexto, se concluyó que la red familiar resultaba frágil y que los menores se encontraban en una severa situación de desamparo e inseguridad. En oportunidad de contestar la vista, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable a la concesión del instituto.
26-abr-2017	MIM y otros	Un grupo de quince personas había construido sus viviendas en terrenos que eran propiedad del Estado Nacional y que se encontraban abandonados. Durante ese proceso, el municipio de Villa Dolores, provincia de Córdoba, les había proveído de materiales para la construcción, luz y agua potable. Sin embargo, el Ente Intermunicipal de Aguas de Traslasierra denunció la situación. En consecuencia, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó a Gendarmería la realización de un relevamiento para constatar, por un lado, la existencia del predio y del asentamiento de viviendas y, por otro, para tener información sobre los habitantes. Esta pesquisa arrojó como resultado, entre otras cuestiones, que los ocupantes presentaban una situación de vulnerabilidad extrema. Luego, la fiscalía los acusó por el delito de usurpación cometido mediante el despojo clandestino del predio. Sólo una de las personas imputadas se presentó a prestar declaración indagatoria. En esa oportunidad, manifestó que, de sus cinco hijos, dos poseían una discapacidad, y detalló la ayuda económica que recibía del gobierno provincial para permanecer en el predio. Por ese motivo, la defensa argumentó que la conducta era atípica e instó su sobreseimiento.
7-abr-2017	GN y otros (causa Nº 13100)	Una niña de 14 años había sido diagnosticada con síndrome de West a los tres meses de vida. Esta enfermedad le generaba, entre otras cuestiones, un estado de convulsión casi permanente con alrededor de mil pequeños episodios al día. Para tratar esta dolencia, debía tomar un jarabe y dieciséis pastillas diarias que perdían efectividad con el paso del tiempo debido al acostumbramiento del organismo. La madre de la niña decidió, entonces, recurrir al uso de aceite de Cannabis. Esta sustancia mejoró la calidad de vida de su hija: le permitió disminuir el consumo de fármacos y las convulsiones. La medicación era facilitada por una mujer que se dedicaba a su provisión. Durante un allanamiento en su domicilio, se secuestraron frascos de aceite de Cannabis rotulados con el nombre de la madre de la niña. Ante esta situación, la defensa solicitó la devolución de los frascos de aceite de Cannabis.