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FechaTítuloResumen
21-abr-2020Personas privadas de la libertad (causa n°102555)El 8 de abril del 2020 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires dispuso el arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves que se encontrasen en situación de riesgo por edad o patologías preexistentes, mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Entonces, los juzgados se negaron a ejecutar las medidas por considerar que la resolución que las había dispuesto no había adquirido firmeza. En ese contexto, una defensoría denunció que la sentencia estaba siendo incumplida y solicitó que se adoptasen medidas para su ejecución. En esa oportunidad planteó, entre otras cuestiones, que de no cumplirse con lo ordenado podían generarse graves consecuencias en la salud de las personas detenidas por el riesgo de mortalidad ante el virus COVID-19.
8-abr-2020Personas privadas de la libertad (causa N° 102558)En marzo del 2020, a raíz de la declaración del Coronavirus como pandemia, el gobierno dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio.Los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad efectuaron listados en las que identificaron las personas privadas de libertad que se encontraban en situación de riesgo frente a un eventual contagio del virus. Por esa razón, un grupo de defensores de la provincia de Buenos Aires interpusosendos habeas corpus colectivos y correctivos. Las presentaciones denunciaron las condiciones de hacinamiento e inhabilitabilidad de las dependencias penitenciaras provinciales y señalaron que la atención médica era deficiente e insuficiente. Entre otras cuestiones, requirieron que se dispusiera la prisión domiciliaria de todas las personas detenidas que estuvieran comprendidas en los grupos de riesgo.
3-abr-2020Recomendación VIII/20El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia. Luego fue declarada la emergencia sanitaria a través del DNU 260/2020 y fueron publicadas diversas reglamentaciones y recomendaciones a nivel nacional e internacional con el fin de evitar la propagación del virus COVID 19. En ese contexto el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles se reunió con el objeto de efectuar recomendaciones para la protección de la población privada de la libertad y para que se evaluara la viabilidad de las medidas alternativas o morigeradas del encierro.