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FechaTítuloResumen
28-may-2020Caicedo Lobo (reg. N° 1125 y causa N° 93243)Un hombre de nacionalidad venezolana integraba una asociación que seguía a personas que arribaban al aeropuerto de Ezeiza hasta su lugar de alojamiento para robarles. Por esos hechos fue detenido e imputado por el delito de asociación ilícita en concurso real con robo agravado por el uso de armas cuya aptitud para el disparo no se tuvo por acreditado y por haber sido cometido en poblado y en banda. En particular, se le atribuyó haber aportado un automóvil a la organización. Al momento de su detención, se identificó de modo correcto, no registraba antecedentes penales y su situación migratoria estaba regularizada. La defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. Entre otras cuestiones, planteó que, en caso de ser condenado, la pena podía ser dejada en suspenso. Además, sostuvo que tenía un núcleo familiar consolidado en el país, conformado por su concubina y su hija recién nacida. El juzgado rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución. Para decidir de esa manera explicó que si bien la calificación permitía una pena en suspenso, se habían acumulado otras causas que investigaban sucesos similares y procuraban la detención de personas prófugas, quienes habían ingresado al país sin haber sido registradas por la Dirección Nacional de Migraciones, por lo que contaban con facilidad para abandonar el territorio o permanecer ocultas. Por otra parte expuso que, en caso de ser condenado, podría ser expulsado en virtud del artículo 62 de la ley N° 25.871. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
12-abr-2019Grigaliuniene (reg. N° 252 y causa N° 1425)Un grupo de personas era investigado por formar parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Por esa razón, se efectuaron diversos allanamientos en los que se secuestró gran cantidad de estupefacientes y se dispuso la detención de sus integrantes. Una de las personas era una mujer lituana que fue detenida al intentar abordar un vuelo a su país. El juzgado dictó su procesamiento con prisión preventiva por el delito de tenencia de sustancia estupefaciente con fines de comercialización en concurso real con la integración de una asociación ilícita. La resolución fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. El juzgado corrió vista a la fiscalía en los términos del artículo 346 del CPPN. La defensa se comunicó con un hogar de acogida que contaba con una vacante para la residencia de la imputada. Entonces, solicitó su excarcelación y acompañó el informe. El juzgado rechazó el planteo por considerar que no tenía arraigo y por la posibilidad de que, en caso de recuperar su libertad, la mujer viajara a Lituania. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre otras cuestiones, sostuvo que la instrucción del expediente había finalizado, por lo que su asistida no podía frustrar la realización de ninguna prueba pendiente. Además, consideró que el arraigo como pauta valorativa debía ser atemperado por la posibilidad de obtener un domicilio donde asentarse y que existían otras medidas cautelares que podían asegurar la presencia de su asistida sin vulnerar su derecho a la libertad.
26-jul-2018RPJA (causa Nº 3901)Una persona extranjera se encontraba en el país en situación migratoria irregular. Luego de sustraer celulares, fue detenida. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no debía aplicarse el régimen especial de flagrancia y la acusó por el delito de hurto simple reiterado en dos oportunidades. Durante la instrucción, se dispuso su detención preventiva. El Registro Nacional de Reincidencia hizo saber que la persona había sido declarada reincidente en procesos anteriores y se encontraba registrada bajo distintas identidades. Además, informó que se había ordenado su expulsión del país. Transcurridos cuatro meses desde su detención, la defensa solicitó su excarcelación. El juzgado denegó la petición. Para decidir de esa manera, entre otras cuestiones, tuvo en cuenta los antecedentes condenatorios registrados por la persona y su falta de arraigo. Asimismo, sostuvo que la nueva pena sería de efectivo y extenso cumplimiento. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Por ese motivo, se interpuso un recurso de casación.