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4-oct-2016PLREn 2008, el Tribunal Oral le concedió a una persona la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. En 2011, el Juzgado de Ejecución tuvo por cumplidas las reglas de conducta impuestas y remitió las actuaciones al Tribunal Oral. Este último declaró en 2012 la nulidad de la resolución y reenvió la causa al juzgado para la sustanciación de la audiencia prevista en el art. 515 CPPN. La defensa interpuso un recurso de casación. La Sala IV de la CFCP revocó la sentencia, tuvo por cumplidas las pautas establecidas para la suspensión y reenvió las actuaciones al Tribunal Oral. En 2015, volvió a revocar la probation. Para llegar a esa conclusión, consideró que el Juzgado de Ejecución en 2011 había extendido a tres años el plazo de cumplimiento y que, durante ese término, el imputado cometió otros dos delitos. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
23-may-2016Piedrabuena (reg. N° 389 y causa N° 64567)Una persona había sido condenada en 2013 a la pena de tres años de prisión. En el marco de ese proceso se le había otorgado la libertad condicional. Luego cometió un nuevo delito y en 2015 fue condenada a la pena de tres años de prisión y a la pena única de seis años de prisión. Además, el tribunal declaró su reincidencia. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, impugnó la utilización del método aritmético para la fijación de la pena única. Por otro lado, sostuvo que no correspondía la declaración de reincidencia toda vez que la fiscalía no la había requerido ni su asistido había cumplido pena como condenado.
12-abr-2016ADSUna persona había sido imputada penalmente por desobedecer una orden judicial de restricción de contacto impuesta en sede civil. Para resolver la causa, solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal advirtió que existía una denuncia contra el imputado por hechos presuntamente constitutivos de violencia de género en trámite ante otro tribunal. El fiscal pidió la suspensión de la audiencia para certificar el estado de las actuaciones. La jueza rechazó la solicitud y exigió al fiscal que dictamine en ese acto. El representante del MPF se opuso a la concesión de la probation por aplicación del precedente “Góngora” de la CSJN y, en consecuencia, el juzgado correccional rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.