ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
9-sep-2021	Biundo (causa N° 5302)	Una mujer en condiciones de vulnerabilidad se había separado de su ex pareja y se encontraba a cargo de su hija menor de edad. La mujer estaba desempleada, sin apoyo socio familiar y había sido víctima de violencia de género por parte del progenitor de la niña. Ante los hechos de violencia, la justicia nacional en lo civil dictó medidas de protección a favor de la madre y de la niña. Por otro lado, la mujer percibía la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) suspendió el pago en base a su resolución 2019-11-APNSESS-MSYDS. Esta normativa preveía que para la procedencia de la AUH se consideraría la situación de ambos progenitores aun cuando se encuentren separados de hecho o divorciados. Por este motivo la madre, en representación de su hija y representada por la defensa oficial, interpuso una acción de amparo contra ANSeS con el objeto de que se restituyera el pago de la asignación. En su presentación, acompañó como prueba el informe social realizado por la Defensoría General de la Nación y solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 2019-11-APNSESS-MSYDS.
23-ago-2021	LAT (Causa N° 8873702)	Una mujer había trabajado en el servicio de instrumentación quirúrgica en un hospital. En ese ámbito, el coordinar del equipo que integraba le marcaba de manera constante los errores frente a sus compañeros. Incluso, sólo ella recibía comentarios hostiles por tareas cotidianas que realizaba junto al equipo. Ante esta situación, decidió realizar una denuncia ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la provincia de Córdoba. La mujer solicitó que se dictaran medidas urgentes de cese de actos de perturbación e intimidación por parte de su coordinador. En esa oportunidad, se dictaron las medidas cautelares solicitadas hasta que el juzgado resolviera la existencia de una situación de violencia de género en el ámbito laboral.
11-oct-2018	Borda (causa Nº 25952)	Una mujer inició una acción de amparo contra el Estado Nacional (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) y contra tres empresas de transporte. En su demanda, la actora dedujo dos pretensiones. En primer lugar, en el plano individual, reclamó la protección de un derecho subjetivo a obtener un trabajo como chofer de las líneas de colectivo del área metropolitana. En segundo término, desde un enfoque colectivo, solicitó que las empresas readecuaran sus políticas contratación y selección de personal de forma tal que cesaran con las prácticas discriminatorias hacia las mujeres. Asimismo, requirió que se estableciera un sistema de “cupos” que permitiera equiparar la situación de las mujeres históricamente relegadas de los puestos laborales de chóferes de transportes de pasajeros y se adecuaran las instalaciones de trabajo para que pudieran desempeñarse en condiciones dignas. Por último, peticionó que se ordenara al Ministerio el cese de la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 460/73 mediante el retiro de su homologación por excluir la participación de las mujeres en el sector. El tribunal de primera instancia desestimó la pretensión individual. Sin embargo, admitió parcialmente el reclamo colectivo y condenó a las empresas demandadas a confeccionar un Protocolo de Buenas Prácticas en la selección de personal, pero rechazó el pedido de “deshomologar” el CCT Nº 460/73. Contra dicha resolución, se presentó un recurso de apelación.
14-may-2015	Sisnero, Mirtha Graciela; Caliva, Lia Verónica c. Ahynarca SA, Tadelva y otros	El 20 de mayo de 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Corte de Justicia de la provincia de Salta que había rechazado el amparo interpuesto por una mujer que reclamaba haber sido discriminada por las empresas de servicios de transporte público de pasajeros de Salta en el proceso de selección para acceder a un empleo como conductora de colectivos.
20-may-2014	Sisnero	La Corte de Justicia de la provincia de Salta había rechazado el amparo interpuesto por una mujer que reclamaba haber sido discriminada por las empresas de servicios de transporte público de pasajeros de la Ciudad de Salta en el proceso de selección para acceder a un empleo como conductora de colectivos. Contra esa decisión se interpuso recurso extraordinario federal.