ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
20-nov-2014	Argüelles y otros v. Argentina	El presente caso se refiere a la alegada violación del derecho a la libertad personal y el derecho a un juicio justo en los procesos internos iniciados en 1980 contra 20 oficiales militares argentinos por delitos de fraude militar, entre otros, en cumplimiento de las disposiciones del Código de Justicia Militar de Argentina. Dichos procesos judiciales tuvieron inicio en octubre de 1980 ante la jurisdicción militar argentina. Durante un período de aproximadamente tres años desde la ratificación de la Convención Americana por parte Argentina, 18 de las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva. En junio de 1989, los 20 acusados fueron condenados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, en marzo de 1995, presentaron recursos ante la jurisdicción ordinaria, y fueron juzgados por la Cámara Nacional de Casación Penal. En esa sentencia, la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) rechazó los planteos de prescripción y de inconstitucionalidad; rechazó las solicitudes de amnistía a través de la Ley N° 22.924 de Pacificación Nacional y de la Ley N° 23.521 de Obediencia Debida; declaró la nulidad parcial de los planteos concernientes a asociación ilícita presentados por el Fiscal General de las Fuerzas Armadas; redujo las penas impuestas a 19 condenados, y absolvió al señor Ambrosio Marcial. Fueron presentados recursos extraordinarios y de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los cuales fueron rechazados por falta de fundamentación autónoma.
26-ago-2014	Dorofeev v. Rusia	En el presente caso se analizó la petición formulada por Sergey Sergeevich Dorofeev, nacional de la Federación de Rusia nacido en 1973, que a la fecha de presentación de la comunicación cumplía una pena de 21 años de prisión en una penitenciaría estatal de Urdany en la región de Zubovo-Polyansky de la República de Mordovia (Federación de Rusia). El 11 de abril de 2006, el peticionario fue declarado culpable de haber cometido una serie de delitos, en particular el previsto en el artículo 105 del Código Penal (asesinato), que prevé la pena de muerte. El artículo 48 de la Constitución y el artículo 51 del Código de Procedimiento Penal, disponen -ante tales circunstancias- la asistencia de un abogado defensor como disposición obligatoria en primera instancia y en la instancia de casación. Nunca se le informó de su derecho a tener un abogado que lo representara por lo que no pudo contar con asistencia letrada, mientras que el otro acusado estuvo representado por dos abogados. El 26 de noviembre de 2007, el peticionario interpuso ante el Fiscal de Moscú un recurso de revisión (control de las garantías procesales) de su caso sustentado en la vulneración de su derecho de defensa por el Tribunal de Casación. Dicho recurso fue desestimado; al igual que los otros cinco intentos que realizó posteriormente. Recién cuatro años y ocho meses después pudo obtener una rectificación de la sentencia y subsanar la vulneración de su derecho de defensa. El peticionario participó en la audiencia de Casación mediante videoconferencia, pese a que había solicitado participar en persona y que, por tanto, no tuvo oportunidad de pedir asesoramiento a su abogada en relación con los alegatos que el fiscal presentó al tribunal.
17-jul-2014	Omelchenko v. Ucrania	El peticionario fue arrestado a causa del homicidio de una persona y el robo de sus pertenencias. Fue interrogado como testigo, sin presencia de un abogado, y se confesó autor de los hechos, por lo que posteriormente fue interrogado como sospechoso, nuevamente sin abogado. Omelchenko fue liberado a condición de que no se fugara, pero fue detenido nuevamente por violar el orden público, y fue de nuevo interrogado por el homicidio. En todos los casos, antes de preguntársele, el peticionario había firmado la renuncia a su derecho a la representación legal. Recién se le asignó un abogado alrededor de tres semanas después de la primera detención, y tuvo su primera visita luego de cuatro meses. Durante el nuevo interrogatorio el peticionario se retractó de sus confesiones y se declaró inocente, afirmando que su anterior declaración había sido prestada a consecuencia de las amenazas y los malos tratos recibidos de la policía. De todos modos, en base a su primera confesión, fue condenado a 15 años de prisión por robo con arma y homicidio. Las apelaciones y recursos confirmaron el resultado.
15-may-2014	Mavri v. Eslovenia	El peticionario, Danilo Mavri?, fue obligado en 2008 a pagar una multa a la policía por atacar verbal y físicamente a Š.S. Luego, solicitó la revisión judicial de esta medida, proponiendo dos testigos. En marzo de 2011 el tribunal local de Ljubljana escuchó a los testigos y en base a ello rechazó el pedido del peticionario. El tribunal no informó la audiencia al peticionario ni a su abogado, por lo que estos no pudieron examinar a los testigos ni hacerse oír. Ante esto, el señor Mavri? presentó apelación, que en septiembre de ese mismo año fue rechazada por inadmisible por el tribunal constitucional.
2-abr-2014	90.2014 Suprema Corte de Justicia de México	La Sala I de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana resolvió un amparo directo en revisión deducido por una mujer condenada a 25 años de prisión por el delito de homicidio doloso calificado de su esposo. La confesión de la imputada había constituido una de las pruebas principales en la determinación de su responsabilidad por aquél delito. Sin embargo, se determinó que había sido extraída bajo diferentes prácticas de tortura llevadas a cabo por los agentes encargados de la investigación. Durante esa privación de la libertad que sufrió la imputada no se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal ni fue provista de una defensa adecuada. La sentencia de la Corte Suprema no resolvió sobre la culpabilidad de la recurrente. No obstante, el tribunal dejó sin efecto la sentencia condenatoria anterior y ordenó que se emitiera otra luego de que se investigara minuciosamente el marco en el que había sido extraída la confesión. Los jueces aprovecharon la oportunidad para fijar los parámetros que se deben observar en la investigación de casos de tortura.