ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
10-abr-2019	xxx (causa Nº 2802)	El 10 de febrero del 2019 nació un niño en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de retirarse del sanatorio hacia su domicilio, sus progenitores rechazaron la aplicación de la vacuna neonatal contra la hepatitis B y BCG (tuberculosis). Con posterioridad, una Asesoría de Incapaces tomó intervención directa por el niño y solicitó, como medida cautelar genérica, que se intimara a sus padres a dar cumplimiento con el Calendario Nacional de Vacunación como deber del ejercicio de su responsabilidad parental. Por este motivo, el juzgado los intimó a que adjuntaran la constancia de haber aplicado a su hijo ambas vacunas en el término de 48 horas. Entonces, los demandados acreditaron la aplicación de la vacuna contra la Hepatitis B. Sin embargo, respecto a la BCG, requirieron la suspensión del plazo hasta que les brindaran los resultados de un estudio relativo a los efectos adversos que podría producir en el niño. Además, interpusieron un recurso de nulidad porque entendieron que la resolución ordenaba de manera compulsiva e intempestiva la vacunación sin considerar el grave riesgo que corría el niño sin la realización previa de estudios que determinaran el riesgo que su aplicación causaría a su salud y sin la posibilidad de acreditarlo.
11-sep-2018	TAM (Causa Nº 34378)	En el marco de un proceso de alimentos, se fijó una cuota a favor de tres personas menores de edad, a cargo de su progenitor. Con posterioridad, la madre denunció que el hombre no cumplía con lo ordenado y practicó una liquidación de lo adeudado hasta ese momento. El progenitor solo realizaba pagos parciales. En ese sentido, el hombre indicó que carecía de recursos económicos para abonar una suma mayor. El juzgado aprobó la liquidación presentada por la actora. En consecuencia, ordenó el embargo del 50% de un automóvil que había pertenecido a las partes mientras estaban casados. No obstante, el demandado no regularizaba los pagos. Por ese motivo, la progenitora solicitó se prohibiera su salida del país, lo que fue admitido por el juez. También se dispuso la prohibición de ingreso a un club de rugby al que concurría con frecuencia. El accionado apeló esa última medida, ya que sostuvo que, de esa manera, se obstaculizaba la comunicación con sus hijos.
12-nov-2014	SAM c. AGJ	En este caso, la parte actora –en representación de su hijo menor de edad– inició una ejecución de alimentos, por el incumplimiento del demandado en el pago de la cuota alimentaria acordada y homologada en el expediente de divorcio. Mientras la causa de ejecución estaba en pleno trámite, el hijo cumplió la mayoría de edad y la madre solicitó continuar el juicio por derecho propio. El demandado se opuso y el juzgado de grado rechazó el pedido de la accionante. Contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación.
21-ago-2014	VTG. c. GG. V s. división de condominio	En este caso, la Cámara revocó lo decidido en primera instancia, que había rechazado la demanda de división de condominio de un inmueble de titularidad de ambas partes (ex concubinos), por tratarse del lugar de residencia del hijo de ambas partes (quien a la fecha del fallo, tenía 18 años) y con fundamento en las obligaciones alimentarias de ambos progenitores con su hijo (incluido el deber de suministrar vivienda). Sin perjuicio de ello, los jueces de la Cámara estimaron que, dadas las circunstancias del caso, toda vez que el hijo de las partes se encontraba próximo a adquirir la mayoría de edad, no correspondía rechazar la demanda, ya que desestimar la demanda obligaría al actor a iniciar un nuevo proceso judicial, con los costos y el dispendio jurisdiccional que ello provocaría. De esta manera, el tribunal hizo lugar a la demanda y dispuso que la división de condominio se ejecute a partir de que el hijo de ambas partes cumpla 21 años de edad. Para así decidir, la Cámara consideró que “[l]a presencia del hijo viviendo en el inmueble que se pretende dividir, a quien en virtud de su edad se le debe brindar alimentos y suministrar vivienda como una carga propia de la patria potestad, en mi parecer, resulta incompatible con la acción que pretende interponer el actor, no sólo hasta que alcance la mayoría de edad, sino hasta el cese de la obligación alimentaria de los padres; salvo claro está, que se demuestre que puede prescindirse de dicho bien y que su disposición no compromete los intereses del alimentado”. Asimismo, el tribunal entendió que el reclamo del actor “…no consiste en reclamar las ganancias o plusvalía de una sociedad de hecho, sino en el reconocimiento de derechos sobre determinados bienes, que se obtuvieron en virtud de aportes dinerarios o de otra naturaleza, hechos durante la existencia de la relación concubinaria; ello entendido como una comunidad de bienes e intereses, donde puede prescindirse de la prueba del fin lucrativo propio de una sociedad y enmarcarse la cuestión en la teoría de la división de condominio. Durante la unión concubinaria […] los concubinos pueden adquirir bienes en condominio, con la contribución de ambos o no y para el goce común y de su vida de relación. […]La distribución de los bienes adquiridos, se hará conforme a lo que cada uno de ellos haya aportado para la compra. Ahora bien, frente a la ausencia de regulación específica de cuestiones patrimoniales en el concubinato […] el principio es que cada concubino es dueño exclusivo de lo que gana con su trabajo y de los aportes que efectúa, salvo que se pruebe que esas adquisiciones se hicieron con dinero aportado por ambos”.