ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
22-dic-2020	Tommasi, J A (causa N° 23)	Durante la última dictadura militar, un grupo de integrantes del Ejército Argentino había secuestrado a un abogado. Según testimonios de los vecinos, la persona había sido trasladada a una finca donde se la mantuvo secuestrada y fue torturada. La finca era propiedad de dos hermanos que no integraban el Ejército. Ambos fueron imputados, junto a un grupo de integrantes de las Fuerzas Armadas, por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravado por tratarse el agente de un funcionario público y haberse cometido con violencia, e imposición de tormentos agravado por tratarse la víctima de un perseguido político. Al declarar, los hermanos señalaron que en el período en que los hechos habían transcurrido la chacra se encontraba abandonada. A su vez, negaron haber prestado, cedido o alquilado el lugar. Por otra parte, uno de ellos manifestó que, por motivos laborales, durante esa época había mantenido relaciones protocolares con distintos militares. El Tribunal Oral condenó a los hermanos en calidad de partícipes necesarios de los delitos imputados. Para decidir de ese modo, destacó que la finca no tenía signos de violencia o de usurpación y tuvo en cuenta los vínculos que tenían con grupos militares. Destacó también que la relevancia del aporte del préstamo de la finca radicaba en que sus características permitían el actuar clandestino. A su vez, afirmó que la presencia de las Fuerzas Armadas en el lugar resultaba de tal notoriedad que no podía ser ignorada por sus dueños. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, señaló que las conclusiones del tribunal habían sido realizadas a partir de meras inferencias. En ese sentido, sostuvo que la prueba se había valorado de manera arbitraria y en sentido contrario al principio in dubio pro reo. Por último, cuestionó la contradicción en la que incurrió el tribunal al indicar las características de la finca que permitían la clandestinidad y, por otra parte, considerar que la presencia de las Fuerzas Armadas en el lugar no podía ser ignorada por sus dueños en razón de la notoriedad del lugar. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. La decisión indicó que el tribunal interviniente había indicado los motivos en los que había sustentado la condena. Asimismo, convalidó la conclusión respecto del presunto préstamo de la finca en base a que el lugar no presentaba signos de violencia o usurpación. Entonces, las defensas interpusieron sendos recursos extraordinarios federales, cuyo rechazo motivó la presentación de los correspondientes recursos de queja.
2-abr-2020	Carrera (causa n°19936)	Un hombre se encontraba detenido desde el mes de octubre del 2018 imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El hombre se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Luego de la declaración del COVID-19 co-mo pandemia, el Servicio Penitenciario Federal elaboró un listado de personas en situación de riesgo de contagio en la cual lo incluyó por su serología positiva de VIH. Entonces, su de-fensa solicitó la morigeración de su detención y que se le concediera la prisión domiciliaria. En su presentación consideró que su asistido se encontraba dentro de la población de riesgo ante un eventual contagio del virus y que, en caso de hacerse lugar a la petición, podía resi-dir en el domicilio de su madre. Por otra parte, el hospital de la unidad informó al tribunal que el hombre vivía con HIV. A su turno, la fiscalía solicitó que se le requieriera al complejo penitenciario que informara qué tipo de tratamiento recibía el imputado en la unidad y si, en caso de permanecer alojado allí, podía agravarse su estado de salud. Por último requirió que, una vez confeccionado el informe, se le confiera una nueva vista.
26-mar-2020	Velez (causa n°70179)	Una mujer que había sido condenada se encontraba en libertad condicional. Luego fue detenida e imputada por el delito de robo agravado por tratarse de mercadería en tránsito y por haber sido cometido con un arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización. La mujer tenía 59 años y sufría de hipertensión arterial y arritmia. Su defensa solicitó su excarcelación. En su presentación planteó que en el contexto de emergencia penitenciaria y sanitaria se debía considerar a su asistida como parte del grupo de personas en riesgo de contagio del Coronavirus. Asimismo, expuso que no existía riesgo de fuga y aportó un lugar de residencia donde podía vivir con su hermana. A su turno, la fiscalía se opuso al planteo por considerar que existían riesgos procesales y por la gravedad de los delitos imputados.
