ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
21-may-2019	Rubinowicz (Causa Nº3017)	Cuatro personas se encontraban imputadas por el delito de lavado de activos. Durante la instrucción, solicitaron la producción de ciertas medidas de prueba. La solicitud fue denegada con fundamento en que podían ser producidas en la etapa posterior. Elevada la causa a juicio, la defensa solicitó su realización. El Tribunal Oral rechazó casi la totalidad de la prueba ofrecida. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de reposición. El Tribunal Oral rechazó las impugnaciones. Entonces, se interpuso un recurso de casación que, denegado, motivó la interposición de una queja.
25-sep-2015	Gajardo Pérez, Juan Carlos	En el presente caso, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó el habeas corpus interpuesto por Gajardo, condenado a cuatro años de prisión por el delito de robo agravado. En la solicitud presentada, el imputado argumentó que, pese a que tenía orden de traslado nuevamente hacia el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de donde provino, no lo trasladaban. Las razones alegadas para tal petición eran que su mujer iba a ser intervenida quirúrgicamente y quería acompañarla y que, por ser portador de HIV, tenía que hacerse un estudio que en su lugar de detención actual no le habían practicado. También argumentó que iba a ser intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires por una grave afección en los ojos. El representante fiscal afirmó que se había afectado el derecho de defensa del interno porque no se le había dado la oportunidad de ser oído en la audiencia que establece la ley 23.098. La defensa adhirió al recurso del fiscal y determinó que se afectaba el principio de respeto de la dignidad humana y del fin progresivo de resocialización del penado y protección de la familia; así como el principio de trascendencia mínima de la pena y el derecho al acceso a una tutela judicial efectiva.
21-may-2015	Arozarena, Nancy	El tribunal oral había dejado sin efecto la suspensión del juicio a prueba que se le concedió a la imputada por considerar que no cumplió con las reglas de conducta que se le fijaron. Ello, pese a que el Juzgado de Ejecución Penal había resuelto con anterioridad que las reglas en cuestión fueron observadas. La decisión del tribunal oral motivó la interposición de un recurso de casación.