Buscar por Tribunal Juzgado Federal de La Rioja
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| Fecha | Título | Resumen |
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| 31-mar-2015 | La Ñusta SA | El proceso se había iniciado en virtud de la denuncia efectuada por el jefe de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional San Juan de la AFIP contra un contribuyente, ante la omisión de ingresar las sumas debidas a la AFIP en el plazo previsto por ley, ocasionando con ello un perjuicio patrimonial al erario público. |
| 17-abr-2015 | Suárez Avila, José Luis | En el marco de un procedimiento policial de rutina se observó a una persona que poseía un elemento extraño que sobresalía de su pantalón. En razón de ello, la policía –sin convocar testigos– le solicitó que exhibiera sus pertenencias. En este marco, se evidenció que la persona detenida poseía marihuana. |
| 10-nov-2015 | Gutiérrez, Roque Cecilio | En el presente caso, la policía de la provincia de La Rioja demoró a dos personas luego de que bajaran de un colectivo interceptado con motivo de un control vehicular. En ese marco se los requisó y se les secuestró más de medio kilo de marihuana. La defensa solicitó que se declare la nulidad de la detención y de la requisa que, en consecuencia, se llevó a cabo. El Juzgado Federal de La Rioja hizo lugar al planteo. |
| 18-sep-2020 | HC La Rioja (causa N° 8712) | En virtud de la situación de emergencia sanitaria, la defensoría oficial de La Rioja interpuso una acción de habeas corpus con carácter correctivo y colectivo a favor de las personas privadas de la libertad con competencia federal que se encontraban alojadas en el Servicio Penitenciario Provincial y en la Alcaidía Provincial. El juzgado requirió a los establecimientos que remitieran un informe que diera cuenta de su capacidad de respuesta frente a la propagación de enfermedades, la cantidad de profesionales médicos y medicación con la que contaban y la frecuencia de los controles y protocolos adoptados para la prevención del virus Covid-19. La Alcaidía respondió que contaba con dos médicos y dos enfermeros, que las personas allí alojadas eran examinadas por el médico policial de turno y que la medicación debía proveerla la familia de la persona enferma. Además, agregó que una de las principales medidas que se había tomado para la prevención del virus había sido impedir el ingreso de familiares. Por otro lado, el Servicio Penitenciario informó que contaba con un plantel de cuatro médicos y diez enfermeros y que los controles de enfermería se realizaban dos veces por día. En cuanto a la medicación, explicó que era suministrada por el programa REMEDIAR y que el faltante de stock era provisto por la Unidad Habilitación y Servicios. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al habeas corpus. Entre otras cuestiones, sostuvo que los informes ponían de manifiesto una situación que afectaba la salud y otros derechos esenciales de las personas detenidas. |
| 8-ago-2025 | DLRA (Causa N°9164) | Un hombre de 78 años intentó realizar una compra a través de una plataforma digital. Sin embargo, no pudo concretarla porque no comprendía cómo cargar allí la fotografía de su DNI. Ese mismo día, recibió un llamado telefónico vía Whatsapp de una persona que se identificó como empleado del sitio de compras y le envió un enlace por mensaje. Así, el hombre ingresó a ese enlace y después envió un código. Luego, el interlocutor le indicó al hombre que debía ingresar a la aplicación de su banco y modificar su contraseña. En ese momento, el hombre advirtió el engaño y decidió cortar la llamada. Al día siguiente, concurrió a la sucursal bancaria, donde tomó conocimiento que habían efectuado una transferencia de dinero desde su cuenta y gestionado dos préstamos, sin su consentimiento. En consecuencia, el hombre realizó las denuncias penales correspondientes junto a un reclamo ante la entidad bancaria y organismos locales de defensa del consumidor. En sede administrativa, se impuso una multa a la entidad bancaria. No obstante, y aunque también desconoció las operaciones, el banco continuó descontando de su jubilación las cuotas y se desligó de toda responsabilidad. Además, le transmitió que, si no abonaba, se le bloquearía la cuenta y las tarjetas de crédito. A raíz de la estafa electrónica sufrida, el hombre –con el patrocinio de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja– interpuso una acción de amparo contra el banco. En su presentación, pidió que se declarara la nulidad de las operaciones fraudulentas. Asimismo, requirió que se le restituyeran las sumas extraídas de su cuenta y las que se habían utilizado para pagar el crédito que nunca había solicitado. Como medida cautelar, peticionó que la demandada dejara de cobrar las cuotas restantes del préstamo. Entre sus argumentos, invocó su situación de hipervulnerabilidad digital, en virtud de su edad y sus escasos haberes previsionales. Agregó que la accionada tenía un deber de seguridad y de proporcionarle un trato digno, ya que existía una relación de consumo. |