ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
4-nov-2019	Saladino (causa Nº 18137)	En junio de 2012 un joven fue condenado por un tribunal a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. En abril de 2013 fue detenido e imputado por la comisión de un robo. Luego de un mes de detención, fue excarcelado. Durante la audiencia de debate, la defensa explicó que su asistido era padre de una beba, poseía un bajo nivel de instrucción, que se dedicaba a la venta ambulante y era el sostén económico de su familia. El Tribunal Oral lo condenó en 2015 a la pena de siete meses de prisión y a la pena única de tres años de prisión. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación. La CNCCC modificó la calificación legal por la de robo en grado de tentativa. Por esa razón, en septiembre de 2016 el tribunal le impuso la pena de cuatro meses de prisión y mantuvo la pena única de tres años de prisión. En septiembre de 2019 esa decisión adquirió firmeza y el imputado debía comenzar a cumplir la pena de efectivo cumplimiento. Por tal razón, la defensa solicitó la morigeración del cumplimiento de la pena. En su presentación, la defensa destacó las condiciones personales de su asistido y agregó que desde el año 2013 no había tenido ningún conflicto con la ley penal. En tal sentido, consideró que su reingreso al sistema penitenciario agravaría su proyecto de vida, ya que en la actualidad tenía dos hijos y un trabajo formal con el que sostenía a su familia. En consecuencia, señaló la aplicación de un tratamiento penitenciario habría tenido un impacto negativo en su vida familiar.
12-sep-2019	Pasarelli (causa Nº 3235)	Un hombre ingresó a una heladería, simuló tener un arma de fuego y amenazó al empleado para que le entregara el dinero de la caja registradora. Luego tomó trescientos pesos y se fugó. Por ese hecho, fue imputado por el delito de robo. El hombre registraba antecedentes condenatorios. En la etapa de juicio, suscribió un acuerdo de juicio abreviado y devolvió el dinero. La fiscalía solicitó que se lo condenara a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento. Por su parte, la defensa aportó un informe socio ambiental. El documento daba cuenta de que el hombre trabajaba y era el principal sostén económico de su familia, compuesta por su madre jubilada y su padre, quien tenía problemas de salud derivados de haber sufrido un ACV. Además, era padre de tres hijos menores de edad. En tal sentido, concluyó que su detención habría tenido consecuencias negativas en la vida de su familia, que podían ser disminuidas si cumplía con la pena en libertad. Sobre la base de dichas consideraciones, la defensa solicitó que se le impusiera una pena cuyo cumplimiento fuera en suspenso. En esa línea, hizo referencia a las Reglas de Tokio que establecieron la necesidad de aplicación de medidas alternativas al encierro en prisión y a la situación de emergencia penitenciaria declarada por el Ministerio de Justicia.