ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
30-oct-2024	Biancalani (Causa N° 12577)	La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la inspección de una empresa que se dedicaba a la construcción de obras viales y la explotación de canteras en las provincias del Chaco y Misiones. La auditoría se circunscribió a la fiscalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos de enero de 2013 a diciembre de 2015 y del Impuesto a las Ganancias (IG) por los períodos fiscales 2013 y 2014. Durante la investigación en sede administrativa se identificaron facturas que parecían apócrifas y declaraciones juradas de IVA que incluían como crédito fiscal contribuciones patronales que no habían sido abonadas. La AFIP recopiló los documentos de su propia base de datos. En ese marco, entendió que la empresa había intentado engañar al Estado para no pagar los impuestos correspondientes. En consecuencia, presentó una denuncia penal contra cuatro individuos que ocupaban cargos altos en el grupo empresario. Las personas fueron imputadas por los delitos de evasión agravada por el uso de documentos apócrifos respecto del pago de los impuestos a las ganancias y al valor agregado correspondientes a los ejercicios fiscales desde 2013 a 2015. Además, el ente recaudador se constituyó como parte querellante en la causa penal. Durante el juicio, las defensas técnicas de las imputadas plantearon la nulidad de la notificación de la determinación de oficio y del alegato que realizó la AFIP. En suma, negaron que sus asistidos hubieran cometido un delito y solicitaron sus absoluciones. Para fundar sus argumentos, ofrecieron pruebas periciales. Por su parte, la querella y el representante del Ministerio Público Fiscal requirieron el rechazo de los planteos de nulidad y la condena de las personas investigadas a penas de cumplimiento efectivo.
30-may-2017	ARR (causa Nº 73831)	Dos personas –ARR y una mujer que no pudo ser identificada– empujaron a otras dos contra una pared. ARR le colocó a una de ellas un cuchillo con hoja serrucho en el cuello y la golpeó. Así, lograron que les entregaran sus pertenencias. La mujer huyó; ARR, luego de forcejear con personal policial, fue detenido. Entonces, se encontraron en su poder gran parte de los objetos robados. Asimismo, se secuestraron una hoja de metal tipo serrucho de 8 centímetros de longitud y, por separado, un mango. Una de las víctimas, de nacionalidad extranjera, declaró en sede policial y ante el juzgado de instrucción. Sin embargo, al celebrarse la audiencia de juicio oral ya había regresado a su país. El Tribunal Oral condenó ARR a la pena de seis años de prisión por el delito de robo agravado por el uso de armas, en concurso real con el delito de resistencia a la autoridad. Para fundar la aplicación del agravante previsto en el artículo 166, inciso 2, del Código Penal, valoró la declaración brindada por una de las víctimas en la etapa de instrucción, incorporada por lectura al juicio. Además, tuvo en cuenta un informe pericial –que describía las dos piezas complementarias de un cuchillo–, fotografías y un informe médico-legal en el que se habían constatado las lesiones producidas en el marco del robo. Por último, valoró la declaración proporcionada en el juicio oral por la otra persona damnificada, que afirmó que no pudo ver el cuchillo. La defensa interpuso un recurso de casación contra la sentencia condenatoria.
13-may-2015	Salas, Alberto Andres c. Estado de la provincia de Corrientes	El actor inició una acción contencioso administrativa a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 56, inc. a, de la ley local 4917 y se revoque la resolución dictada por el Instituto de Previsión Social de la provincia de Corrientes. Tras el rechazo de la acción por parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, el actor interpuso recurso extraordinario.
24-feb-2014	Salas, Alberto Andres c. Estado de la Provincia de Corrientes (dictamen)	El actor inició una acción contencioso administrativa -en instancia única y originaria- contra el Instituto de Previsión Social y la Provincia de Corrientes, impugnando las resoluciones que le denegaron el beneficio de pensión dispuesto por la ley 4917, derivado de la muerte de su cónyuge. Planteó la inconstitucionalidad del artículo 56, inciso a), in fine, de la ley 4917, en cuanto establece requisitos para acceder al derecho por resultar violatorios de los artículos 14, 14bis, 16, 17 y 31 de la Carta Magna.