20-mar-2020	Carlevaris (causa N° 55559)	Un hombre se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal I. Su defensa solicitó su excarcelación, que fue rechazada por el Tribunal Oral. Luego el Coronavirus fue declarado pandemia. La Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación requirió a los establecimientos penitenciarios que informaran qué personas se encontraban comprendidas dentro del grupo de riesgo. El informe señaló al hombre como una de las personas que lo integraban. Por tal razón, su defensa requirió nuevamente su excarcelación. En su presentación invocó la Resolución DGN N° 285/2020 que recomendó la renovación de los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas que se hallaran comprendidas en el grupo de personas en riesgo ante la pandemia. La fiscalía se expidió de forma favorable. En su dictamen ponderó el contexto de superpoblación del sistema penitenciario y que el hombre se encontrara en la nómina de personas de riesgo. Además, señaló que ante la situación de emergencia sanitaria se había limitado el funcionamiento de los tribunales, por lo que en lo inmediato no iba a ser posible llevar adelante el juicio que resolviera su situación procesal.
20-mar-2020	Zagaz Carvallo (causa N° 42727)	Una mujer que vivía con VIH se encontraba detenida en un Complejo Penitenciario Federal. La mujer se hallaba en una situación económica precaria y desde su detención la dinámica familiar se había visto afectada. En noviembre de 2019 su defensa solicitó que se le conce-diera la excarcelación. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. Luego, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El informe socio ambiental elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sostuvo que se encontraban dadas las condiciones para que la impu-tada ingresara a la Dirección de Asistencia de Personas bajo vigilancia electrónica. En el curso de dichas actuaciones, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia. Por tal razón, el 13 de marzo del mismo año la Cámara Federal de Casación Penal dictó una Acordada por medio de la cual advirtió so-bre los riesgos que corren las personas privadas de la libertad en establecimientos peniten-ciarios.
19-mar-2020	Ale (causa N° 29049)	Un hombre de 64 años se encontraba imputado por delitos de lesa humanidad y detenido en la Unidad Nº 34 de Campo de Mayo. El hombre tenía, entre otras afecciones, hipertensión crónica y miocardiopatía dilatada severa que le configuraba una invalidez del 70%. Su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El juzgado lo rechazó y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la decisión. Para decidir de ese modo tuvieron en consideración la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. El 17 de marzo de 2020 el imputado requirió su excarcelación y, de modo subsidiario, que se le otorgara la prisión domiciliaria. En su presentación argumentó que había sido declarada la alerta epidemiológica del Coronavirus, que su cuadro lo colocaba dentro de las personas en situación de riesgo y que a fin de mes cumpliría los 65 años.
19-mar-2020	Velasco (causa N° 29049)	Un hombre de 71 años se encontraba imputado por delitos de lesa humanidad y detenido en la Unidad N° 34 de Campo de Mayo. El 17 de marzo de 2020 el hombre solicitó su excarcelación y, de modo subsidiario, que se le otorgara la prisión domiciliaria. En su presentación argumentó que había sido declarada la alerta epidemiológica del Coronavirus y que, por ser mayor de 65 años, se encontraba dentro de las personas en situación de riesgo.
17-mar-2020	Iparraguirre (causa N° 96497)	Un hombre de 64 años se encontraba detenido en el Complejo Carcelaria N° 1 de Córdoba. El hombre tenía, entre otras cuestiones, asma bronquial con múltiples internaciones por infecciones respiratorias, una hernia, y cardiopatía isquémica. Por tal razón, había sido internado en un hospital. El informe médico elaborado por el establecimiento penitenciario expuso que las patologías eran de difícil tratamiento, no presentaban evolución y requerían constantes traslados a hospitales extramuros. Sobre la base de dichas consideraciones, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. La fiscalía se expidió de modo favorable. En su dictamen ponderó el informe médico de la unidad, el delicado estado de salud del hombre, la gravedad y cronicidad de su enfermedad y la situación de emergencia sanitaria por la que atravesaba el país.
13-mar-2020	Acordada 3.20 CFCP	El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia. Por tal razón, la Cámara Federal de Casación Penal advirtió sobre los riesgos que corren las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios.